Transportes ordena que se revise la seguridad de la Autopista del Atlántico
El Ministerio no comparte los datos de Audasa sobre sus tarifas y recuerda que está elaborando un real decreto para reducirlas
Un día después de que el Concello de Pontevedra haya sancionado a Audasa, por el mal estado del viaducto de la AP-9 que pasa por el barrio de Mollavao, el Ministerio de Transportes ordenó una inspección de seguridad en toda la autopista para identificar elementos susceptibles de mejora y realizar actuaciones preventivas de ser preciso.
Lo anunció este jueves el departamento que dirige José Luis Ábalos. En un comunicado, no obstante, recuerda que la AP-9 está consolidada, entre los viales de pago más seguros de España en base a los datos de accidentalidad. Éstos indican que el riesgo de fallecer en esta vía presenta un índice de mortalidad dos terceras partes menor.
Por otra parte, Transportes no comparte los datos de las tarifas de la autopista, que citó Audasa en su comunicado del miércoles, porque no se corresponden con el análisis de precios del Ministerio.
La empresa informó que sus peajes son un 0,7% inferiores a la media de las 26 autopistas estatales, según el último análisis ministerial. Precisó que su precio medio por km es de 10,87 céntimos frente a los 10,95 de la red del Estado. Y que con descuentos el precio medio, para la mayoría de conductores en 2021, es de 9 céntimos por km, un 18% más bajo que la media.
Transportes lo rechaza y añade que está elaborando un Real Decreto para reducir las tarifas medias de la AP-9.
El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, pidió ayer al Gobierno que ejerza “presión” sobre la concesionaria de la AP-9 para “quitarle cualquier cheque en blanco” ante la reciente reclamación de Audasa de que se le compense la caída de tráfico por la pandemia. Pero defendió la negociación entre el Ejecutivo central y la concesionaria de la autopista AP-9 para aplicar unas bonificaciones en los peajes “con vocación de permanencia hasta el año 2048”.
De paso, Caballero reclamó a la Xunta que “contribuya” económicamente a la aplicación de ese acuerdo, al considerar al PP “responsable” de la prórroga de la concesión hasta 2048. Y añadió que PP y BNG votaron en contra de los Presupuestos Generales, en los que se recogen las partidas para las bonificaciones.
RÉPLICA. Infraestruturas, en un comunicado, lamentó que el líder socialista anteponga el interés de su partido al de los gallegos. “Resulta bochornoso escuchar a Caballero demandar que la Xunta destine recursos del Presupuesto autonómico” a bonificar “los peajes de una autopista de titularidad estatal”, se expresa, y añade que el secretario xeral del PSdeG debe pedirle al Gobierno que cumpla lo antes posible sus compromisos de bonificar los peajes y revisar los acuerdos con Audasa.
Esta nueva polémica llega dos semanas después de que el presidente Feijóo acusó al Gobierno central y Audasa, de “actuar unidos” contra el interés de los gallegos. Lo hizo tras solicitar la empresa a la Xunta el abono de 24,5 millones al suprimirse en 2006 los peajes de Rande y A Barcala, cuestión que el Supremo en febrero de 2020 revocó.