Titán III: piden cerrar el caso al no haber permiso para abordar el barco

Santiago. La Audiencia Provincial de Pontevedra acogió este miércoles, tras tres suspensiones, las cuestiones previas del juicio por los 1.700 kilos de cocaína comisados en agosto del 2018 a bordo del remolcador Titán III, entre las islas Azores y Funchal. En este contexto, parte de la defensa pidió la nulidad de la causa ante la supuesta inexistencia de la autorización para asaltar esta embarcación.

Aunque inicialmente fueron arrestadas una treintena de personas en el marco de esta investigación, finalmente el proceso judicial se dirige contra un total de 21 personas. Con todo, este miércoles solo se sentaron en el banquillo 18, toda vez que uno de los acusados ha sido dado por muerto y otros dos están autorizados para no comparecer durante este turno de las cuestiones previas.

Las penas solicitadas por el Ministerio Público para los veintiún encausados oscilan entre los nueve y los trece años y medio de prisión como autores de un delito contra la salud pública. Además, se solicitan multas de entre 200 y 340 millones de euros para cada uno de los acusados.

Como era previsible, gran parte de estas cuestiones previas de la defensa han instado la nulidad de actuaciones por supuestos defectos en la instrucción, que, a su entender, originaron lagunas y falta de orden en todo el procedimiento con perjuicio para sus representados.

Como suele ser habitual en las causas por narcotráfico, los abogados de los acusados han alegado contra las escuchas telefónicas, contra los registros realizados en varios domicilios o incluso por la declaración de los procesados en sede judicial, al entender que se hicieron irregularmente por lo que sería “pruebas ilícitas” y sin ellas hay un “vacío probatorio”, por lo que el juicio debe suspenderse.

También han argumentado indefensión ya que, según han explicado, no tuvieron acceso a todos los autos y actuaciones que se realizaron en el marco de este procedimiento judicial.

INEXISTENCIA DE AUTORIZACIÓN. En la sesión, algunos letrados de las defensas coincidieron al señalar entre los motivos para la suspensión de la causa la inexistencia de autorización por parte de las autoridades panameñas para inspeccionar en aguas internacionales el remolcador. Además, indicaron que la ubicación y seguimiento por GPS del Titán III se realizó sin amparo judicial.

Por su parte, el fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, rechazó las pretensiones de los letrados de las defensas rebatiendo punto por punto cada una de ellas y detallando que las medidas sobre el buque se adoptaron en aguas españolas.

Además, la Fiscalía sostuvo que hay un “abanderamiento ficticio” del barco en Panamá cuya relación “no está acreditada”, ya que solo se asoció a dicho país “para desconectarse de cualquier actuación de las autoridades españolas” y Panamá tampoco reclamó su autoridad sobre el barco.

En esta línea, la presidenta del tribunal señaló que, de todas las cuestiones presentadas por las defensas, la única que podría derivar en la suspensión del juicio sería la relativa a la jurisdicción del barco y avanzó que su decisión será comunicada a las partes antes del 20 de septiembre, fecha que se iniciará la vista oral con las declaraciones de los acusados. ecg / efe