Trilero energético: ¿pasará la bola eléctrica a gas y gasolina?

El “no” del BNG al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) por penalizar “a las mayorías sociales y las clases populares en su condición de consumidores” verá este lunes sus posibilidades en el Congreso de los Diputados (Madrid). Allí se votará, en pleno, la enmienda a la totalidad presentada por la formación gallega, que busca echar atrás el Proyecto de Ley del Ejecutivo español para paliar los altos y criticados precios de la luz.

La iniciativa estatal, apunta el Bloque en el escrito, busca “redistribuir los costes fijos del régimen específico de las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos (Recore)” que en estos momentos “soporta en exclusiva el recibo eléctrico” pero tiene trampa. Si bien supondrá una rebaja para el mismo, también pretende cargarse en los carburantes y el gas natural, provocando un “efecto contrario” en estos productos, “que se van a encarecer”.

Pese a que la norma no afectará a gasóleo B para usos agrícolas o navegación (incluida la pesca), además de incluir determinados mecanismos de compensación (por ejemplo en el transporte de mercancías por carretera, en el transporte de pasajeros o en taxis y servicios de alquiler de vehículos sin conductor, entre otros casos), el BNG destaca que con la regulación promovida por el Gobierno central “lo único que se logra es trasladar” la subida “de un producto a otro”. Un trilero energético que oculta altas cargas impositivas pasándole la bola de la electricidad al gas natural y los carburantes.

Tal como manifiestan, “no resulta aceptable” que “el proceso de descarbonización recaiga fundamentalmente sobre las espaldas de las mayorías sociales y las clases populares en su condición de consumidores y consumidoras de servicios básicos”. En esta línea, los nacionalistas añaden que la medida propuesta impactará especialmente en los hogares desfavorecidos y los que no tengan los recursos suficientes para adaptarse a las renovables.

“No sólo rechazamos la propuesta de este proyecto, sino que consideramos imprescindible un debate profundo y una reforma en profundidad del sistema eléctrico que realmente sirva para abaratar la factura y hacerla más justa socialmente”, concluye el Bloque en la enmienda, destacando que en ese diálogo “debe estar presente la nacionalización de las grandes compañías eléctricas” porque, indican, “la energía debe estar bajo control público si realmente queremos que su producción sirva al desarrollo social”.

PEOR PARA EL RURAL Y LAS MENORES RENTAS. A la posición del BNG, contraria a este Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que ahora veremos si logra reunir el apoyo suficiente para que el Proyecto de Ley sea devuelto al Ejecutivo español, se suman las conclusiones del estudio realizado por la Asociación Española del Gas (Sedigas), que fue publicado el pasado mes de junio.

Según consta en el mismo, en caso de aprobarse esta medida en el Congreso de los Diputados, la iniciativa tendría un impacto mayor entre aquellos consumidores que residen en zonas más despobladas generando todavía más desigualdades entre el ámbito rural y las grandes urbes.

Así las cosas, a través del análisis efectuado, corroboraron que los hogares de las áreas con menos habitantes usan un mix energético más dependiente de energía no eléctrica y que, dada su situación, hacen más desplazamientos y tienen mayor dificultad para emplear infraestructuras de transporte público o sustituir su vehículo por uno eléctrico.

Además, evidencian que el clima continental trae consigo un mayor consumo térmico que el mediterráneo o atlántico, y las seis CCAA más despobladas de España se ubican en esta zona climática. También que la penetración de calderas es tres veces mayor en la continental que en la mediterránea así como que la implantación de tecnologías de suministros energéticos dependientes de energía no eléctrica es superior en aquellos núcleos urbanos de menor tamaño y en los espacios rurales.

Por otro lado, conforme apuntan desde Sedigas, la experiencia internacional señala que si los FNSSE no están bien diseñados la carga de impuestos energético-ambientales recaerá sobre aquellos hogares de menor renta. Al igual que en los supuestos del rural, concluyen que las familias medias suelen mantener un mix energético que depende más de la energía no eléctrica, cuyo coste aumentaría con la medida, y que los hogares más empobrecidos tampoco tienen facilidades para comprar un vehículo eléctrico que evite el sobrecoste de hidrocarburos.

El estudio también hizo una simulación del impacto de la norma. Por comunidades, Galicia sería la octava más castigada, con un incremento de 190,6 euros en la factura energética media anual por núcleo familiar cada año. Asimismo, confirmando también el carácter regresivo de la medida, pues se reduciría más, en términos porcentuales, la renta de los hogares con menos ingresos, la investigación constata que el incremento sería de 220 euros en las zonas más despobladas del país.