Ordenar que se aísle a una sola persona, edificio o pueblo: el juez tiene la palabra

El portero de un pub, una patera, diez viviendas, un edificio entero o el pueblo al completo. Jueces de toda España autorizan en los últimos meses cuarentenas obligatorias para evitar la propagación del coronavirus en un complejo equilibrio entre el interés público y el respeto a derechos y libertades.

Son los responsables autonómicos de Salud Pública quienes proponen el aislamiento y los jueces, con informe del fiscal y en ocasiones también del forense, deben comprobar que la medida está motivada y que es proporcionada para el fin que se persigue, es decir, que no implica “un sacrificio desmedido”.

Diversos juzgados aceptaron así propuestas de las autoridades sanitarias para decretar la cuarentena obligatoria de individuos con un prueba positiva de covid-19 o sospechosos de estar contagiados y que se negaban a mantenerse aislados.

Esta misma semana el Juzgado instrucción número 8 de A Coruña ratificó el “aislamiento obligatorio” en su domicilio de un portero de un pub de Oleiros, relacionado con un brote de un gimnasio. Lo pidió la Consellería de Sanidad, que tenía constancia de que estaba rompiendo el confinamiento que se le había impuesto, y la jueza dio su visto bueno “hasta que deje de representar un riesgo para la salud pública”, como señaló en su auto.

Otro juzgado de Murcia avaló a finales de julio la decisión del consejero de Salud de imponer una cuarentena obligatoria de 14 días a los inmigrantes irregulares que llegaron en dos pateras a la región en las que se detectaron varios casos positivos, para los que se ordenó el ingreso hospitalario.

La decisión, señaló el magistrado en un auto, “se vislumbra como la única medida capaz de asegurar el fin perseguido de salvaguarda de la salud pública, pese a ser notablemente restrictiva del derecho a la libertad individual”.

En Valladolid también tuvo que acudir en julio al juzgado la Consejería de Sanidad de Castilla y León para aislar diez viviendas del barrio de las Delicias y contener un brote con una veintena de contagiados al haber sospechas de que las familias afectadas, varios de cuyos miembros trabajaban en la misma empresa hortofrutícola, no estaban guardando el régimen de aislamiento que se les había impuesto, cuando es vital para frenar el brote.

Pero además de individuos, familias o grupos definidos, los juzgados se han visto también obligados a analizar de urgencia las propuestas sanitarias para asilar a poblaciones enteras, sin confinar en su casa a sus habitantes, y tratar de evitar una propagación descontrolada del coronavirus, de Lleida a A Mariña (Lugo) pasando por Totana (Totana).

El último caso es el de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, que este viernes se sumó al aislamiento que ya había sido decretado para las vecinas Íscar y Pedrajas de San Esteban (Valladolid). Uno por uno, el responsable del juzgado de lo contencioso número dos de Burgos comprobó los requisitos exigidos para restringir las libertades de los arandinos: desde la existencia de un riesgo “inminente y extraordinario” que justificara no dar audiencia a los afectados, a la “urgencia y necesidad” de las medidas.

Autorizó las restricciones, pero, en principio, para 7 días prorrogables, y no para 14, como solicitaba la Junta de Castilla y León.

A su entender, dado que la inmensa mayoría de los infectados son asintomáticos y que los servicios sanitarios funcionan con normalidad, las limitaciones de movimientos y la prohibición de reuniones de más de diez personas deberían decaer cuando se logre controlar los focos y a las personas afectadas.

Instó así a las autoridades sanitarias a reforzar los mecanismos de identificación y localización de los infectados para imponerles medidas “individuales” de confinamiento: “Es mucho lo que se les está pidiendo a los ciudadanos de Aranda de Duero y no puede ser menos el esfuerzo de la Junta de Castilla y León al respecto”, concluyó.

Noelia López/EFE