Suspenden el plazo de la familia Franco para vaciar Meirás

Revés a los Franco, familiares del difunto dictador, que ya no podrán retirar “las cosas, bienes u objetos” que se encuentran en el Pazo de Meirás (Sada) tras haberlo determinado así el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña. Paralelamente, la Xunta requirió este martes a los afectados toda la documentación adicional para formalizar la solicitud de traslado que concierne a las estatuas del Mestre Mateo.

Por la vía judicial, el tribunal herculino ha cancelado el plazo de un mes concedido a los descendientes del dictador para sustraer las propiedades muebles que alberga esta vivienda hasta que no haya una resolución firme sobre los recursos presentados, tal y como han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

No obstante, la magistrada ha solicitado al Estado, conforme pedían los anteriores, que mande “la información y documentación de la que disponga y haya manejado para determinar la necesidad de acometer obras en el Pazo de Meirás” al ente judicial, viéndose así obligados a justificar todas aquellas contrataciones de emergencia que formularon para reformar el lugar.

En esta línea, el Gobierno tendrá que detallar las obras específicas “que ha ejecutado, está ejecutando y/o proyecta ejecutar”, concretando de este modo el importe de las mismas, que deberá estar correctamente acreditado. Aun así, los jueces han rechazado que los familiares puedan proponer a los técnicos encargados de analizar los rincones afectados por las remodelaciones.

DOCUMENTOS. Como parte de los documentos que deberá enviar el Estado se encuentran la memoria vinculada a la declaración de emergencia que incluya las acciones determinadas (creada por la Delegación de Economía y Hacienda de A Coruña); los contratos para remediar las incidencias detectadas y aquellos relativos al servicio de jardinería; el trabajo realizado por la empresa, especificando las reformas y su coste, tanto las que se pretendan hacer en el inmueble como en las inmediaciones del mismo; y un informe sobre cómo están sus instalaciones eléctricas.

“A la vista de la prueba documental y de los informes periciales de los técnicos de la Administración, los demandados tendrán acceso y pleno conocimiento de las obras a realizar o realizadas y el coste fijado a cada una de ellas”, recalcan desde el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, indicando que la carga de la prueba correspondería “a la Administración” si se estimase el recurso de casación contra el auto que traspasa la propiedad del Pazo al Estado y los Franco exigieran el importe de los trabajos realizados por necesidad.

ACCIÓN DESDE EL GOBIERNO AUTONÓMICO. Por otro lado, también este martes, el Gobierno autonómico ha solicitado a la familia del dictador español que envíe la documentación adicional relativa a las esculturas del Mestre Mateo, con el objetivo de formular la solicitud de traslado.

La exigencia de la información, requisito obligatorio vinculado a dichas propiedades, que actualmente se hallan en las Torres de Meirás, llega como consecuencia de su consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) y también se hace extensible al caso de la conocida y simbólica Biblioteca de Emilia Pardo Bazán.

En este contexto, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, como departamento especializado y encargado de la materia, recordó a los Franco que las estatuas de Abraham e Isaac y el abanico bibliográfico de la escritora gozan del máximo nivel de protección que les otorga la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia.

Así las cosas, si desean que se valore la petición de traslado que han formulado, deben remitir la documentación específica que hasta ahora no han enviado, algo para lo cual tendrán solamente 10 días de plazo. Con ello, dicha información tendrán que integrarla en una solicitud que detalle diferentes aspectos, tal como la conservación, seguridad y protección: condiciones imprescindibles ente un bien de estas consideraciones.

Mientras tanto, las propiedades involucradas continuarán en el interior del Pazo de Meirás hasta que la Administración gallega emita su pronunciamiento, disponiendo de tres meses para trasladar el mismo. De este modo, según indican desde la Xunta, vuelven a ejercer sus competencias en defensa del patrimonio de todos los gallegos, como han hecho desde que comenzó el proceso.