Protesta en ‘casa’ de Caballero por el acuerdo de remanentes de la FEMP

El vicepresidente de la FEMP también llamó al alcalde de Vigo a “no escudarse” en la vigencia de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como Ley Montoro, para defender que el texto representa la única vía para invertir los remanentes.

De hecho, apunta que la mayoría que permitió que Sánchez fuese investido presidente podría facilitar la derogación de la norma “de la noche para la mañana”, aunque ha asegurado que esta no resulta imprescindible para permitir la utilización de los remanentes que reclaman los alcaldes ‘populares’. E. P.

Los ayuntamientos del Partido Popular no sucumbirán al “chantaje” de Pedro Sánchez y no ingresarán a las arcas de la Administración General del Estado “los ahorros de sus vecinos para financiar la hoja de ruta socialista del Ejecutivo de coalición”. Así lo indicaba el vicesecretario Territorial del PP, Antonio González Terol, anunciando que sus ediles se movilizarán contra el decreto expropiatorio del Gobierno.

El polémico acuerdo sellado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, y que abre la puerta al Gobierno para disponer de unos 14.000 millones de euros de superávit de los ayuntamientos llevó este lunes más de un centenar de cargos locales del PPdeG a concentrarse ante el Ayuntamiento de la ciudad olívica en rechazo a lo que consideran un pacto que permite la “incautación” de remanentes municipales.

La FEMP aceptó la propuesta del Ministerio de Hacienda con el único apoyo del PSOE y el voto de calidad de su presidente, Abel Caballero, así como con la abstención del Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comunes. A ese respecto, el portavoz del PP en Vigo, Alfonso Marnotes, lamentó que el regidor de la urbe haya decidido “darle la espalda a los vecinos y ponerse del lado del Gobierno”.

Este documento, rubricado por Caballero y Pedro Sánchez, establece una aportación de 5.000 millones para los ayuntamientos que presten sus remanentes al Gobierno, que se los devolverá a partir de 2022 en un plazo de diez años, si bien la publicación en el BOE apunta que este podrá dilatarse hasta 2037. Dado que el acuerdo fue transformado en decreto-ley, deberá ser llevado al Congreso.

Así las cosas, el presidente de la Diputación de Ourense y miembro de la junta de gobierno de la FEMP, Manuel Baltar, y el vicepresidente de la Fegamp y alcalde de Cervo, Alfonso Villares, lamentaron que la aprobación de este acuerdo haya roto el “consenso histórico” que caracteriza al municipalismo.

En mayo, recordó Baltar, esta unión se reflejó en la aprobación del documento Pilares para la reconstrucción histórica, en el que se reclamaba al Ejecutivo central la utilización inmediata de los remanentes, lo que reprobó que no haya sido contemplado en el acuerdo rubricado la pasada semana.

De este modo, remarcó que el texto fue “impuesto” por el Gobierno y no conlleva la inversión de la totalidad de los remanentes, sino “un porcentaje mínimo” que “solo se podrá gastar en proyectos del gobierno comunista que preside Pedro Sánchez”.

En este sentido, el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, señaló que la pandemia conllevó grandes gastos para las arcas municipales, por lo que incidió en la necesidad de que “no se dejen de lado” los intereses de ayuntamientos y se atiendan del mismo modo que los de las comunidades.

También tachó de “chantaje” el acuerdo firmado dado que, aunque la cesión de los remanentes es voluntaria, solo contempla la aportación del fondo de 5.000 millones de euros para los municipios que pongan sus ahorros a disposición del Ejecutivo central.

Frente a esta versión, el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Vigo, Carlos López Font, criticó que alcaldes y otros cargos locales del PPdeG que “siempre estuvieron callados” protesten “ahora que hay un gobierno que deja gastar los remanentes (municipales)” y “da 5.000 millones de euros adicionales” a los ayuntamientos que le presten sus ahorros. Además, incidió en que la situación actual fue causada por la llamada Ley Montoro aprobada por el PP durante su última etapa al frente del Ejecutivo central.