Solo un 2% de los gallegos con carencias materiales severas recibió ayudas en 2020

Únicamente el 2% de la población gallega con dificultades materiales graves recibió una ayuda de emergencia social durante el año 2020, en plena pandemia. Así lo constata un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que apunta que en toda España un 43,2% de la población que sufría ese nivel de carencia recibió prestación durante ese año. En ese indicador, la comunidad gallega es la última comunidad.

El documento recuerda que 3.305.073 personas de nuestro país sufren graves carencias materiales, según los indicadores europeos (Tasa AROPE) publicados por el INE. Son un 7% de la población española, que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades más básicas. En el caso de Galicia el porcentaje es del 5,2%, lo que la coloca en el décimo puesto respecto al resto de comunidades autónomas. Este indicador lo encabeza la Comunidad Valenciana, donde el 11,5% de su población vive en situación de necesidad, seguida de el archipiélago canario (10,7%). La comunidad con menos habitantes en esta difícil situación es Aragón (1,7%).

Si se extrapola ese dato sobre la población total, Galicia es la comunidad con menos perceptores de esta ayuda (0,1%) y Cataluña la que más (5,6%), siendo la media en toda España del 3%.

Otro dato destacable de Galicia es que también ocupa el último puesto en el ranquin de comunidades autónomas con mayor inversión en ayudas de emergencia por habitante. La autonomía que encabeza el ranquin es el País Vasco, que invierte 20,8 euros por persona frente a los 1,1 de Galicia, inferior a la media nacional (7,1). Sin embargo, la comunidad gallega destaca como la segunda comunidad que más dinero otorga a cada perceptor de estas ayudas destinadas a cubrir necesidades básicas, concretamente 1.132 euros, una cifra muy superior a la media nacional que se sitúa en los 235 euros.

CAMPAÑA CONTRA LAS DIFICULTADES BUROCRÁTICAS. La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha denunciado este martes en un comunicado “el entramado burocrático, innecesario y cruel”, que dificulta a cientos de miles de familias que las necesitarían, percibir ayudas de emergencia social, instando al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para agilizar estas ayudas que ofrecen los servicios sociales de las entidades locales y que en 2020 percibieron un total de 1.428.216 personas en España (3% de la población). Ayudas que están destinadas a cubrir necesidades básicas como comer, vestirse o pagar el alquiler.

Según la entidad, existen diferencias por territorios en esta cobertura. Así, en La Rioja el número de perceptores (10.808) es superior al de personas con dificultades materiales graves (7.355) y en Cataluña hay cobertura del 91%. Por el contrario, en Galicia solo alcanzan, concretamente al 1,9% de su población con dificultades materiales graves. Respecto a la cuantía, las diferencias entre comunidades son también notables y van desde los más de mil euros de media en Castilla La Mancha (1.210), a los 91 euros en Andalucía. Según los directores de Servicios Sociales son muchas las entidades locales que han incrementado sus presupuestos destinados a estas ayudas en los dos últimos años, pero “los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas”.

“Hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificarlas ante la Intervención son dificultosas y humillantes”, sostiene el colectivo.

Para la asociación, la estricta interpretación” de la norma que considera estas ayudas como subvenciones, es una de las causas de esta situación, por lo que urge modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa.

Asimismo, reconocen que aunque el Ministerio de Derechos Sociales ha incrementado en 2021 el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales hasta cien millones de euros “la burocracia y el retraso en la transferencia de estos créditos hace que su uso haya sido limitado”. Ante la “angustiosa” situación de las familias y personas gravemente afectadas por la actual crisis, la asociación considera que corresponde al Gobierno adoptar medidas efectivas para que puedan recibir las ayudas necesarias con la inmediatez que su situación requiere.

En definitiva, los directores y gerentes plantean la necesidad de derogar el procedimiento administrativo que hace que las ayudas de emergencia social sean tratadas como cualquier subvención (incluso millonaria) a una entidad, y vincular su concesión y pago a procedimientos ágiles basados en la prescripción social facultativa del profesional de referencia de los Servicios Sociales municipales.