Ourense, a la cabeza del superávit

Según la información proporcionada por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), los ayuntamientos gallegos incrementaron sus remanentes a 888 millones de euros en los últimos años. Si se tiene en cuenta el superávit de las diputaciones, este beneficio casi alcanza los 1.500 millones, una cantidad que ilustra el ahorro de las entidades locales de la autonomía.

A falta aún de información exacta sobre el pasado año, los informes publicados por el Ministerio de Hacienda sobre el ejercicio de 2018, que muestran datos consolidados, señalan que los municipios de Galicia se apretaron los bolsillos, acumulando 152 millones de excedentes. Más de la mitad de los concellos (172) contaron con remanentes.

Los tres que mayor superávit obtuvieron durante este ciclo fueron Ourense (22,13 millones), Vigo (19,99) y A Coruña (10,95), a los que sigue en el cuarto puesto Lugo (9,01) y en el quinto Arteixo (6,13).

Las restantes ciudades principales de nuestra comunidad autónoma consiguieron peores resultados, pero todas ellas superaron el año con remanentes. En este sentido, sorprendentemente el ayuntamiento de Ferrol (2,63 millones) ahorró más que la suma de Pontevedra (1,95) y Santiago de Compostela (357.626 euros).

Si comparamos el importe de lo que se dejó de gastar en relación al número de habitantes, destaca que los dos municipios con mayores ingresos por vecino se encuentran ubicados en la comarca de A Mariña: Xove (861,7 € por habitante) y Ourol (648,7). A ellos les sigue Cerceda (558,4 euros/persona) que, además, es el sexto ayuntamiento con más fondos en sus arcas, contando con un total de 2,92 millones.

En el polo opuesto se encuentran 92 concellos que agrupan unas pérdidas conjuntas de aproximadamente 32 millones, capitaneados por O Porriño (-2,43) y Ribeira (-2,32) junto al fusionado Cerdedo-Cotobade (-1,06). Asimismo, Ribeira de Piquín es el municipio que más déficit presenta por residente, exactamente 764,4 euros por cada ribeirego. Y los que menos deuda mantienen son Maceda y Cartelle que, curiosamente, cuentan con un descubierto de un euro y diez céntimos por vecino, respectivamente.

Los 49 restantes ayuntamientos –entre los que se encuentran algunos que reúnen grandes masas de habitantes como Redondela o Ames– mantienen un saldo neutro, habiendo equiparado sus ingresos y gastos a lo largo del ejercicio.

LEY MONTORO. Sin embargo, la cuantía total ahorrada por los ayuntamientos gallegos, así como los del resto del país, sólo puede ser utilizada para amortizar deudas a causa de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en 2012, comúnmente conocida con el apellido de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda y artífice de esta normativa.

“Curiosamente, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos vienen cerrando, casi de forma sistemática, sus cuentas en positivo y, por lo tanto, llevan años generando superávit. Sin embargo, la norma les impide incrementar sus niveles de inversión”, señala Alberto Vaquero, profesor titular en la Uvigo y coordinador de Red Localis.

Y es que esta Ley se traduce en una limitación evidente a que las entidades locales puedan contar con mejores servicios o infraestructuras, al no poder utilizar el remanente de tesorería, es decir, la diferencia entre lo que se ha ingresado y gastado a lo largo del ejercicio, para ninguna mejora.

“A pesar del férreo control sobre sus cuentas, en vez de premiar a aquellas entidades locales que han hecho los deberes se les penaliza frenando su capacidad de gasto”, señala el coordinador de Red Localis.

Esta situación ha propiciado continuas reclamaciones por parte de FEMP, a nivel estatal, y de la Fegamp, en nuestro ámbito autonómico, quienes han solicitado una interpretación más correcta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con el objetivo de eludir la “práctica congelación” de estas inversiones.

“Lo anterior si cabe resultaba más necesario teniendo en cuenta que nuestro Estado viene incumpliendo su propia regla de gasto con desviaciones presupuestarias cercanas a los 5.000 millones de euros anuales”, señala Alberto Vaquero, refiriéndose al período que se extendió entre 2014 y 2016.

FEMP Y SÁNCHEZ. El pasado martes, 4 de agosto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, firmaban el controvertido acuerdo que puede permitir a los ayuntamientos utilizar sus remanentes, habilitando 5.000 millones a fondo perdido (2.000 este año y 3.000 en 2021) de los Presupuestos Generales del Estado, siempre y cuando estos se comprometan a transferirles con anterioridad sus ahorros.

El ejecutivo central, que se comprometió a devolver todo lo aportado por los municipios a partir de 2022 durante los siguientes 10 años, finalmente lo hará en 15, pagando un tipo de interés que no será superior al de la deuda.

En este contexto, bajo el pretexto de hacer partícipes a las entidades locales del proceso de reconstrucción postcovid, el Estado utilizará sus ahorros para ejecutar actuaciones orientadas a la agenda urbana, movilidad sostenible, atención a la ciudadanía y cultura.

“El resumen de esto es que se permite gastar los ahorros que cada ayuntamiento ha generado, y el acceso a unos fondos estatales, si estos le prestan el dinero al Estado, quien se lo irá devolviendo paulatinamente”, sintetiza Alberto Vaquero.

A pesar de la intención por parte del Gobierno de España y la FEMP, es muy probable que el decreto ley que recoge su acuerdo se derogue durante el próximo mes, período en que el Congreso de los Diputados decidirá su destino. Esta propuesta ha sido mal acogida por la oposición (entre los que se incluyen PP, Cs, PdeCat y BNG) al señalar que este abandona a los ayuntamientos sin liquidez, además de contar con la abstención de Unidas Podemos.