Protestas contra una reforma que ‘castiga’ a las autoridades

Una persona alcoholizada y bajo los efectos de las drogas está causando problemas en un bar. Molesta a los restantes clientes, profiriendo vocablos varios que no llegan a comprenderse bajo gritos característicamente malsonantes. Un camarero le advierte que debe abandonar el local, pero, lejos de hacerle caso, comienza a tirar las sillas que posan junto a varias mesas. El trabajador no se lo piensa y llama a las autoridades pertinentes, que llegan al poco rato para ver qué está pasando. Tras intentar tomarle los datos al individuo, quien se niega a proporcionarlos, los agentes deciden llevarlo a comisaría para identificarlo. Allí, de forma express, realizan el proceso en dos horas, como máximo, y una vez concluyen lo devuelven “al mismo sitio donde estaba causando disturbios”.

“Es algo totalmente incoherente”, dice el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Galicia, Roberto González. Lo cierto, comenta, es que esto es lo que pasaría sí se lleva adelante la modificación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ‘ley Mordaza’, que ha anunciado el Ejecutivo central. En otras palabras, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos.

Contra sus pretensiones se manifestó este miércoles la citada agrupación, que se movilizó en A Coruña, ante la Delegación del Gobierno, y en las subdelegaciones provinciales de Lugo, Ourense y Pontevedra con otros muchos sindicatos y asociaciones englobados bajo la plataforma “No a la España insegura” en la que se integran 40 entidades de todo el país que secundaron la protesta en las demás CCAA, acompañadas de distintos líderes y figuras políticas, principalmente vinculadas a la derecha o extrema derecha.

También estarán presentes en la protesta del próximo sábado, 27 de noviembre, que tendrá lugar en Madrid. En la capital, otro medio centenar de asociaciones que aglutinan a la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil, clamarán por frenar un cambio que “se ha hecho a espaldas” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

“No se ha contado con nosotros ni se nos ha informado de en qué términos se va a llevar a efecto. Todo lo que conocemos es por noticias de los medios de comunicación”, puntualiza González, señalando que están “completamente en contra de la modificación” que sin duda les restará “agilidad” a la hora de poder llevar a cabo sus identificaciones. “ A pesar de que no era una ley perfecta, nos permitía conocer aquellas concentraciones que se iban a llevar a efecto para poder montar los dispositivos”, pone como ejemplo, indicando que el cambio provocará que “espontáneamente” se puede realizar “cualquier manifestación”.

Ante esta imprevisión, el secretario general del SUP Galicia añade que existiría la posibilidad de que tanto Policía Local o Guardia Civil, al no ser conscientes de la protesta que se llevará a cabo, “no corten las calles”, o que la Policía Nacional no tenga “los efectivos ni las unidades específicas” para controlar con todas las garantías esa movilización. Y “con el consiguiente riesgo hacia los ciudadanos o el mobiliario urbano”.

Por otro lado, apunta que la modificación provocará “la reducción de los tiempos de identificación de seis a dos horas”, algo que les “perjudica notablemente” como también el “hecho de tener que devolver a la persona al lugar en donde ha sido identificada”. “Imagínate que un local hostelero llama porque tiene problemas con un individuo bajo los efectos del alcohol o las drogas, una vez que llega allí la Policía Nacional no atiende a razones, hay que llevarlo a comisaría a efectos de identificación porque no se identifica ni facilita ningún tipo de dato, y una vez que concluye el proceso hay que devolverlo al mismo sitio donde estaba causando disturbios. Es algo totalmente incoherente”, comenta.

Otro de los aspectos “que va a beneficiar o facilitar” este cambio legislativo es “el consumo de drogas y el menudeo”, pues la tenencia de sustancias estupefacientes pasaría de falta grave a falta leve con una sanción “totalmente irrisoria”. También es “un problema” que las multas vayan “en función de la renta”, ya que “genera que todo el mundo trate de justificar y de evadir su obligación de pagar”. “Ahí están las propuestas que se han puesto en relación al decreto del estado de alarma, que al final no han ido adelante y en muchas ocasiones tuvimos que soportar las mofas y las burlas de ciertas personas”, recuerda González.

CAUSA-EFECTO. Por estos motivos, entre otros, los agentes que componen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado seguirán manifestándose en los próximos días a la espera del retroceso de una normativa que supone “un ataque” a su “principio de autoridad” y que también les dejaría sin derecho a la intimidad al poder difundirse sus imágenes, poniendo en riesgo su integridad.