Ofensiva de Xunta y PP para denunciar la infrafinanciación que sufre Galicia

El Ejecutivo autonómico y el PPdeG coinciden en que Galicia no recibe del Gobierno central los recursos necesarios para financiar la sanidad, la educación o políticas sociales como la dependencia y este lunes lanzaron una ofensiva desde ambos frentes para denunciar la situación y exigir un mayor compromiso.

En esta línea, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, informó de que la Xunta presentó alegaciones a la propuesta de población ajustada del Ministerio de Hacienda con el fin de que se corrija una “infrafinanciación” anual que cifra en 802 millones de euros pagar servicios públicos fundamentales.

Tampoco Galicia es la única que se queja, pues al menos tres comunidades autónomas gobernadas por el PSOE –Baleares, Castilla-La Mancha y Asturias–, y otra del PP –Madrid y Galicia– además de Cantabria, mantuvieron sus críticas a la propuesta de Hacienda en sus alegaciones, que remitieron al Gobierno central este lunes, último día de plazo.

En rueda de prensa en Santiago, Corgos explicó que se presentan alegaciones, en un documento de unas 50 páginas, ante esta propuesta “parcial” del nuevo sistema de financiación, ya que por ahora Hacienda tan solo se refirió a la población ajustada.

Por ello, reclama que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que se inicie de forma “rápida” el debate con las comunidades, mientras remarca que “sería interesante” tener una perspectiva “global” y no solo de una pata de la financiación.

La Xunta considera que el actual modelo es “insuficiente”, puesto que –con datos de 2019– supone para Galicia un gasto de 802 millones en servicios fundamentales por encima de lo que recibe. Al respecto, Corgos señaló que Galicia apuesta por un modelo de coste que pase por que todos los ciudadanos puedan tener acceso a unos servicios de calidad con independencia del lugar en el que residan.

Las enmiendas de Galicia a la propuesta de Hacienda cuentan con las aportaciones de expertos y grupos parlamentarios hechas en la comisión sobre financiación en el Pazo do Hórreo.

Sobre sanidad, la Xunta se queja de que se pase de siete a 20 tramos de población con una minoración del peso de los de más edad respecto a la situación actual. El Gobierno gallego apuesta por una ponderación del gasto sanitario en el rango alto de la propuesta, con un peso del 45%.

En educación, la comunidad gallega cree que la variable que mejor refleja el gasto para las comunidades es el número de matrículas de alumnos en la enseñanza pública y concertada ponderadas por su coste. Propone para ella un peso del 25 %.

En lo tocante a dependencia, pide que se refleje el coste real y crear tramos nuevos. Pone de ejemplo que no se computan de forma adecuada los costes que suponen los mayores de 80 años con mayores tasas de grandes dependientes. También echa en falta que no se midan otras políticas de gasto social, tales como familia y migración.

En lo que respecta a la dispersión, recuerda que Galicia cifra en más de 500 millones el coste que supone esta variable para la comunidad, por lo que la ponderación actual de esta variable del 0,6% debe incrementarse hasta el 1%. También defiende que se siga midiendo con base en las entidades singulares, pues cree que es la que mejor refleja la diseminación de población.

“Uso torcicero de los recursos”. A su vez, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento gallego, Pedro Puy, criticó el “uso tortuoso y curioso que el Gobierno de España hace de la recursos que recibe la comunidad”, como es la devolución de los IVA mensual de 2017 consecuencia de la sentencia de la sentencia del Supremo o las habituales entregas a cuenta enumeradas en la Ley de financiación autonómica. Ante ello, lamentó que el Gobierno de Sánchez “siga sin aportar el 50 % de la Ley de dependencia, que a nivel de Galicia supone 150 millones cada año que tiene que desembolsar la Xunta para hacer frente a los gastos de atención los dependientes”.

“Nos llama poderosamente la atención que el Gobierno central presente la devolución del IVA mensual que las comunidades dejaron de percibir en 2017 como un problema que no tiene nada que ver con que Galicia o Castilla y León recurrieran las entregas a cuenta de ese año y fuese el Tribunal Supremo el que obligó a adoptar esa solución, que luego se extendió a otras comunidades como consecuencia de la sentencia judicial”, afirmó Puy.

Además, criticó que “se venda como un acto extraordinario el pago de las entregas a cuenta previstas en la Ley de financiación autonómica, algo que se viene haciendo de forma obligada por parte de la Administración del Estado a las comunidades autónomas a lo largo de las últimas décadas”.

Explicó que “hablamos de una cuestión propia del cumplimiento de la ley y que se corresponde con el pago de las entregas a cuenta de lo recaudado en Galicia a través de los impuestos que la propia Administración del Estado recauda en esta comunidad”.

Sin embargo, el portavoz popular lamentó que en “otras cuestiones que el Gobierno de España tenía que financiar, como la Ley de dependencia, la Xunta sigue asumiendo prácticamente el 70 % del gasto, cuando debería ser del 50 % para cada administración” como se recoge en la legislación aprobada por el Ejecutivo presidido por Zapatero en 2006.

Puy recordó que la atención a la dependencia supone cada año alrededor de 430 millones, de los que el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo está aportando 290, cerca del 70 por ciento. Esto supone que La Moncloa deja de aportar 150 millones cada año para la atención a la dependencia en Galicia”, concretó.

A pesar de esta situación de falta de apoyo, destacó que la Xunta “está cumpliendo y en la actualidad son más de 65.000 dependientes atendidos en Galicia, 50.000 más que en 2009”, a lo que se suman más de 7.000 plazas en residencias de mayores y más de 5.500 plazas de atención residencial a personas con discapacidad.