“Queremos la fijeza de los empleados públicos temporales que se encuentren en fraude de ley”

En España se calcula que hay 800.000 empleados públicos temporales que podrían ser despedidos sin ningún tipo de indemnización y cuyos contratos temporales están siendo vulnerados. Según el Instituto Galego de Estatística, en julio del 2019 había 24.607 trabajadores temporales solamente en la Xunta de Galicia, que representan aproximadamente el 24%, todo esto sin contabilizar al personal de la Administración del Estado en Galicia, diputaciones y ayuntamientos, con lo que acabarían superando la barrera de los 26.000 empleados temporales en Galicia. El problema de estos contratos es que se prolongan a lo largo del tiempo.

Javier Aráuz, abogado que representa a más de 7.000 afectados, estima que el porcentaje de interinos en “situación de fraude de ley” en los ayuntamientos de España es del 80%. La Directiva 1999/70/CE establece que los empleados no pueden estar más de 2 años contratados de forma temporal, y esto se está vulnerando con personas que llevan contratadas más de 10, 15 o 25 años. Desde la Plataforma Empleados Temporales de las Administraciones Públicas de Galicia, Plategal, luchan por estabilizar la situación. Óscar Calvo, vicepresidente de Plategal, explica la situación de estos trabajadores en fraude de ley y de que forma están trabajando para remediarlo.

“Nosotros demandamos que los empleados no pueden estar más de 2 años contratados de manera temporal, España traspuso la Directiva europea al ámbito privado pero no al público; demandamos que estamos en fraude de ley, multitud de empleados públicos temporales llevamos más de 10 años de forma temporal. Si la Administración hace una contratación temporal es para algo en concreto, algo puntual, pero en estos casos se ha convertido en algo estructural”, explica Óscar Calvo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que si se comete fraude de ley en un trabajador ha de aplicarse una sanción disuasoria al empleador, una indemnización disuasoria al empleado o estabilizar mediante fijeza el puesto de este. “Lo que pedimos es que las plazas de las personas que están en fraude de ley no se oferten, no pueden salir en una OPE, ya que es el trabajador quien estaría siendo castigado”. La plataforma ha intentado contactar hasta en 3 ocasiones con el presidente de la Xunta, Alberto NúñezFeijóo, siendo derivados a Función Pública y a la espera de que contacten con ellos. “Nosotros estamos abiertos a negociar. Como prioridad buscamos la fijeza de los empleados que se encuentran en fraude de ley pero también aceptaríamos un concurso de méritos en un proceso restringido, ya que está contemplado tanto para el funcionario como para el personal laboral en el Estatuto Básico del Empleado Público para casos excepcionales, y consideramos que esto lo es”. “En 13 años que llevo como temporal no he tenido la posibilidad de optar a mi plaza, no ha salido ni a oposición, ni concurso de oposición ni concurso de méritos” dice Óscar, “cuando la Administración debería ofertar cada año las plazas vacantes, con la obligación de ejecutarlas en 3 años como máximo.

Calvo precisa que la mayoría de empleados públicos temporales en fraude de ley se encuentran con la opinión pública en contra y la de varios jueces, que ya han desestimado varias causas de esta índole por no haber superado una oposición para ese puesto, pero recuerda que “todos los que estamos en esta situación hemos pasado un proceso selectivo, nadie nos ha puesto a dedo, es lo de siempre, no estamos en contra de que salgan oposiciones, de hecho deberían salir todos los años las plazas vacantes, pero las que no se encuentran en fraude, nuestras plazas hay que estabilizarlas sin que se nos castigue”.

El 30 de septiembre de 2020 se ha publicado en Portugal un auto que decretaba la fijeza de los empleados temporales en fraude, ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. “Queremos que se nos de la oportunidad, que no se tire toda la formación que se ha invertido en nosotros y toda la experiencia adquirida. Es un problema que ha generado la Administración y tiene que haber voluntad política para solucionarlo, no debería ser por vía judicial; si no se regulan nuestras plazas se generará un problema de reinserción laboral tremendo ya que la media de edad de los empleados públicos es bastante elevada, si salimos con 45 o 50 años nos vamos a ver en una situación muy difícil para encontrar un buen trabajo”, concluye Óscar Calvo.