Se da por desarticulado el más potente grupo criminal dedicado a construir planeadoras en Arousa

Preparaban las planeadoras en modernas naves en la comarca de Arousa, la primera equipación de aparatos electrónicos e informáticos se realizaba en una nave industrial en Salamanca y se completaba en Portugal. Algunas incluso viajaban hasta Holanda y regresaban como productos de importación y la mayoría acababan en el sur de España para ser utilizada en el tráfico de hachís y cocaína, una fórmula novedosa ya que las lanchas en tierras holandesas hibernaban durante un tiempo hasta que regresaban a España.

Era un grupo muy activo que servía a las principales bandas de narcos que operan en la península. Ocho ya pasaron toda la Semana Santa durmiendo en prisión.

Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han cooperado para desmantelar una organización criminal con base en la provincia de Pontevedra que estaba especializada en fabricar embarcaciones de alta velocidad para ser utilizadas en el narcotráfico.

Dentro de la operación conjunta Munari-Cundinamarca-Tulipán, los agentes detuvieron a 22 personas y realizaron 27 registros en domicilios y lugares de seguridad de los investigados, según han comunicado este martes los cuerpos policiales.

La jueza del Juzgado de Instrucción 4 de Cambados ya decretó el pasado día 9 la prisión provisional comunicada y sin fianza para ocho de los implicados en la fabricación de en Arousa con el presunto jefe de la trama, un empresario sin antecendentes policiales cuya identidad corresponde a las iniciales P.V. y siete de sus principales colaboradores mientras que otros cuatro quedaron en libertad con cargos tras la retirada de sus pasaportee, la prohibición de abandonar territorio nacional y la obligación de comparecer ante las autoridades judiciales y policiales cuando sean requeridos.

Todos ellos están investigados por delitos de contrabando continuado, pertenencia a organización criminal y contra la salud publica, además de la infracción administrativa que conlleva la construcción y uso de embarcaciones prohibidas por una ley de 2018. El resto de los inicialmente detenidos quedaron en libertad, algunos ya en dependencias de las fuerzas de seguridad.

En los registros fueron intervenidas más de 20 embarcaciones de alta velocidad, en diversos estados de finalización: seis de ellas estaban en disposición de ser botadas de manera inminente. También se localizaron una treintena de potentes motores fuera bordas que iban a ser usados.

La organización tenía personal con una alta especialización a la hora de fabricar y custodiar las embarcaciones, consideradas de “género prohibido” y que después eran empleadas para transportar, vía marítima, grandes cantidades de droga, en especial en la zona sur de España.

Asentada en la provincia de Pontevedra, la organización contaba con infraestructuras en otras provincias del país, como A Coruña, Salamanca, Madrid y Barcelona, donde también se efectuaron registros, además de en Portugal, en los municipios de Viana do Castelo y Valenca do Miño, donde participó la Policía Judiciaria portuguesa.

Era en diferentes ubicaciones de la provincia de Pontevedra donde fabricaban las embarcaciones, mientras que en Portugal finiquitaban los últimos detalles. Puestas a punto con los equipos necesarios para poder navegar, los miembros de esta organización las sacaban al mar en distintos puntos del país.