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Se reducen a menos de la mitad los derribos de obras ilícitas en Galicia

La pandemia redujo en 2020 los casos que afloró la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística // De 137 demoliciones se bajó a 62, que son un tercio de las 210 de 2018 // Las multas caen un 47,8 % y pasan de 345 a 180, por valor de 635.265 €

Los derribos de edificaciones ilegales en Galicia bajaron un 54,7 % en 2020 en relación con 2019, hasta situar el total en 62, en un ejercicio marcado por la pandemia de coronavirus, lo que motivó, entre otras cuestiones, un menor plazo para la ejecución. Así se desprende del balance de actividad de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), al que ha tenido acceso Europa Press.

Las 62 demoliciones son la mitad de las que hubo en 2019 (137) y un tercio de las ejecutadas en 2018 (210), e implican volver a cifras de hace una década, casi cuando comenzó la actividad de la APLU. En 2009 se ejecutaron 37 reposiciones de la legalidad urbanística en Galicia y en 2010 fueron 38, pero caso se doblaron en 2011 y 2012 hasta 72 demoliciones cada año. Desde entonces, la tendencia fue al alza, siempre por encima del centenar de demoliciones: 100 en 2013, 129 en 2014, 154 en 2015, 182 en 2016, 205 en 2017 y las 210 de 2018. En 2019 se había producido un bajón hasta 137.

Las 62 reposiciones de la legalidad urbanística ejecutadas el año pasado --mayoritariamente derribos, aunque también se puede tratar de archivos por licencias de legalización concedidas por los ayuntamientos y validadas-- se distribuyeron por provincias de la siguiente manera: 35 en Pontevedra (frente a 83 el ejercicio anterior), 21 en A Coruña (frente a 26), cinco en Lugo (hubo 20 de 2019) y una en Ourense (frente a ocho).

En términos relativos, la mayor bajada fue la experimentada en Ourense, del 87,5 %; seguida de la de Lugo, del 75 %; A Coruña, del 57,8 % y de Pontevedra, del 19,23 %.

El director de la APLU, Jacobo Hortas, precisa en cualquier caso que “los números no han sido malos”, incluso se fija en “datos muy buenos” si a lo que se atiende es a la actividad de los servicios provinciales, pues la apertura de actuaciones informativas se redujo un 6,35 % en un año excepcional, y se mantuvo por encima de las 800 (fueron 881 en 2019 y 825 en 2020).

También llama la atención sobre las inspecciones, que pasaron de 1.005 en 2019 a 730 en 2020, lo que refleja una disminución del 27,3 %, teniendo en cuenta el condicionante que supuso la crisis sanitaria para el desarrollo del trabajo de campo.

Las propuestas de incoación por parte de estos servicios provinciales aumentaron, desde las 368 de 2019 a 473 en 2020: la mayor parte en la provincia de Pontevedra, con 338, 56 en Lugo, 51 en A Coruña y 28 en Ourense.

Volviendo a las demoliciones, las ejecuciones subsidiarias (aquellas en las que luego el cargo correspondiente se le pasa al propietario) fueron ocho, cuando en 2019 habían sido 25 (-68 %): cinco en A Coruña (frente a 10 el año anterior), una en Lugo (frente a siete), una en Ourense (frente a tres) y una en Pontevedra (frente a cinco).

Mientras, los expedientes de reposición de la legalidad iniciados pasaron de 241 en 2019 a 170, lo que supone un descenso del 29,46%; y los resueltos bajaron de 268 a 161, un 39,9% menos.

La Consellería de Medio Ambiente (a la que se adscribe la APLU) argumenta estas bajadas por la suspensión de los plazos administrativos durante casi tres meses, así como la falta de presencialidad y comprobación in situ de algunas actuaciones a consecuencia del confinamiento.

Las multas descendieron un 47,8%, al pasar de 345 a 180. El importe recaudado por las multas coercitivas y sanciones (correspondientes a los departamentos de Urbanismo y Costas) cayó de algo más de 1,1 millones a 635.265 euros. En este caso también, el departamento autonómico vincula su disminución con que se vieron condicionadas las visitas de obra para verificar la reposición voluntaria de la legalidad por el infractor.

Análisis de Jacobo Hortas, director de la APLU
“Eso de tírate al monte y empieza a construir... Vamos siendo mayores y la ciudadanía es consciente de que no se puede hacer”
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El director de la APLU, Jacobo Hortas, admite que “puede haber un cambio” debido a la situación de anormalidad por la crisis del coronavirus y que haya “una tendencia” hacia más construcciones con irregularidades.

En cualquier caso, cree que “es muy prematuro” para sacar esta conclusión y apela a analizar los datos. Además, lanza un mensaje: no ha lugar a “impunidad ninguna” ya que “el territorio está supervigilado a día de hoy” con una tecnología “avanzada” que permite observar las actuaciones “casi en tiempo real”.

“Eso de tírate al monte y empieza a construir... Vamos siendo mayores y la ciudadanía es consciente de que no se puede hacer”, expone Jacobo Hortas.

En este sentido, avisa de que la Xunta no será “nada condescendiente” en caso de detectar ilegalidades y asegura estar haciendo “un esfuerzo” durante este año para “solventar los desajustes” que ha implicado el año del estallido de la COVID.

Con todo, ve “más prudente” apuntar que el ajuste se materialice en 2022 que en 2021, debido a que por el momento aún no se ha recuperado al 100% la normalidad. Por último, sobre el plan de inspección de la agencia, ha avanzado que “quizá haya cambios” relativos a las multas, pero los limita a un “pequeño reajuste”.

27 mar 2021 / 19:20
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