Recurso de Alcoa ante el Supremo por el fallo de las plantas de Alu Ibérica
Se reunirá la ministra Maroto con la plantilla de San Cibrao, cada vez más inquieta por el futuro
Alcoa inició los trámites para recurrir la sentencia emitida por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional referente a las plantas de Avilés y A Coruña ante el Tribunal Supremo, pues aunque “respeta las decisiones de los tribunales españoles, no comparte el resultado de este fallo”, alega en un comunicado.
La multinacional indica que actuó en todo momento conforme a derecho y cumplió “de forma rigurosa” con todos los compromisos adquiridos en el contrato de venta de las factorías al grupo Parter y en los acuerdos firmados con los sindicatos.
“Alcoa no puede ser considerada responsable de los incumplimientos en los que puedan haber incurrido terceros de las obligaciones que asumieron en el contrato de compraventa de las plantas”, señala la compañía, que recuerda que “el proceso de venta de las dos plantas fue supervisado y avalado en todo momento por el Ministerio de Industria y contó con el respaldo de los Gobiernos regionales de Asturias y Galicia y de los representantes de los trabajadores, quienes revisaron el plan industrial de Parter”.
Esta sentencia, apuntan, pone de manifiesto “los riesgos de una venta de unas plantas estructuralmente inviables en la que el vendedor es el que contribuye económicamente en la transacción, a pesar de contar con la supervisión de todos los actores involucrados en el proceso”. Alcoa dice estar analizando cómo afecta esta sentencia a su situación actual en España.
Mientras, el próximo domingo los operarios de la planta de Alcoa en A Mariña lucense volverán a manifestarse en Lugo, con una gran caminata, para reclamar un futuro a la actividad y a sus puestos de trabajo, que vuelven a ver cada vez más en peligro pese a haber cinco posibles interesados en adquirir la fábrica, aunque con la SEPI como la facilitadora y principal aval.
Frente a ese SOS a lo público, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, aseguraba que la ministra de Industria, Reyes Maroto, recibirá al comité de empresa de Cervo “en breve”, reiterando su petición a la empresa de que o bien ejecute un “proyecto real” que mantenga el empleo en A Mariña “o bien venda y permita que otra empresa entre para darle esa necesidad de continuidad”.
Miñones respondía así a los periodistas sobre la postura del Ejecutivo sobre el porvenir de Alcoa en San Cibrao. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dijo, “va a seguir ayudando y pivotando en este proceso de venta”, aunque parezca descartarse como compradora y facilitadora como intermediaria de la operación. “No podemos perder el objetivo principal que todos tenemos que es mantener esos puestos de trabajo. Aquí el que tiene la responsabilidad directa es la empresa”, subrayó.
Insistió en que la multinacional debe ver lo que pasó en A Coruña y Avilés, donde fue condenada por la Audiencia Nacional por un conflicto colectivo que impulsaron los sindicatos, salida que debe descartar en San Cibrao.
La Xunta, por su parte, lamentaba la “urgencia improvisada” que manifiesta el Gobierno de España al instar a Alcoa la venta “a un tercero” y volvía a reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez “que asuma su compromiso y cumpla su palabra”. En declaraciones a los medios antes de participar en un acto organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, el vicepresidente y conselleiro de Economía, Francisco Conde, recordaba que el “compromiso” del Gobierno de España con respecto a la planta de San Cibrao “es claramente encontrar una solución, participar de forma activa en el proceso de venta”.
En octubre de 2018, Alcoa inició un proceso de despido colectivo “motivado por la inviabilidad de la producción de aluminio primario en las plantas de A Coruña y Avilés”, explica la compañía. El 15 de enero de 2019, tras casi cuatro meses de negociaciones, se alcanzó un acuerdo con los representantes de los trabajadores en el que se reconocieron las causas del despido, “se concretaron unas indemnizaciones muy superiores a las legalmente previstas para los trabajadores afectados y en el que Alcoa aceptó también mantener parte de la actividad productiva y 205 empleados en ambas plantas en fundición y torre de pastas”.
El acuerdo contemplaba también la parada ordenada de las cubas de electrólisis, actividad insostenible debido a causas estructurales, incluida la falta de un marco energético competitivo para la producción de aluminio primario en España.
Atendiendo a la petición de los gobiernos central y autonómicos, sindicatos y los propios trabajadores de dar una nueva oportunidad a las plantas, el acuerdo recogió igualmente la alternativa de intentar una venta de las instalaciones a un tercero que pudiera dar viabilidad industrial a las mismas. Con el objetivo de lograr la mayor transparencia en el proceso de venta, alega la multinacional, éste fue supervisado y avalado en todo momento por Ministerio de Industria y contó con el respaldo de los Gobiernos de Asturias y Galicia y de los representantes de los trabajadores.
Parter fue el único candidato que avanzó hasta el final de las negociaciones presentando una oferta por las dos plantas, compartiendo en más de una ocasión su plan industrial con todos los agentes sociales y con las autoridades pertinentes. Dicho plan se basó fundamentalmente en una mejora planificada del marco energético por parte del Gobierno español.
“Alcoa en todo momento ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos y ha tratado de dar una oportunidad de reindustrialización a unas plantas afectadas por dificultades estructurales, entre las que se encuentra un marco energético no competitivo para una industria electrointensiva como la del aluminio primario”, señala el grupo. “Al día de hoy, en conformidad con su acuerdo con Parter, Alcoa ha desembolsado a las plantas de A Coruña y Avilés más de 75 millones de dólares –de los hasta 95 millones de dólares puestos a disposición en la transacción– para gastos operativos y de capital asociados con el reinicio de las cubas de electrólisis o la reindustrialización de las plantas”, recuerdan.
Alcoa presentó una demanda contra Parter por incumplimiento del contrato de venta de las plantas de Avilés y A Coruña, que incluía ciertas obligaciones legales que Alcoa cree que habían sido incumplidas por Parter, como la venta posterior de las compañías a Iberian Green Aluminium Company, S.L. (antes “GIR” o Grupo Industrial Riesgo). “Alcoa no tenía conocimiento previo de dicha transacción posterior de Parter y, en cuanto tuvo conocimiento de la misma, presentó la demanda”, apuntan. Alcoa ha continuado haciendo frente a sus obligaciones de pago en el contrato de compraventa, a pesar de que dicho incumplimiento le permitía no hacerlo, con el objetivo de no alterar la oportunidad de reindustrialización mientras se resolvía esta demanda.