Se abre la vía del acuerdo sobre la lei de saúde al margen del Constitucional

Después de varias semanas de tensión, Xunta y Gobierno de España trabajan ya para cerrar las heridas abiertas entre ambas instituciones a cuenta de la reforma de la lei de saúde aprobada en la Cámara do Hórreo con el único apoyo del PPdeG y avanzan en la vía del pacto.

En este sentido, el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, y el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, firmaron un acuerdo en el que se comprometen a buscar un entendimiento sobre las discrepancias al apartado segundo del artículo 38 al margen del proceso abierto en el Tribunal Constitucional, que suspendió este aspecto normativo.

Para ello, ambas partes constituirán un grupo de trabajo con los representantes designados por cada una –hay que recordar que el Parlamento también acordó defender la reforma de la ley aprobada en la Cámara gallega el 25 de febrero– con la misión de “alcanzar un acuerdo extraprocesual respecto de las discrepancias manifestadas por la interposición del recurso de inconstitucionalidad” (asunto 1975-2021) en relación al apartado cinco de la reforma de la ley gallega de salud, que se corresponde con el nuevo artículo 38.2.

La segunda parte de este acuerdo, firmado en el marco de la comisión bilateral de cooperación Estado-Xunta con fecha 14 de mayo, también incluye “designar un grupo de trabajo con los representantes que señale cada una de las partes que proceda a desarrollar las negociaciones necesarias para tal efecto”.

El apartado cinco de la reforma introduce un artículo 38 a la lei de saúde con dos apartados, de los cuales, el Consejo de Estado avaló que se recurriese la segunda parte, como finalmente hizo el Gobierno, de forma que el Tribunal Constitucional, al admitir a trámite el recurso, dejó sin efecto este punto. Esta ‘segunda parte’ habla de medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando haya un peligro para la salud de la población.

Y para ello, además de otras actuaciones generales, establece que se podrán adoptar medidas de control de las personas enfermas, como el aislamiento domiciliario (actualmente los confinamientos de las personas que están contagiadas por el coronavirus), el internamiento en un centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado .

Entre las siete principales actuaciones de esta ‘segunda parte’, también recoge medidas de control para personas que hayan estado en contacto con personas enfermas (como actualmente los aislamientos de contactos positivos); o el sometimiento a medidas profilácticas de prevención, incluida la vacunación o inmunización.

Este apartado también habilita medidas de control del “entorno inmediato” de las personas enfermas o que hayan estado en contacto con ellas, así como de “zonas afectadas” (lugares geográficos), lo que puede conllevar, por ejemplo, la limitación de movilidad o circulación (como han sido los cierres perimetrales de ciudades o áreas sanitarias) o restricciones a las agrupaciones de personas (como el límite en las reuniones, tal y como está vigente en este momento en Galicia).

EL RESTO DE la norma, EN VIGOR. Con todo, el resto del texto continúa vigente y, de hecho, la Xunta para seguir con las restricciones que están vigentes actualmente en la comunidad, como son el cierre perimetral de municipios con incidencia máxima o el toque de queda en estos mismos ayuntamientos entre las 23 y las 6 horas.

Además, tal y como recogió la petición de ratificación de medidas presentada ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tras la caída del estado de alarma, lel Ejecutivo autonómico también se apoyó en su ley vigente y reformada para mantener los límites en las reuniones --seis en exteriores y cuatro en interiores, en toda la comunidad. El alto tribunal gallego avaló la actuación.