Un año sin juntas de vecinos
La pandemia de coronavirus ha puesto patas arriba la vida en general. Además de las restricciones sanitarias, la distancia social y el uso obligado de mascarillas otros aspectos del día a día que se daban por sentado se han trastocado. Uno de ellos son las cotas de juntas de vecinos o propietarios de inmuebles. Desde el mes de marzo pasado ha sido muy difícil si no imposible celebrarlas. Y por ley debe haber una cada año, cambio de presidente de la comunidad en el mismo plazo de tiempo, aprobación de presupuestos... Eso sin contar con las reuniones extraordinarias celebradas para decidir derramas, obras urgentes en los edificios o la petición de subvenciones públicas.
El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga) indica que normalmente tenían lugar en la comunidad autónoma alrededor de 50.000 juntas de vecinos ordinarias en la comunidad, a las que habría que añadir las 17.500 de carácter extraordinario. Y en el último año la reducción la cifran en un 80 o 90 %, según indica su vicepresidenta, Carmela Lavandeira, desde la ciudad de A Coruña.
Desde el Colegio señalan que en 2020 casi no se celebraron reuniones de propietarios al no poder mantener las medidas de seguridad, lo que está frenando reformas y reparaciones necesarias para el mantenimiento adecuado de los edificios. Sin embargo, en Galicia, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, los dueños de viviendas sí pueden acceder a ayudas y subvenciones sin acuerdo de las juntas, gracias al convenio que gestionó el Colegio Oficial con el Inega.
Las recomendaciones específicas de la Xunta y la imposibilidad de encontrar espacios que permitiesen respetar la distancia de seguridad, provocaron una reducción drástica de estas juntas, que son imprescindibles para gestionar correctamente una comunidad de propietarios, además de ser obligatorias por ley. “Se deben celebrar una vez al año”, explican en el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Coafga.
Decisiones tan importantes como el arreglo de un tejado, rehabilitar una fachada, poner un ascensor, aprobar unos presupuestos o reclamar deudas a los propietarios morosos, entre otras, requieren del acuerdo de la junta, y si esta no se reúne no se hace nada, lo que puede tener consecuencias nefastas para la comunidad.
La solución a este problema es la celebración de reuniones telemáticas, pero el vacío legal existente complica que las decisiones sean tomadas de forma virtual.
“Lo que ocurre es que la Ley de Propiedad Horizontal no incluye la modalidad online, y aunque no tienen por qué considerarse nulos los acuerdos tomados a través de esta vía (si se cumplen determinados requisitos), es posible que las decisiones tomadas en las juntas telemáticas sean impugnadas judicialmente, lo que puede crear futuros problemas”, señala el Coafga.
Quieren regular las reuniones virtuales y adoptar decisiones “en casos de urgencia” y, a la vez, que se suspenda temporalmente la obligación de reunirse una vez al año, como establece la ley. No hacerlo, argumentan, puede acarrear problemas legales (por ejemplo, que alguien impugne la firma de un presidente cuyo plazo de un año en el cargo ya ha vencido).
“Desde hace meses se está intentando a través del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas para que se cambie la normativa porque así no podemos seguir”, agregan desde Galicia. Finalmente, el pasado jueves se votó en el Congreso de Ministros una proposición no de ley del Partido Popular para aceptar las juntas telemáticas. Fue aprobada por unanimidad, con un abstención y sin votos en contra. Ahora deberá seguir su curso
El Colegio gallego recomienda las celebraciones telemáticas, opción que también apoyan desde la Xunta, pero ni los propietarios se animan –no disponen de las herramientas necesarias para hacerlo, como acceso a internet, o simplemente no conocen el entorno digital– ni los acuerdos son definitivos. Lavandeira explica que en ocasiones los presidentes quieren hacerlas presenciales todas las garantías pero los propietarios se niegan, o son los presidentes, de grupos de riesgo para la COVID, los que no se deciden, e incluso, que todos se pongan de acuerdo para celebrar la reunión pero no se encuentre un espacio adecuado para guardar las distancias.
Carmela Lavandeira explica que “las poquitas que se celebraron fueron de comunidades pequeñas con pocos propietarios” e incluso para las más grandes que debían hacerse de forma urgente “se pidió a los propietarios que delegaran su voto en el presidente. Así, se sacaron adelante las cosas importantes, por obras urgentes o en el caso de subvenciones para las que hay que es necesario pedir el acuerdo”. En el resto de los casos, no les quedó más remedio que prorrogar presupuestos y mandatos de presidentes. Indica que otra dificultad al convocar es que se hace pero no hay seguridad de cuántos van a venir, “puede venir un matrimonio o un propietario con su abogado”, así que hacer previsiones de asistencia es difícil. La solución está en las juntas telemáticas, pero “por ahora no hay previsión legal y si un propietario dice que no ya no se puede celebrar”. Añadiendo las comunidades donde no hay internet, propietarios sin mail o los que no saben de nuevas tecnologías.