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Reclamación de la Xunta al Gobierno para bajar el IVA de la luz al 10 %

En el Parlamento el PP y Bloque pactan pedir a Moncloa no penalizar las herencias en vida

El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Francisco Conde, instó al Gobierno a adoptar las medidas para evitar el encarecimiento del recibo de luz y propuso bajar el tipo impositivo del IVA del 21 al 10% mientras se mantenga el contexto actual marcado por la covid-19. En respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PP Marta Novoa en el pleno de la Cámara, Conde ha indicado que esta medida ya fue aprobada en otros países de la Unión Europea, por lo que ha pedido al Gobierno que sea “sensible” a las circunstancias excepcionales que atraviesan muchas familias, pymes y autónomos debido a la crisis de la covid.

Así, recordó que el pasado día 8 de enero el precio de la electricidad en el marcado al por mayor rozó los 115 euros por megavatio en España, una “cifra récord” que no se alcanzaba desde 2010 y que, junto a las fuertes subidas registradas a lo largo de la primera quincena del mes, llevará a que las familias tengan que pagar un 25 % más en el recibo de la luz.

También el miércoles el Parlamento de Galicia aprobó, con los votos a favor del PPdeG y el BNG y la abstención del PSdeG, una proposición no de ley presentada por el grupo popular para solicitar del Gobierno de España que no aplique los cambios legislativos en la tributación que supondrían la penalización y la persecución por posible fraude de la venta de bienes heredados en vida.

Esta era la principal premisa de la iniciativa registrada por el PPdeG, que insta al Ejecutivo estatal a “respetar la autonomía financiera y la capacidad normativa en materia tributaria” de Galicia, cuyo derecho civil avala este tipo de operaciones, revisadas por la nueva modificación legal promovida por parte de la Administración central para perseguir la elusión fiscal.

Asimismo, la propuesta exige al Gobierno que no alcance acuerdos en estos temas al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Mixta de Transferencias, dado que afectan a la capacidad financiera de Galicia.

El texto también recoge que la modificación promovida desde el Estado constituye “una clara e injustificada vulneración de la autonomía competencial y financiera” de Galicia en su afán por perseguir el fraude fiscal en la venta de bienes recibidos en vida a través de pactos sucesorios.

El BNG ha brindado su apoyo a esta iniciativa al entender que dicha reforma supone una “evidente y constatable intromisión” en la “soberanía económica” de Galicia, puesto que se trata de cuestiones ya cubiertas por el derecho civil gallego que -a juicio de la diputada Noa Presas- no deben ser analizadas con presunción de culpabilidad, aunque sí se debe dotar a las Administraciones de herramientas para detectar si existe “fraude” en este tipo de operaciones.

“En toda posibilidad legal hay siempre un riesgo”, ha advertido Presas, que, pese a ello, ha trasladado que “no se dan las consideraciones” para asumir todos estos trámites como presuntamente fraudulentos.

Mientras tanto, el PSdeG se ha abstenido en esta iniciativa después de que el diputado Juan Carlos Francisco Rivera defendiese esta modificación “técnica” de la legislación que -en su opinión- no supone “un ataque a las instituciones del derecho civil gallego”, sino que es un intento de frenar el “abuso intolerable” que algunas personas hacen de la normativa para obtener un beneficio patrimonial.

28 ene 2021 / 00:00
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