Tres empresas gallegas harán el hospital Gran Montecelo de Pontevedra
La oferta de cien millones más IVA de Copasa, Grupo Puentes y Ogmios se impone a San José, Dragados y Ramírez, segunda
No fue un proceso fácil, pero tras varios intentos que acabaron en agua de borrajas, la Xunta licitó el pasado 7 de diciembre por 130 millones de euros las obras del Hospital Público Gran Montecelo de Pontevedra, que se iniciarán en junio y supondrían más de 2.600 profesionales trabajando en su construcción. Y, al fin, tenemos adjudicatario
Finalmente será la unión temporal de empresas (UTE) conformada por tres empresas gallegas, la ourensana Copasa, Grupo Puentes, de Oroso, y Ogmios, con sede en Culleredo, las que se llevaron el gato al agua. Su oferta, en lo puramente económico de 100,7 millones de euros más IVA, supero al medir el resto de los conceptos evaluables al resto de competidores. De hecho, según pudo saber este periódico se impusieron a otra unión de empresas conformada por la todopoderosa Dragados, el grupo San José que preside Jacinto Rey, y Construcciones Ramírez, dos empresas pontevedresas.
Trabajarán en un gran Montecelo que tendrá 35 nuevas camas cuidados intensivos, con siete de ellas dedicadas a uci pediátrica. También duplicará las salas de Urgencias al servicio de los pontevedreses.
Para la Xunta estamos ante una infraestructura sanitaria “estratégica” y en la que se prioriza la humanización “de los espacios”. El Gobierno gallego, cuando la sacó nuevamente a concurso tras fallidos intentos anteriores, planteó que tenía el máximo interés en agilizar este nuevo hospital para ponerlo al servicio de los usuarios “lo antes posible”. Con un plazo de ejecución de 42 meses se construirá un nuevo edificio hospitalario con una superficie de 92.000 metros cuadrados distribuidos en 10 plantas.
Entonces se explicó que la zona de basamento se distribuirá en dos edificios de cinco plantas, uno delantero para las consultas externas y otro atrás para las urgencias y el bloque quirúrgico, sobre los que se elevará un tercer edificio que albergará el área de hospitalización
Se sostuvo entonces que el interés “máximo” del Gobierno gallego era ejecutar los trabajos del nuevo hospital público con todas las garantías y conforme a criterios de eficiencia y calidad sanitaria, lo que llevó a elevar el presupuesto inicial del contrato en quince millones de euros, tras anular el primer intento.
La Xunta prevía invertir un total de 155 millones para dotar a Pontevedra y a los vecinos del área de un hospital “renovado y de referencia”, ya que en una segunda fase se reformará el edificio hospitalario actual con una inversión de 25 millones de euros.
Se trata de un importante éxito para Copasa, Ogmios y en especial para Puentes, cuyos nuevos propietarios, China Road and Bridge Corporation (CRBC), ve refrendada la calidad de su equipo laboral.
··· Lo adelantó EL CORREO GALLEGO a finales de enero, pero ahora lo certifica la Federación Gallega de la Construción: frente a los mayores datos de Seopan, la patronal gallega indica que el año pasado la inversión en obra pública en Galicia ascendió a 995,8 millones de euros, lo que significa un aumento del 8,47% con respecto al 2019 a pesar de la crisis del coronavirus.
··· El ‘Informe de Licitación de Obra Pública 2020’ apunta a que la Xunta fue la principal administración en inversión con 398,3 millones, el 40% del gasto público total en la comunidad; seguida de los ayuntamientos, con más de 269 millones (el 27,1 %); del Estado, con casi 236,5 millones (el 23,7 %); las diputaciones, con 60,4 (6,1 %); y el grupo universidades y otros, con más de 31,4 millones (3,1 %).
··· Entre 2019 y 2020 el gasto del grupo ‘universidades y otros’ en licitaciones creció un 63,9 %; la Xunta lo hizo en un 23,1 %; las diputaciones en un 13%; y el Estado solo el 3,9 %. Por el contrario, los municipios vieron caer un 8,6 % su obra pública.
··· A la vista de estas cifras, los constructores gallegos destacaron la “apuesta decidida por la inversión y por la reactivación de los procesos de licitación” de la Xunta, al suponer el 40% del total invertido en la Comunidad. Esto “contrasta con los datos a nivel estatal”, donde los procesos de obra pública “llegaron a caer cerca del 30%”.
··· No obstante, este colectivo advierte que “algunas” instituciones, principalmente las locales, “no están desarrollando la contratación pública dentro de la obligación general de tramitación electrónica”, sino que siguen siendo “en papel y de modo presencial”. Es una circunstancia que los constructores consideran “preocupante” porque “incumple la ilegalidad vigente” y por “una cuestión de seguridad sanitaria”.