Nueva norma en el PSOE para sancionar a los cargos que no aporten fondos al partido
El pulso en la agrupación coruñesa entre los afines a la alcaldesa, Inés Rey, y los próximos al secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, tiene ahora mayor claridad en los estatutos para dilucidarse
El Comité Federal del PSOE aprobó ayer una modificación de sus estatutos para garantizar que se pueden adoptar medidas o incluso “acciones judiciales de reclamación” en los casos en los que se confirmen “incumplimientos reiterados y graves” de la obligación que tienen los cargos socialistas de aportar parte de sus remuneraciones al partido, según informan a Europa Press fuentes socialistas.
En concreto, la dirección decidió modificar el artículo 510 de los estatutos, en el que se establece que los cargos públicos “deberán contribuir a la financiación del partido” y efectuar al órgano político correspondiente “las aportaciones que se establezcan”.
En los estatutos ya se avisaba de que “el no cumplimiento del deber de aportación asumida de un cargo público podrá dar lugar a las consecuentes sanciones disciplinarias, y en su caso, a exigencias de responsabilidad política por ello”, pero no se hacía referencia a que ese incumplimiento se verá como “grave”.
Además, en un nuevo punto que añaden al citado artículo, se establece que “a los efectos del cumplimiento” de estas obligaciones, se elaborará un “informe anual cuantitativo” sobre el grado de cumplimiento de las aportación establecidas y “los incumplimientos reiterados y graves”, para que se puedan adoptar por parte del Comité Federal “las decisiones correspondientes, disciplinarias, políticas” o, en su caso, “el ejercicio de acciones judiciales de reclamación”.
Asimismo, con esta reforma se establece que el Comité Federal aprobará una tabla de aportaciones que servirá como referencia mínima para las que después fijen los órganos territoriales.
Además, se deja claro que esta obligación no sólo es para los cargos públicos que sean afiliados, sino para todos los que hayan concurrido también como independientes en las listas del PSOE, y “se hayan comprometido a ello previamente” aceptando el código ético. También aquellos nombrados a propuesta o con apoyo del partido por concurrir una especial confianza, incluyendo cargos públicos o puestos de personal eventual por nombramiento de libre designación en las Administraciones Públicas.
Precisamente, en Galicia, las aportaciones al partido por parte de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y de otros ediles del gobierno marcaron un enfrentamiento en la agrupación local, entre partidarios de la dirección provincial, que encabeza Valentín González Formoso, y afines al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero.
El conflicto estalló con la destitución por parte de la alcaldesa de la que era edil de Emprego del Ayuntamiento y secretaria local de la agrupación Eva Martínez Acón (afín a Gonzalo Caballero). Mientras que Inés Rey atribuyó el cese de esta a su “nula dedicación a las tareas de gobierno”, Acón lo vinculó a que le había reclamado tanto a la regidora como al resto de concejales el pago de las “cantidades adeudadas al partido” en un momento económicamente delicado para el grupo local.
“Antes de junio” es el escenario que baraja la diputada en Cortes y responsable de Migraciones y PSOE Exterior, Pilar Cancela, para la derogación del voto rogado, que redujo del 40% al 6% la participación del censo de la diáspora en los diferentes comicios. La única representante gallega en la ejecutiva federal del PSOE sostiene que en su día socialistas y populares quisieron profundizar en las garantías y acabaron “afogando” la participación con el procedimiento “farragoso” que ahora está en vigor.
Primero pedir (rogar) el voto, después autorizarlo y, por último, ejercerlo, dificulta en muchos puntos de Latinoamérica (no tanto en Europa) la participación, dice.
La parlamentaria cree que con las modificaciones, para las que hay un clima de “consenso de base” entre las organizaciones políticas que ya viene de la pasada legislatura, se busca que las personas que viven en el exterior “teñan os mesmos dereitos que quenes estén no territorio español” a la hora de votar.
Por otro lado, Cancela explica que en el comité federal celebrado ayer se dio luz verde tanto al congreso federal para los días 15, 16 y 17 de octubre como a los autonómicos, que se deberán de realizar “antes de que remate 2021”. Según detalla, se trata de que las direcciones territoriales estén renovadas en 2022 y “aínda que cando chegue o momento haberá algunha excepción”, insiste en que la norma general establece que “todos deben estar rematados antes de fin de ano”.
En su opinión, una vez activado el proceso, aunque queda mucho tiempo, se empezarán a ver movimientos, también en Galicia, donde es consciente de que existe incluso ahora un “ruxe-ruxe” sobre una alternativa al líder Gonzalo Caballero.
Aunque a día de hoy es prematuro avanzar nombres y sería un error “precipitarse” no esconde que el coruñés Valentín González Formoso es uno de los que suena.
“Moitos militantes entenden que sería bo que houbese unha alternativa porque os resultados non foron bos”, apunta. “Que se confronte” con Gonzalo Caballero en unas primarias parece lógico, por lo que zanja: “estamos ante meses interesantes” de contactos para fraguar alianzas. xaime leiro