Quejas y consultas de sanidad y empleo centraron la actividad de la Valedora

El 2020 fue un año duro. También para el Valedora do Pobo, la institución que lidera María Dolores Fernández Galiño, que vio incrementada su actividad en varios frentes, con el reto de reinventarse para atender de manera telemática y telefónica.

La valedora entregó un detallado informe al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, antes de desgranarlo ante los medios de comunicación. Hubo que atender más asuntos y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos.

Ya en los dos primeros meses del año, la actividad estaba siendo intensa: en enero proponían la derogación de la esterilización no consentida a personas con discapacidad, y en febrero se reunieron con el relator de Naciones Unidas para abordar el problema de la pobreza y la violencia institucional. De hecho, la Rede Europea destacó el papel importante de este organismo en la aprobación por ley en el Congreso de que la aporafobia fuese perseguida como delito de odio.

Y en marzo, llegó la pandemia y todo cambió. Se vieron obligados a acelerar el proceso de fomento del teletrabajo que estaban ensayando. Así, “sen transición”, los veinte empleados del Valedor do Pobo se vieron trabajando desde sus domicilios y atendiendo de forma telefónica y telemática el aluvión de consultas, muchas relacionadas con la pandemia, que recibían cada día.

Así, Galiño detalló que comenzaron a recibir llamadas y quejas, desde el inicio del confinamiento, por la falta de ingresos, cortes del suministro eléctrico, por la imposibilidad de acompañar a familiares en hospitales... Entre el 14 de marzo y el 21 de junio recibieron 189 asuntos específicos de coronavirus, y se abrieron 33 investigaciones de oficio, frente a las tres del año anterior en el mismo periodo.

Fue un “ano duro , pendentes dos contaxios, mortes, da presión asistencial, das colas de axuda...” en el que trabajaron para “coñecer e avaliar o impacto das consecuencias da pandemia en colectivos vulnerables”, como las víctimas de violencia de género, las personas perceptoras de rentas sociales o los usuarios de residencias, entre otros. Además, tuvieron que atender a la tarmitación ordinaria de las quejas, algo que fue “duro pola intensidade do traballo e polo tipo de situacións persoais ás que había que facer fronte con prioridade”.

MÁS TRABAJO. De forma telemática y telefónica, y con el objetivo de no saturar a las administraciones, especialmente a Sanidade y Política Social, con más de 6.000 personas que recibieron atención telefónica.

Según los datos aportados por la Valedora, se atendieron 2.912 asuntos, un 28% más que el año anterior. También se incrementaron un 37% las personas que requirieron atención o asesoramiento al margen de los expedientes de queja, hasta los 7.526. El aumento “foi case unha constante en todas as áreas, especialmente nas relacionadas con servizos públicos esenciais, como a sanidade, o emprego público, a inclusión social e a educación”.

En todo el año hubo 12.913 actuaciones (un 10% más), 78 de oficio (supone un incremento del 16%), de las que 33 se instruyeron durante el confinamiento. El número de resoluciones creció hasta las 161 (un 69%).

ÁMBITOS DE ACTIVIDAD. La mayor parte de los asuntos tuvieron que ver con la sanidad y el empleo público. Se registraron quejas relacionadas con las medidas de protección, cribados, suspensión de la atención presencial en la Primaria o las listas de espera, como consecuencia del aplazamiento de operaciones no esenciales. También por la vacunación o por el acompañamiento a familiares y en residencias.

Las investigaciones de oficio se abrieron en relación con las pruebas diagnósticas, los equipos de protección, la suficiencia de personal de atención, la información que se proporcionaba a las familias o por los criterios para el traslado de los mayores contagiados en residencias. La Risga o el reparto de los fondos extraordinarios también centraron parte de la actuación de la Valedora.

Las quejas en materia sanitaria fueron evolucionando y ahora siguen recibiendo muchas relativas a la no presencialidad y a las listas de espera. En residencias, destacan “o comportamento exemplar” del personal y recomiendan “a supervisión por persoal médico especialista independiente”.

A lo largo del año también hubo muchas consultas por cuestiones como los ERTEs, por las dudas que generaba el proceso, y también por el Ingreso Mínimo Vital, aunque en ambos casos, se apoyaron en el Defensor del Pueblo, por ser dos ámbitos que excedían de su margen de actuación.