Punto límite en Alcoa San Cibrao: Xunta y comité exigen parar el ERE
El Gobierno anuncia que el martes 23 aprobará el fondo de reservas para garantías de entidades electrointensivas // Pero los sindicatos temen que este viernes la compañía les confirme el cierre
Tras la reunión que ayer mantuvo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Industria, Francisco Conde, con el comité de empresa de Alcoa San Cibrao, que preside José Antonio Zan, ambas partes solicitaron una convocatoria urgente de la mesa multilateral con la presencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y representantes de la multinacional norteamericana del aluminio. Su único objetivo es el de parar el ERE de extinción, que podría confirmar la compañía desde el próximo viernes. Según Xunta y comité, la solución pasa por la subasta de interrumpibilidad con bloques de 90 megavatios para el segundo semestre, así como las compensaciones por emitir CO2.
Prácticamente al mismo tiempo en Madrid, en comparencia tras el consejo de ministros, Maroto recordó que en el próximo del martes día 23, el Ejecutivo central aprobará el fondo español de reservas para garantías de entidades electrointensivas de apoyo a contratos bilaterales de energía a largo plazo. Su objetivo es reducir los costes energéticos en la producción industrial nacional, está dotado con 600 millones en sus tres primeros años, y es el paso previo para aprobar el estatuto de consumidores electrointensivos “en las próximas semanas”, dijo.
AUMENTA LA INQUIETUD. “Ya no tenemos tiempo”, advirtió Núñez Feijóo, tras la reunión con los sindicalistas, al recordar que quedan dos semanas para que se celebre la subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre y aún no se conocen sus condiciones. Por ello avisade que si no se celebra, Alcoa “no va a poder producir aluminio primario en el próximo semestre”, y así el ERE de extinción de los 534 empleados “seguirá adelante”.
El presidente autonómico lamentó que “después de un año” aún no se conoce el borrador del estatuto de las empresas electrointensivas, y se comprometió a que en el futuro, una vez se concrete un marco estable para la compañía aluminera, el Ejecutivo gallego les ofrecerá un préstamo participativo a la compañía para que se modernice y garantice su producción “durante décadas” en la planta de A Mariña.
Además la Xunta vislumbra la posibilidad de destinar parte de los fondos que recibirá para planes de industrialización. “Tenemos una oportunidad histórica: fondos europeos para luchar contra la crisis de la covid-19, que se pueden destinar a esta factoría; y, además, con cargo a sus presupuestos”, expresó el presidente Núñez Feijóo, quien puso en valor que la de San Cibrao es la única planta de aluminio primario en España que existe.
Por su parte, Zan, máximo representante sindical de los trabajadores de la factoría lucense, considera que si el Gobierno central saca a subasta los bloques de interrumpibilidad energética y aprueba las compensaciones por la emisión de CO2 a la atmósfera, la multinacional estadounidense no tendrá argumentos para seguir con el cierre.
No obstante, la inquietud entre la plantilla de trabajadores se incrementa día a día. Así, el plazo informal, previo a la negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por extinción, dado por Alcoa acaba mañana. Y a partir de entonces la empresa podrá confirmar su decisión de cerrar la planta.
Con ello, en una semana, como mucho antes de final de mes, se formarían los grupos negociadores del ERE. Y a lo largo de los siguientes 30 días se procedería a un diálogo para concretar las indemnizaciones a los despedidos. Las próximas horas van a ser decisivas para la factoría.
Descarta el precio energético. La ministra de Industria, Reyes Maroto, insiste en que el problema de Alcoa en la planta de San Cibrao no es el precio de la energía, sino más bien la ausencia de inversiones en el pasado. Lo aseguró en la conferencia de prensa tras el consejo de ministros de ayer, en la que trasladó la “solidaridad” del Gobierno a todos lo trabajadores, asegurándoles estar implicada en la búsqueda de soluciones.
Recibió apoyo público. La ministra defiende que el problema de Alcoa es no haber invertido en la planta durante los últimos años, en los que la empresa fue perceptora de ayudas estatales.
Exige claridad a la compañía. Maroto apuntó que, en la última mesa de seguimiento, las administraciones y el comité de empresa, bajo una “unidad de acción”, solicitaron a la empresa que se “aclare” y tome una decisión definitiva sobre si quiere seguir invirtiendo en España o no. En el caso de que opte finalmente por los despidos, le pide a la multinacional que deje paso a otro proyecto.