Un año después la DEA continúa sin aportar datos sobre media tonelada de coca que se incautó en Ribadeo
La droga se requisó en aguas del Pacífico y fue trasladada a Galicia para una entrega controlada // La Audiencia Nacional está a la espera de que la agencia antidroga de EEUU justifique los detalles del operativo que contaba con autorización judicial
“Cada agencia trabaja de forma distinta y quizás la DEA tiene un concepto de operación encubierta algo diferente a lo que se piensa en nuestro país. En España una operación encubierta, o con la presencia de agentes encubiertos, tiene que ser autorizada por el juez y el fiscal”.
Esta reflexión realizada desde la Audiencia Nacional para explicar las vicisitudes que corren dos operaciones de narcotráfico en la que la DEA, junto a agentes antidroga gallegos, llevaron a cabo y que actualmente se encuentran pendientes de juicio en ese tribunal. Nos referimos al operativo denominado Terrón Dulce, en el que en marzo de 2017 se localizaron más de 2.500 kilos de cocaína al clan de los Boyacos en Padrón y Vigo, y la Dinastía en la que fue más de media tonelada que recogió el grupo del arousano Gerardo Rial Iglesias hace justo un año.
Las cursivas negritas (localizaron y recogió) se justifican ya que en ambos casos se trataba de alijos de droga que trajeron a España, con autorización judicial, agentes de la DEA para realizar una entrega encubierta que permitiera la detención de ciudadanos que estaban siendo investigados por la Policía Nacional, en un caso, y por la Guardia Civil en el segundo.
Si la resolución policial de ambos golpes al narcotráfico fue calificada de rotundo éxito la judicial lleva un recorrido bien distinto habida cuenta de las dudas legales que surgen con las actuaciones de la DEA, sobre todo después de alguna sentencia del Tribunal Supremo sobre operativos de similares características.
Este jueves se cumple un año de una de las operaciones cuestionadas. Era el 28 de octubre de 2020 cuando Gerardo Rial Iglesias y su lugarteniente José Ángel Rodríguez Oubiña junto a otros dos arousanos y dos ciudadanos serbios miembros del clan de los Balcanes, cuyas identidades responden a las iniciales P.P., de 36 años, y N.D., de 37, fueron apresados en Ribadeo cuando se disponían a recepcionar 560 kilos de cocaína, la primera parte de un jugoso envío que iban a distribuir por toda Europa.
A los cuatro gallegos los pillaron en el interior del chalé mientras que los serbios ni siquiera llegaron a la cita, los agentes les apresaron en la rotonda de acceso a la vivienda. En el operativo participaron miembros de los equipos antidroga de la Guardia Civil y agentes de la DEA, algo inusual y que llamó mucho la atención: normalmente los norteamericanos se encargan de avisar y facilitar información privilegiada pero en esa ocasión quisieron estar in situ tanto en las detenciones como en el recuento de la droga,
La razón la desveló en exclusiva EL CORREO GALLEGO el 21 de noviembre. Agentes encubiertos habían contac tado con los narcos y pactado la entrega de cocaína que unos días antes llegó a España en un avión custodiada por efectivos de la conocida agencia antidroga de Estados Unidos. Los 560 kilos aterrizaron en la base de Torrejón y fueron custodiados por números de la Guardia Civil hasta el momento en que se efectuara el simulacro de intercambio. Todo ello de forma legal: tanto la jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción como la Fiscalía había autorizado la operación.
Nada que objetar, ya que la legislación española permite este tipo de situaciones cuando se trata de localizar a personajes importantes: tanto la DEA como la Guardia civil tenían el convencimiento de que a la cita no acudiría Gerardo Rial Iglesias sino que estaría acompañado de una “pieza de caza mayor” que lleva años en el punto de mira tanto de los estadounidenses como de la policía de nuestro país.
Los seis detenidos ingresaron en la prisión de A Lama el 31 de octubre y un mes después se les trasladó al penal de Topas donde siguen encarcelados cuando está a punto de cumplirse un año como preventivos. La jueza magistrada en el auto de ingreso en la cárcel señalaba a Gerardo Rial como el cabecilla de la organización, le acusaba de un delito contra la salud pública sobre sustancias que causan grave daño a la salud y señalaba que “a lo largo de la investigación documentar cómo ha dirigido el traslado y posterior recepción de una cantidad de cocaína de notoria importancia”.
De acuerdo con el sumario la operación se inicia cuando agentes del ECO Galicia, que llevaban tiempo investigando a Rial, reciben un mail de la DEA en el que se da cuenta de que en un operativo con agentes encubiertos incautaron en el Océano Pacífico 560 kilos de cocaína asegurando que el destinatario de la droga en España podría ser el grupo de Gerardo Rial Iglesias.
Añadía, además con todo lujo de detalles, que “había organizado el cargamento de la remesa de cocaína en un país sudamericano y su recepción en Galicia “apoyado por una organización de Serbia”.
Al mismo tiempo señalaba a sus colegas que la droga estaba en las oficinas de la DEA en Miami “bajo la tutela de la Fiscalía de Florida” y que autorizaban el traslado a España para una entrega controlada y poder pillar con las manos en la masa a los miembros de las dos bandas.
Tanto la magistrada como el fiscal dieron el OK a estos movimientos de acuerdo con la legislación española que permite este tipo de actuaciones aplicando criterios muy estrictos que, en ocasiones, la propia DEA bordea, como reconocen fuentes judiciales.
Lo cierto es que cuando va a cumplirse un año del operativo, y con todos los detenidos en prisión provisional, el proceso permanece encallado a la espera de que desde la oficinas de la DEA en Florida respondan a la comisión rogatoria enviada desde la Audiencia Nacional, a instancias de la propia fiscalía, según confirmaron a EL CORREO las defensas de los acusados gallegos.
En el auto de la magistrada se reclama el procedimiento abierto por la agencia norteamericana sobre dónde se incautó la droga, el barco que la llevaba, a quién pertenecía, de dónde provenía y cuál era su destino; habida cuenta de que la incautación, de acuerdo con la información facilitada por los agentes USA, se produjo en el Pacífico pero sin aportar más información.
La jueza, además, en el escrito enviado a la DEA pretende que incluyan la copia de la Fiscalía de Florida autorizando el envío de la más de media tonelada de cocaína a España en un avión de agencia antidroga de Estados Unidos.
··· En el auto de la jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional por el que decretó el ingreso en prisión de Gerardo Rial Iglesias se hace constar expresamente que las medidas cautelares se adoptan en base a “indicios sólidos” sustentados en la investigación de los agentes del Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil en Galicia, pero se reseña expresamente que todo ello “es con carácter provisional y sin que constituya prejuzgar sobre el fondo del asunto lo cual está reservado para el momento procesal posterior oportuno”. Lo hace constar a pesar de que “existen evidencias gráficas que evidencia que acudió a encuentros destinados a preparar la introducción de un cargamento de cocaína”
paquetes de cocaína de un kilo aproximado cada uno de ellos estaban perfectamente embalados y con el anagrama del escudo del Manchester United. En todo momento estuvieron bajo custodia de los agentes de la DEA destinados en la Embajada de EE.UU. en Madrid, como se puede comprobar en el vídeo que colgó el Ministerio del Interior.
Pendiente de completar cuando ya han transcurrido más de cuatro años está la otra gran operación, denominada Terrón Dulce, en la que se produjo otra entrega controlada de cocaína que la DEA también trajo a España y que tuvo lugar en el mes de marzo de 2017. Se desarrolló en Galicia y en la misma se detuvo a 24 personas entre los que estaban Ronald Alfredo Roa Aguirre, el Mono, y Julio Peñaranda Torres, Visage o el Loco, dos de los máximos responsables en España del cártel de Los Boyacos, que habían llegado a nuestro país y se instalaron a caballo entre Vigo y Santiago.
“Como parte de su plan criminal, se instalaron en Galicia para recibir los cargamentos que eran enviados del Caribe colombiano, acopiarlos, ocultarlos en vehículos de gama alta y distribuirlos en territorio español, en Bélgica y Países Bajos”, detalló la Fiscalía de Colombia tras el apresamiento de Peñaranda el pasado mes de septiembre en el departamento de Norte de Santander, en el país sudamericano.
Los dos líderes junto al resto de apresados permanecieron durante tres años encarcelados en España pero, debido a las dilaciones, el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decretó su puesta de libertad el pasado mes de mayo. Todos los colombianos volvieron a su país aunque tras el cierre del sumario se decretó la busca y captura de aquellos que no siguieran personándose ante las autoridades judiciales.
El loco Peñaranda, según las autoridades judiciales de su país, regresó a las andadas y “desde entonces hay indicios de supuestos nexos con disidencias de las FARC en Norte de Santander para reactivar las rutas de salida de cocaína”, según las autoridades de su país que también le atribuyen “posibles nexos con los carteles mexicanos de la droga y coordinar la producción de cocaína en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela”; es decir, que no perdió el tiempo y pretendía recuperar lo perdido tras 37 meses en las prisiones españolas.
En España el proceso también sigue encallado a pesar de que el pasado 23 de febrero el magistrado dictó una providencia dando traslado al ministerio Fiscal de la conclusión del sumario y su envío a sala para decretar la apertura de juicio oral. Fuentes judiciales reconocen que “no hay señalamiento ni se prevé a corto plazo”.
Habrá que esperar a que se produzca la extradición a España de Julio Peñaranda, algo que va para largo. “España ya ha enviado los documentos que el tratado establece para que sea entregado después de su detención. Todo eso lleva un proceso que se prevé largo ( varios meses) por el tipo de trámite que conlleva. Con Colombia no existe el procedimiento abreviado de extradición (extradición express), así q pasarán unos meses ( entre seis y ocho) antes de que sea entregado”. El narco colombiano, según confirmó su letrado en España, Francisco Miranda, no se opuso a la extradición, lo que podría prolongar el proceso.
Las dudas legales existentes sobre la entrega controlada, la Fiscalía de Colombia no valida las explicaciones de la DEA sobre una partida de dinero, juegan a favor de los procesados, según fuentes consultadas.
La operación Terrón dulce empezó a fraguarse cuando los agentes antidroga gallegos que estaban investigando los movimientos de unos ciudadanos colombianos que se habían instalado en Santiago y Vigo recibieron el aviso de la DEA de que miembros del clan de los Boyacos se habían desplazado a nuestro país con la intención de “inundar Europa de coca”, siguiendo las órdenes de Daniel Barrera, también llamado El Loco, considerado como uno de los narcotraficantes más poderosos.
Al cruzarse los datos saltó la alarma ya que tanto Ronald Alfredo Roa Aguirre como Julio Peñaranda Torres recibían órdenes directas del capo de los Barrera. La DEA, a través de los agentes españoles, propuso al juez de Vigo Juan Carlos Carballal organizar una entrega controlada para detener a los Boyacos. Se le dio el OK y la operación llegó a la Audiencia Nacional. Roa Aguirre y Peñaranda fueron detenidos en Pontevedra y Padrón cuando se hacían con dos toneladas de coca.
A partir de ahí surgieron los problemas. Se enviaron sendas comisiones rogatorias y en las respuestas la DEA aseguraba que la cocaína fue incautada en el Caribe con supervisión de las autoridades colombianas pero a la Fiscalía del país sudamericano solo le constaba la autorización para una entrega controlada de dinero, 210.000 dólares, en la ciudad de Cartagena de Indias, para pagar los servicios de un confidente. No se hace ninguna referencia a la aprehensión de la cocaína.
ENTREGA CONTROLADA. En la madrugada del 16 de agosto de 2001 se produjo un hecho que está marcado con letras de molde en la lucha contra el narcotráfico en España. En pleno Atlántico, en alta mar, los Geos de la policía española ponían fin a la intensa actividad de trasiego entre el mercante Agios Constandinos y el pesquero Tatiana, cuando ya se habían alijado una parte de los 186 fardos de cocaína, con un peso total que superaba las cuatro toneladas. Se detuvo a las dos tripulaciones y se lanzó el mensaje al centro de coordinación que estaba instalado en Madrid. Otros agentes esperaban la señal en Villaviciosa de Odón para acceder a un chalé y pillar a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, cuando dirigía, vía satélite, la operación de transbordo de la droga. Lo que no sabía Sito es que la mayor parte de la tripulación del Agios eran agentes encubiertos, los Geos, y que la cocaína la había alijado la DEA en el barco con la intención de pillarlo con las manos en la masa. En esta ocasión no había dudas legales ya que todo el operativo estuvo controlado por las autoridades judiciales españolas y se amparaba en la legalidad. Había mucho en juego y no se podían dejar cabos sueltos.