Piden al Estado su intervención
La situación en la factoría de aluminio de Alu Ibérica en el polígono coruñés de Agrela es insostenible, según la representación sindical de sus 320 trabajadores. Exigen la intervención del Estado mediante una nacionalización, el nombramiento de un gestor o entrar como accionista para tomar decisiones. Se sienten engañados, según dijo el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, tras manifestarse con sus compañeros por las calles de A Coruña en una caravana de unos cien vehículos.
Hace ocho años que este tipo de protesta surgiera de una forma espontánea en la fábrica aluminera. La inicial Aluminios de Galicia en los años sesenta del siglo anterior fue integrada en Inespal en los ochenta para ser vendida a principios de éste a Alcoa. Pero en 2012 los sindicalistas empezaron a ver las orejas al lobo, y por su tenaz lucha la multinacional norteamericana no la cerró en 2018, y acabó vendiéndola al grupo inversor Parter el último día de julio del pasado año. Ahora quieren volver a ser Inespal.
Parecía que la nueva empresa iba a enderezar el futuro industrial de unos operarios bien cualificados. Pero pasaban las semanas y los meses y no había avances. En el horno solo se fundía aluminio para reciclar y todo iba a medio gas. Sorpresivamente el 15 de abril Parter anuncia la venta del 74,9% de las acciones a un nuevo grupo, Industrial Riesgo, quien también se había interesado por la fábrica, pero Alcoa la había desestimado.
Tras saltar la alarma, los empleados descubren que Parter y Riesco habían estado en negociaciones desde septiembre de 2019, y el comité de empresa montó en cólera. En los días siguientes se celebra la mesa industrial en el Ministerio, y también reacciona Alcoa que exige claridad en la transacción, porque la multinacional norteamericana se había comprometido a una inversión para reactivar las cubas de electrólisis. El plazo vencía ayer, pero Alcoa estaba más centrada en recortar 534 puestos de trabajo en la única planta que le queda en España, la de San Cibrao en Lugo.
Mientras, el viernes 22 los representantes sindicales denunciaron su situación ante la Inspección de Trabajo, y ayer López Corbacho insistió: “No vamos a permitir que el Gobierno nos deje en el olvido, porque si queremos levantar nuestro país tenemos que mantener la industria”. Aseguró que “sin industria nadie va a tener futuro aquí”, y exigió una vez más el demandado Estatuto para grandes consumidores electrointensivos, y así se fije un precio energético competitivo.
Manifestó por ello que “es el Gobierno el que debe tome cartas en el asunto y nombre un gestor” y solicitó una nueva convocatoria de la mesa industrial estatal, ya que la fábrica hermana de Avilés se encuentra en la misma situación.
ADVERTENCIA DE GRUPO RIESGO. Por su parte, mediante un comunicado, la dirección de Alu Ibérica mostró ayer su “decepción” ante las continuas acciones en contra del proyecto de futuro llevadas a cabo por su comité de empresa, ya que considera que “generan confusión” y que su único fin es la “desestabilización del plan” que la compañía quiere implantar en la factoría.
Por ello avisa que actuará con “toda su batería legal frente a las amenazas y presiones recibidas por parte de dicho comité” y estudiará si la movilización de ayer contraviene las normas del estado de alarma.
Y anima al comité coruñés a seguir los pasos del de Avilés, en la implementación del proyecto con el objetivo de garantizar el futuro, ya que no ser así, podría llegarse al “cierre o reducción de plantilla”.