Presión administrativa, laboral y judicial del Gobierno y de la Xunta sobre Alcoa

La reunión de la mesa multilateral celebrada ayer a iniciativa del Ministerio de Industria en la que participaron representantes de la Xunta y del comité de empresa sirvió para evidenciar que las administraciones central y gallega no dejarán tirados a los trabajadores en el intento de la multinacional de presentar un ERE para la planta de aluminio primario de San Cibrao, en Cervo (Lugo) que podría afectar a 534 puestos de trabajo.

El ambiente en contra de la actitud de la empresa lleva semanas calentándose, ya que ambas administraciones acusaron de desleal a la empresa por negociar sólo de cara a la galería para al final romper todos los puentes con el objetivo de cerrar la fábrica y evitar que un comprador de la misma le pueda hacer competencia en el mercado.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, había adelantado por la mañana en el Senado lo que iba a trasladar su departamento por la tarde a los trabajadores. Según detalló en la Cámara Alta, el Gobierno “sigue comprometido con el futuro de la factoría de Alcoa en A Mariña” y está analizando en estos momentos “todos los instrumentos disponibles dentro del ordenamiento jurídico y del marco de la Unión Europea para garantizar un futuro industrial”.

Además, añadió que a pesar de la negativa de Alcoa de vender su factoría de Lugo, el interés de Liberty House por invertir en la planta continúa y su proyecto garantiza el futuro de la empresa. Maroto recordó que el día anterior, en línea con los instrumentos de presión activados, se envió un requerimiento a Alcoa para fiscalizar las ayudas por CO2 correspondientes a 2019 y verificar que se cumplen los requisitos necesarios para recibir esas partidas.

La reunión de ayer se enmarca en ese proceso y contó con la participación telemática tanto del del vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, como representantes sindicales de la factoría, entre ellos, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.

El secretario de general de Industria y Pyme, Raül Blanco, explicó a los asistentes que el departamento gubernamental y el Gobierno gallego van a extremar la vigilancia sobre Alcoa y le exigirán que justifique el cumplimiento de la legislación laboral y medioambiental.

En caso de que existan evidencias de algún tipo de incumplimiento, se le pedirá que devuelva todas las ayudas públicas recibidas.

En la reunión, Blanco manifestó que los próximos días serán decisivos y que es importante mantener la unidad de acción para conseguir un mejor desenlace.

Francisco Conde insistió también en la importancia de la sintonía entre las partes. Según dijo, el encuentro de ayer sirvió para trasladarle a los trabajadores y a los sindicatos que “desde a Xunta e o Goberno de España estamos traballando en todas as alternativas posibles para unha resposta a unha posible decisión de Alcoa”.

Es más, dijo que la respuesta será “administrativa, laboral e xudicial” para defender los puestos de trabajo. Conde subrayó que la Xunta seguirá trabajando de manera coordinada con el Gobierno y con los propios trabajadores.

Previamente, por la mañana, ya había apuntado que el objetivo por lo de ahora es “mantener en funcionamiento las cubas y la actividad de la industria”.

Durante el encuentro telemático, el secretario general de la CIG, Paulo Quinteiro, reclamó a los gobiernos español y gallego que avancen de manera decidida en el proceso de intervención pública de la fábrica de Alcoa, ya sea mediante la adquisición transitoria propuesta por el Ministerio de Industria o abriendo la posibilidad a la vía de una expropiación, “pois neste momento a intervención parece inevitábel”.

Para no quedar a expensas de los tiempos que marque Alcoa, en concreto en la ejecución de los despidos y una parada de las cubas a mediados de la semana que viene, que “sería desastrosa para a continuidade industrial”, el dirigente subrayó la importancia de apurar los plazos y concretar las medidas y los movimientos.

“Sabemos da complexidade xurídica dunha operación deste tipo, por iso os gobernos teñen que redobrar os esforzos e nós temos a man tendida para colaborar e facer as achegas necesarias en todo o que poidamos”, abundó.

Mientras, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, incidió en la misma idea que Carril, en el sentido de que los dos gobiernos deben “acelerar todavía más los trámites para la intervención” tanto en sus consultas a los servicios jurídicos europeos como españoles.

Reclamó durante el encuentro a las administraciones “que sigan empujando y no se dobleguen ante la multinacional”. Según remarcó, las cubas “no pueden para ni un minuto” y los representantes del Gobierno deben de “cumplir su palabra”.

Zan anunció una nueva reunión para el próximo martes o miércoles y en caso de que Alcoa precipite acontecimientos, esa cita entre todas las partes se adelantaría.

En estos momento, precisó, se está trabajando en las “fórmulas” para atacar esa primera decisión de la multinacional en contra de los trabajadores.