Suben bombona de butano, gasolina y es posible que también la luz
Acumulado de malas noticias en materia energética para los hogares, empresas, negocios y especialmente las granjas en la comunidad gallega. Primero, por la bombona de butano, donde Galicia consumo alrededor del 9 % de todo este gas envasado en España, seis millones y medio de setenta millones de unidades. Desde Facua avisaban de que ésta fuente energética vuelve a subir un 4,9 % en marzo hasta situarse en los 13,96 euros. Con esta nueva revisión, el formato estándar de 12,5 kg, se dispara 65 céntimos por encima del dato de enero, en lo que es el precio más alto desde enero de 2019, cuando costaba 14,58 euros.
El caso es que suma y sigue. La gasolina se encareció esta semana un 1,4 % con respecto a la anterior y encadena su decimoséptima subida consecutiva, tocando así ya máximos desde finales de enero de 2020 y acumulando un alza del 14,8 % desde noviembre. En España el precio medio por litro ascendió a 1,311 euros, su nivel más alto desde la semana del 27 de enero del año pasado, según datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press. En Galicia esa cifra se queda pequeña: de media ya supera los 1,34 €.
En cuanto al gasóleo, se mantuvo estable esta semana en el conjunto del Estado tras acumular 16 subidas consecutivas, repitiendo los 1,173 euros el litro. No obstante, continúa en su nivel más elevado desde la segunda semana de marzo del año pasado. En la comunidad gallega, según datos del Geoportal de Hidrocarburos cotiza a 1,22.
Malos tiempos para llenar el depósito, y si atendemos al último comunicado de la CIG, ojo cuando encendamos la luz, el horno, la aspiradora o la lavadora en casa a partir de junio, y ya no digamos si se tiene una explotación agroganadera donde hay que ordeñar decenas de vacas y que, según denuncia UUAA, han visto crecer en lo que va de año un 20 % sus costes de producción, no así lo que perciben por litro de leche, que está estancado.
La CIG señala que las facturas anuales de la luz pueden subir entre un 14 y el 32 % por la nueva regulación del sistema de tarifas que está preparando el Ministerio para la Transición Ecológica. Alegan que la CNMC elaboró un “proxecto de orde pola que se establecen os prezos dos cargos do sistema eléctrico e dos pagos por capacidade que resultan de aplicación a partir do 1 de xuño de 2021”. El sindicato presentó alegaciones solicitando su retirada y reconsiderar los peajes y los cargos para no penalizar, sobre todo, el consumo doméstico y determinadas actividades económicas “con forte implantación no país como son as pequenas explotacións gandeiras, o sector da hostalería ou as pemes”.
En los hogares la nueva distribución en la tarifa 2.0 TD –que pasa a tener dos potencias y tres períodos– afectaría especialmente a los consumidores que actualmente tienen discriminación horaria, especialmente a los que cuentan con acumuladores y termos eléctricos. Éstos podrían subir un estacazo del 14 al 32 % en su factura, al reducirse de 14 a 8 horas la franja horaria más barata. Recuerda la CIG que en Galicia hay más de medio millón de usuarios con la tarifa doméstica “por excelencia”, la 2.0DHA, que relevó a la antigua tarifa nocturna.
En cuanto a las granjas, temen que se vean afectadas más de 10.000, que verían dispararse su recibo energético en más de 800 €, pues consumen más luz a horas que coinciden con los horas punta, más caras, de la tarifa. La CIG calcula que el alza podría superar incluso el 41 % anual. Consideran que el impacto podría ser similar en otras actividades con similar perfil de consumo, como la golpeadísima hostelería por la pandermia. En cuanto a las pymes, las que contratan la tarifa 3.0 TD deberán estudiar de forma pormenorizada su consumo real para adaptar la potencia contratada y poder aclimatarse a cada uno de los seis períodos que se recogen en las nuevas disposiciones, negativas para Galicia a su entender, del Gobierno central.
Desde el sindicato apuntan, además, que el atraso en la actualización del parque de contadores para su integración en la nueva estructura de las tarifas de acceso, impide que los usuarios puedan adaptar sus consumos a los períodos más económicos y aprovechar así las oportunidades creadas por el regulador, desvirtuándose “o espírito da norma de contribuír ao aforro e a eficiencia enerxética no consumo final”.
Indica la CIG en su escrito de alegaciones al Gobierno central que tenga en consideración “os impostos que gravan o consumo de enerxía eléctrica”. Vuelven a reclamar la retirada del impuesto especial de la electricidad, apuntando que se concibió para un fin que “no momento actual, non ten sentido que siga en vigor”. Otra reclamación es que se revise el tipo aplicado en el IVA siguiendo el ejemplo de otros gobiernos de la UE, para así limitar “a forte carga impositiva que sobre o consumo de electricidade existe no Estado español”.
Según los datos adelantados del Informe del Sistema Eléctrico de 2020 de Red Eléctrica de España (REE) en 2020 “e malia a parálise case total das centrais de Meirama e As Pontes”, Galicia exportó el 29,2 % de la luz que generó. Es por ello que el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, calificó de “intolerábel que as familias galegas e as actividades económicas asentadas en Galiza teñan que seguir afrontando subas nas tarifas eléctricas, cando somos un país excedentario na produción de enerxía”. En el citado documento del gestor energético se apunta que la comunidad produjo 24.553 XWh de los que el 75 % procedieron de fuentes renovables.
“Porén, continuamos sen ter unha tarifa galega propia máis xusta que garanta o dereito á enerxía, axude a combater a pobreza enerxética e favoreza o noso desenvolvemento económico e social. Asumimos os custes sociais e ambientais desta actividade, pero non obtemos a cambio ningún beneficio; ao contrario, vemos como a nosa industria periga precisamente polo alto prezo da electricidade e como milleiros de fogares teñen serios problemas para poder pagar a factura luz”, advertía Carril.
El líder de la CIG denuncia que sigue sin haber políticas públicas para ordenar el proceso de descarbonización de la economía, “porque esta transición estana dirixindo as eléctricas atendendo os seus propios intereses”. Y, en el caso de Endesa y Naturgy, “sen asumir ningunha responsabilidade social polo peche das centrais térmicas ou destruíndo emprego co peche dos centros de control de Iberdrola na Rúa de Valdeorras ou de Naturgy na Coruña”.
Frente a este “modelo de espolio”, Carril subrayó que para que la transición sea “realmente xusta e democrática debe implicar avanzar na nosa capacidade de decisión sobre os nosos recursos e recoñecer a enerxía como un ben básico que ten que estar ao servizo do pobo”.
A pesar de que han crecido desde principios de año el precio de las materias primas un 20 %, el valor de la leche se mantiene en los niveles de 2020 “y en algunos casos con una pequeña bajada” de lo que paga la industria. Así lo denunció el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, quien recordó que el “Ministerio de Agricultura vendió a bombo y platillo que nadie iba a poder producir por debajo de lo que costaba producir, o que ninguna industria láctea iba a pagar menos por una producción agraria de lo que cuesta producir, en definitiva que los costes de producción eran determinante a la hora de fijar los precios”.
Sin embargo, lejos de eso “a la industria le sale barato incumplir la ley y el gobierno no tiene herramientas para castigar este tipo de comportamientos”, subrayó. Al respecto, el dirigente agrario reveló que “se están firmando contratos a un año (industria y productores) de recogida de leche al mismo precio o en algunos casos con una pequeña bajada con respecto al año pasado y sin tener en cuenta el incremento de las materias primas en más de un 20 %”.
“Hoy un litro de leche cuesta un céntimo y medio más producirlo que en el mes de diciembre, sin embargo en el precio a abonar no somos capaces de poner ese incremento”, lamentó. Asimismo, Roberto García ha constatado que “en el sector de la carne se incrementó en 20 ó 30 céntimos (la materia prima) o en los pollos 20 céntimos”. “Esto repercute en los ingresos de los ganaderos”, avisó. El recientemente reelegido secretario xeral de Unións Agrarias –treinta y dos años lleva en el cargo– abundó que “prácticamente el sesenta por ciento de una explotación se lo lleva la alimentación”.
En cuanto al coste de producir un litro de leche ha puntualizado que en “las explotaciones más eficientes, entre 34 y 36 céntimos, y ninguna industria paga esos precios en Galicia que sí pagan en otras comunidades autónomas”. “Es algo sobre el que el gobierno de la Xunta debería de reflexionar, como es posible que un litro de leche en Asturias se paga entre 3 y 4 céntimos más que en Galicia, porque el argumento de que estamos en una esquina no vale mucho cuando Oviedo está a la misma distancia de Madrid que de Santiago de Compostela”, reprochó García.
Después de que lo adelantase el martes Unións Agrarias como un hito gracias a sus esfuerzos, el Sindicato Labrego Galego (SLG) destacaba también el jueves por medio de un comunicado que la Justicia fallaba “contra a tributación inxusta aos dereitos de pago único tralas reclamacións do SLG”. La Agencia Tributaria daba la consideración de ganancia patrimonial a la transmisión de estos derechos entre cónyuges en régimen de gananciales y de padres y madres a sus descendientes.
Ahora el SLG conoce también las primeras resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia que estima las reclamaciones interpuestas contra las liquidacións del IRPF por dichas transmisiones de derechos de las ayudas europeas del pago único intrafamiliares.
Desde los servicios jurídicos del SLG alegaron en su día que no había una ganancia patrimonial, tal y como pretendía la Agencia Tributaria. Esto es así porque las transmisiones de derechos de pago único dentro del núcleo familiar se hacían sin intercambio económico y permanecían dentro de la misma unidad familiar, pues las explotaciones en las que se venían produciendo estas situaciones eran de base familiar, realizando las transmisiones para que continuase la actividad de las mismas en lugar de cerrar. Así, afirman, se dieron numerosos casos en los que el fisco revisó las declaraciones de IRPF de las personas que se jubilaron y transfirieron los derechos de pago único dentro del núcleo familiar, en favor de cónyuges o de hijos e hijas, “esixíndolles en todos os casos tributar por unhas ganancias patrimoniais que nunca se chegaron a producir”.
A pesar de ello, sus repetidas alegaciones no fueron tenidas en cuenta, “e obrigaron ás persoas que estaban nesa situación a pagar cantidades importantes de diñeiro, e logo impugnar as resolucións ante o Tribunal Económico-Administrativo, que tardou case tres anos en resolver os primeiros casos”.
Explican desde el SLG que aún faltan por resolver los casos en que las transmisiones fueron realizadas entre padres y descendientes, “pero as resolucións que coñecemos a día de hoxe xa evidencian o inxusto trato que estiveron recibindo as explotacións gandeiras por parte da Axencia Tributaria”.
No es la primera vez que se acaba dando la razón a los recursos, apuntan en su comunicado, como ocurrió “coas axudas de primeira incorporación á actividade agraria, nas que finalmente se acolleron os recursos presentados polo Sindicato Labrego Galego, conseguindo que as persoas que se incorporaban á actividade non tivesen que pagar mais do que lle correspondía”. Desde el SLG que comanda Isabel Vilalba prometen que “seguiremos traballando para que as explotacións labregas galegas non sexan tratadas inxustamente pola administración tributaria, pois xa teñen enriba unha carga fiscal suficiente”.