Suspenden las actuaciones de Meirás hasta saber si el mobiliario es parte del pazo

Todas aquellas actuaciones que conciernen al Pazo de Meirás han sido suspendidas este jueves por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña hasta resolver si los bienes muebles son parte de la propiedad y las fincas que los Franco deben entregar al Estado, tal como había decretado en una sentencia que fue ratificada por la Audiencia Provincial herculina: contra ella, los familiares del fallecido dictador todavía pueden interponer recursos.

Así las cosas, en la pasada resolución en la que se declaró que el pazo es propiedad del Estado español “no se condena a los demandados a entregar los muebles existentes en las distintas dependencias al Estado”, por lo que, tal y como determinó la Audiencia Provincial, es tarea de las distintas administraciones públicas “promover el correspondiente incidente de ejecución para discutir y resolver sobre cuál es la extensión de la sentencia que se ejecuta”.

Por estos motivos, la Administración General del Estado ha presentado ya un incidente de ejecución en el que demanda la “necesaria conservación del inventario” autorizado en su día por el juzgado, así como una segunda cuestión incidental en la que demanda la “delimitación de los bienes integrantes y pertenencias” del recinto teniendo en cuenta el artículo 334 del Código Civil, en el que se definen los bienes inmuebles. Por su parte, el Ayuntamiento de Sada reclama que se incluya, a efectos de ejecución de sentencia, el mobiliario como parte Meirás.

En consecuencia, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña tramitará las tres cuestiones incidentales conjuntamente y las resolverá al mismo tiempo. En este sentido, contra la providencia dictada este jueves también cabe presentar recurso de reposición en el plazo de cinco jornadas.

el gobierno gallego apunta al ejecutivo central sobre su responsabilidad. Paralelamente, la asesoría jurídica del Gobierno autonómico subrayó que Meirás es un “bien estatal” y que debe ser el Estado el encargado de ampliar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de los muebles. Del mismo modo, dijeron que el razonamiento de la Abogacía del Estado sobre la administración competente para tal efecto está poniendo “en riesgo” la “tesis principal” del pleito que hizo posible arrebatarle a los Franco dicha propiedad.

Así se lo indicaron a Europa Press desde la Consellería de Cultura en base al informe que han elaborado los letrados del Ejecutivo gallego, un resultado que no cuadra con los argumentos emitidos por parte de la Abogacía del Estado.

Ante esta situación, siguiendo la estela que dejaron las declaraciones emitidas recientemente por su conselleiro, Román Rodríguez, remarcan que los mandos de Feijóo y Sánchez coinciden en “la misma voluntad y el mismo objetivo de proteger el patrimonio de todos los gallegos en Meirás”, conforme al mencionado documento, pero hay que hacerlo “con las máximas garantías”.

“Meirás es un bien estatal afecto a un servicio público gestionado por la Administración General del Estado”, añadieron en sintonía con sus abogados desde la Xunta, recordando que así se defendió durante el juicio que finalmente trajo consigo la vuelta de Meirás al dominio público.

“Esto hace que la administración competente para la ampliación del BIC sea el Gobierno central en base a la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985”, señalaron además desde la Consellería de Cultura, apuntando que, por el rifirrafe de los servicios jurídicos de ambas administraciones, promovieron firmar un convenio de colaboración.

Por su parte, el Estado indica que es obligación de su Administración, “como propietaria del Pazo de Meirás”, poner en conocimiento de la Xunta “la existencia de diversos bienes, muebles o inmuebles, claramente asociados a los valores históricos que justificaron la declaración del BIC del Pazo de Meirás”.