Peligran cien empresas gallegas por la nueva Ley de Cambio Climático

Alarmados porque la administración central ya está poniendo en peligro el futuro de empresas conserveras y de acuicultura gallegas al aplicar, por la vía de los hechos, principios de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, como el acortamiento de los plazos de las concesiones, a pesar de que todavía no ha pasado el trámite de presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios.

Así están los representantes de las patronales del sector mar–industria de Galicia, que ayer alertaron en Vigo sobre el peligro que se cierne sobre más de cien empresas instaladas en la costa como consecuencia de una ley que consideran “ideológica”, que desconoce la realidad de las industrias y que tachan como un “sinsentido”.

Los responsables de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP); Jorge Cebreiros, de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Touza; de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco), Juan Manuel Vieites; de la Asociación de Depuradores y Comercializadores de Moluscos, Roberto Fariña; así como del Clúster de Acuicultura, Jordi Trías; de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España, Fernando Otero; de la Asociación de Mejilloneros, Javier Blanco y de la Federación Galega de Cofradías de Pescadores y Mariscadores, Ruperto Costa, instaron a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a parar el proceso de aprobación de la ley, especialmente a retirar el artículo 18, que restringe radicalmente los plazos de concesión de las empresas.

Cebreiros alertó de que la normativa que quiere aprobar el gobierno de Sánchez “ataca directamente a la línea de flotación de los intereses” tanto de las empresas como de la economía del sur de Galicia. Por su parte, Vieites acentuó las secuelas para un sector que ya vio como se paralizan inversiones ante la incertidumbre por la inseguridad jurídica que crea el anuncio de la ley. Remarcó que un número importante de gobiernos locales con alcaldes socialistas ya se expresaron en contra de la normativa.

Touza, a su vez, cuestionó la efectividad de apartar a las industrias de la costa por el aumento de CO2 que exigirá producir la energía en sus nuevos enclaves y el presidente de Agade acusó al Gobierno de “cargarse al sector por la puerta de atrás”. Insta a los diputados gallegos a defender la singularidad de las empresas de la comunidad.

El representante de pescadores y mariscadores, mientras, instó a la “sensatez” de los políticos, asegurando que no solo se pone en peligro a los empleos presentes, sino que se genera un futuro incierto para los jóvenes de numerosas comarcas de Galicia. En la misma línea de pedir “cordura” se expresó el secretario general de la Asociación de Mejilloneros al incidir en que sin las empresas transformadoras a pie de costas “nuestro futuro será tan negro como el de ellas porque no tendremos a quien vender el producto”.

Para el representante del Clúster de Acuicultura es trascendente que “se imponga el sentido común”, ya que hay instalaciones afectadas por el inminente final de sus concesiones. Afirmó que la preocupación va más allá de las empresas en activo, por extenderse a quien tenga un proyecto de inversión.

El representante jurídico apeló al ejecutivo de Sánchez a “escuchar” y “negociar” con todos los afectados.