Permiten volver a Colombia a los narcos del cártel de los Boyacos apresados en Galicia hace 4 años
La DEA les tendió una trampa para venderles dos toneladas de cocaína // Los ‘jefes’ se habían instalado en Santiago y Vigo, desde donde controlaban las ventas //Quedaron libres por dilaciones en un procedimiento aún pendiente de juicio
Ronald Alfredo Roa Aguirre, el Mono, y Julio Peñaranda Torres, Visage, dos de los máximos responsables en España del cártel de Los Boyacos, junto al resto de sus colegas colombianos apresados en Galicia en marzo de 2017 con más de dos toneladas de cocaína, recibieron permiso de la Audiencia Nacional, según el abogado defensor del segundo, Francisco Miranda, y ya abandonaron nuestro país con destino a Colombia al haberse producido dilaciones indebidas en el procedimiento judicial abierto en el Central de Instrucción número 6 del mismo órgano, que dirige Manuel García Castellón.
Fuentes de ese juzgado, consultadas por EL CORREO, no quisieron ni confirmar ni desmentir que se les haya permitido abandonar España, lo que sí aseguraron es que ya se completó la investigación y se elevó a la Sala de lo Penal para que fije la fecha del juicio todavía en proceso.
Transcurrido cuatro años el asunto se dilató tras los problemas surgidos entre las Fiscalías de Estados Unidos y Colombia sobre la operación en el Caribe donde, presuntamente, se incautaron los dos mil kilos de cocaína que posteriormente llegaron a España tutelados por agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA). Éstos habían alertado a los colegas gallegos de la presencia en nuestra comunidad de los miembros de este clan dispuestos a “inundar Europa de coca”, siguiendo las órdenes de Daniel Barrera, alias El Loco, considerado como uno de los narcotraficantes más poderosos.
Lo cierto es que este procedimiento se fue prolongando en la Audiencia Nacional debido a las dudas jurídicas sobre la entrega controlada de la cocaína que ideó la DEA por lo que la Sección Cuarta de la Sala de los Penal decidió hace unos meses dejar en libertad a Julio Peñaranda, a Roa Aguilar y al resto de colombianos detenidos (en total fueron 29, entre ellos tres gallegos, aunque la mayor parte ya salieron antes) que estaban encarcelados al considerar que “era inviable que concluida la instrucción y superado el resto de avatares procesales subsiguientes, se pueda culminar el plenario de forma inminente, en términos de temporalidad”.
Estos individuos tuvieron que abonar una fianza de 20.000 euros y presentarse semanalmente ante la autoridad judicial. Ahora, transcurrido un tiempo solicitaron poder desplazarse a su país, estar localizables y con el compromiso de asistir a la vista judicial cuando sean requeridos para ello. La mayor parte de ellos ya abandonaron España y desde la fiscalía antidroga se duda que regresen. Todos llevaban más de tres años encarcelados en prisión preventiva, un régimen que, salvo casos excepcionales, no puede exceder de cuatro años.
Ronald Roa Aguirre y Julio Peñaranda, junto a miembros de su grupo, se habían instalado en 2016 en España con la intención de organizar transportes de cocaína desde Colombia a nuestro país. Montaron una infraestructura con ayuda de narcos gallegos. Para despistar Ronald se instaló en Santiago mientras que Julio lo hacía en Vigo, tras haber alquilado varios pisos, aunque ambos se reunían con mucha frecuencia en la capital gallega y O Milladoiro. sus movimientos estaban siendo controlados por agentes de la Udyco, alertados por sus colegas de la DEA, hasta que los norteamericanos decidieron realizar una entrega controlada de dos toneladas de cocaína para pillarlos con las manos en la masa.
La operación policial, que contaba con autorización judicial, fue un éxito rotundo ya que el grueso de la organización de los Boyacos instalada en nuestro país fue desmantelada en una operación que tuvo lugar en Santiago, Padrón, Vigo y otros puntos del Salnés a donde llegó la droga mientras que los cerebros financieros de la banda fueron apresados en Madrid. El problema surgió cuando en el juzgado se comprob´ó que se habían producido demasiadas irregularidades.
Cuando la autoridad judicial española, es decir, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional tuvo conocimiento de que la DEA había participado en esta operación contra los Boyacos con una entrega controlada de droga requirió a las autoridades de Colombia y Estados Unidos la documentación que habían intercambiado para autorizar el operativo. La DEA insistía en que las dos toneladas de cocaína procedían de una incautación realizada en un barco en el Caribe con conocimiento de las autoridades colombianas y argumentaban que la fiscalía general de este país había autorizado una entrega de unos 210.000 dólares en pesos colombianos en Cartagena o Medellín para “pagar gastos generados del transporte de unas drogas incautadas en Jamaica”. Ese dinero debía ser custodiado por las autoridades colombianas y devuelto a los agentes de la DEA. El objetivo era, según consta en el informe, “identificar a los miembros de la organización tanto en Colombia como en los Estados Unidos”.
La Fiscalía colombiana reconoce el dinero, incluso adjunta las fotos, pero mantiene que no sabían nada de que la cocaína iba a viajar a España para capturar a los Boyacos.