Rotundo rechazo al cobro de peajes en las autovías

La intención del Gobierno central de instalar peajes y cobrar por el uso de las autovías no ha caído bien en Galicia. La Xunta pide más información y recuerda que hay obligaciones pendientes. Los empresarios muestran una “oposición” firme a una medida que encarecerá los desplazamientos. Incluso desde parte del socialismo gallego se elevan voces críticas contra esta nueva carga.

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, se mostró tajante al término de una reunión con los representantes de la Confederación de Empresarios de A Coruña. Reclamó al Ejecutivo que las comunidades tengan “voz y voto” en la toma de esta decisión, y pidió más información sobre el plan. Vázquez reclama que “se aclare cuál es la propuesta concreta” para poder realizar un análisis “sosegado”.

Además, la responsable de infraestructuras recordó que en Galicia se está trabajando, precisamente, en la dirección opuesta en la AP-9, con un sistema de bonificaciones que debería comenzar a funcionar a partir del verano.

Por eso, Vázquez afirmó que este planteamiento no es “adecuado”, y avanzó que no permitirán “una alternativa que agrave aún más la posición periférica de Galicia” en relación con el resto del país. Tiene claro que, una medida de esta envergadura, “alejaría más” a la comunidad del resto de España

Las críticas a la propuesta no solo llegan desde la Xunta, sino también por parte del PSdeG. A las declaraciones del secretario general, Gonzalo Caballero, se sumó Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, que espera que “no haya nuevos recargos tributarios en las autovías”.

Formoso, que además es alcalde de As Pontes, es consciente de que este tipo de gravámenes podría ser muy perjudicial para una comarca que depende mucho del transporte y que se encuentra en una situación muy delicada, por el futuro de la central de Endesa.

Por eso, el socialista instó a ser “cuidadosos” con estas propuestas, y remarcó que “no es un tema de localismos”. En este sentido, afirmó que “es tan difícil pagar un peaje para un extremeño como para un gallego”.

González Formoso pidió “poner orden” y agregó que “el rescate de concesiones tiene que responder a criterios de lógica de Estado”.

El presidente de la Diputación, uno de los cargos más relevantes del PSdeG, hizo estas declaraciones tras su reunión con otro socialista, el delegado del Gobierno, José Miñones, que se mostró más cauto y eludió hacer cualquier tipo de valoración sobre esta posibilidad.

Miñones declaró que “no hay un posicionamiento, ni una declaración sobre el cobro de las autovías a día de hoy”, porque no hay nada más que el documento remitido a Bruselas. Por eso, añadió que “hablar ahora sobre un cobro que puede entrar en vigor sin saber ni cómo, ni cuándo, ni la estructura del mismo, no tiene sentido”.

Tampoco los empresarios ven con buenos ojos el cobro por el uso de las autovías. El vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Jaime López, se mostró totalmente en contra de la iniciativa.

En declaraciones a la agencia Efe, manifestó su “absoluta oposición a esta carga fiscal”, y recordó, como han señalado en otras ocasiones, que la “presión fiscal es insoportable en este país”. Por tanto, a su juicio, no se pueden plantear “medidas de este calado”.

López augura que este gravamen tendría efectos “muy importantes en la economía de las familias”, pero también en las empresas, al encarecer el transporte por carretera.

El responsable de los empresarios gallegos apuntó que “si hay que reequilibrar los presupuestos, a lo mejor hay que empezar a pensar en una reforma profunda de la administración”, una alternativa a “seguir cargando sobre los contribuyentes”.

FECHA ORIENTATIVA. La ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó que la fecha que se está barajando, el 2024, para empezar a cobrar por el uso de las autovías “puede ser orientativa”.

Así, Montero recalcó que la implantación de los peajes va a depender de cómo marche la recuperación económica y de los niveles de crecimiento del PIB previos a la pandemia.

La portavoz hizo hincapié en que se trata de una medida que están “estudiando” y en la que están trabajando. Montero remarcó que forma parte de “un proyecto integral” pensado para lograr “una movilidad sostenible”.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, aseguró que se trabaja en este proyecto “con diálogo y consenso” por parte del Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos.

Una medida que, según Montero, forma parte de “un paquete” que posibilitará “homologar el mantenimiento de las carreteras en España a lo que ocurre en países vecinos”.

Dentro del intento del Ejecutivo central de impulsar esa “movilidad sostenible” y con “un transporte del siglo XXI”, Montero subrayó que el Gobierno prevé una treintena de iniciativas estratégicas sobre movilidad sostenible. Para lograrlo, van a hacer un esfuerzo inversor de 10.000 millones de euros y “una apuesta sin precedentes para facilitar las alternativas al vehículo particular”, remató.