Último intento, al filo de la bocina, para que se consiga cerrar la compraventa de Alcoa

Santiago. Vuelven a sonar los tambores de guerra sobre A Mariña, con la crisis industrial del aluminio retumbando y el pan de miles de familias, de nuevo, amenazado. La mesa multilateral sobre el futuro de Alcoa se reúne este jueves sobre las tres de la tarde sin indicios de que se pueda alcanzar un acuerdo para la venta en el plazo del 30 de abril que se dieron empresa y comité.

Esta situación, según advierten los representantes de los trabajadores desde hace días, aboca a la plantilla al regreso a la movilización, para exigir un futuro para la factoría y el mantenimiento de los empleos.

Las negociaciones entre la multinacional estadounidense y la sociedad estatal de participaciones industriales (SEPI) siguen estancadas, con el obstáculo de la petición de indemnidad ante eventuales reclamaciones judiciales que plantea Alcoa y las dudas sobre la viabilidad del comprador privado al que después se transferiría la fábrica.

En este contexto, este miércoles trascendía que la Abogacía del Estado se personará, para defender los intereses del Ministerio de Industria, en la causa penal que se sigue por la venta de las que eran factorías de Alcoa en A Coruña y Avilés. La querella fue interpuestas por la Confederación de Cuadros Profesionales contra las citadas empresas por blanqueo de capitales, insolvencia punible y otros delitos. Fuentes de la Delegación del Gobierno apuntaban que se pretende “defender los intereses” del Ministerio de Industria por las ayudas públicas concedidas por compensación indirecta de costes de emisiones contaminantes.

Ante este panorama, el comité de empresa de la planta de Cervo afeado al citado ministerio que esté “desaparecido” en la crisis del aluminio y advertía de que el PSOE “será responsable de lo que pase”. J. C.