Un plan para Cerceda tras apagarse el carbón en Meirama

El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, se reunió ayer con el alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, a quien emplazó a trabajar conjuntamente para reclamar la máxima implicación del Estado y de Naturgy para buscar una alternativa industrial a la central de Meirama y una solución que garantice tanto el mantenimiento de la actividad económica como el empleo.

Conde aseguró que la Xunta seguirá insistiendo en la defensa de los puestos de trabajo y de la actividad industria en la comarca tras el cierre de la térmica autorizado por el Gobierno central en el marco de una transición energética “precipitada e injusta”.

En este contexto, la Xunta está a la espera de que el Ejecutivo central la convoque para formar parte del Acuerdo de Transición Justa que ha firmado tanto con empresas como Naturgy y Endesa como con los sindicatos.

En todo caso, ha instado a actuar de forma coordinada para lograr las posibles soluciones industriales para los diferentes territorios afectados por el cierre de centrales o, al menos, mitigar los efectos económicos y sociales. Reiteró que la empresa debe contar con un plan industrial en el que se implique con Meirama y ofrezca propuestas que permitan esa transición justa, y no faltar a su compromiso con la comarca.

Acuerdo en el Pazo do Hórreo

También en el ámbito energético todos los grupos se unieron ayer en el Parlamento para instar a la Xunta a adoptar medidas para evitar el traslado desde A Coruña a Madrid del centro de operaciones de UFD, distribuidora de Naturgy, que afecta a 28 empleados, y cualquier otra deslocalización.

En la Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, el PSdeG consiguió el apoyo del BNG y el PPdeG a una iniciativa de impulso para demandar al Ejecutivo autonómico que obligue a la empresa, como principal suministradora eléctrica de la comunidad, a garantizar la calidad del servicio en toda Galicia.

La proposición no de ley (PNL) fue defendida por el diputado socialista Pablo Arangüena, quien remarcó que la explotación de embalses y parques eólicos en Galicia por parte de la empresa debe conllevar una responsabilidad social corporativa y que la Xunta debe vigilar su cumplimiento.

De este modo, recordó que el Gobierno gallego dispone de las competencias y los medios para ejercer “presión” sobre la empresa y ha criticado que no haya actuado para evitar que esta haya optado por “una deslocalización constante”.

Mientras, la diputada popular Marta Nóvoas recalcó que la Xunta y el PPdeG no comparten la decisión de Naturgy de trasladar su centro operativo a Madrid y recordó que este departamento asume la supervisión del funcionamiento de la red eléctrica gallega y coordina el personal de mantenimiento y las averías.

Además, puso en valor la labor controladora del Gobierno gallego respecto al servicio prestado por Naturgy. Así, aseguró que se han incoado más de 2.400 expedientes sancionadores frente a los nueve abiertos por el gobierno del bipartito entre 2005 y 2009. Marta Nóvoa también se refirió a la “solución industrial” para Cerceda tras el cierre de la central de Meirama, “autorizado por el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Por su parte, el diputado del BNG Ramón Fernández apoyó la iniciativa de impulso y alertó de la destrucción de empleo en la comunidad que conllevará la decisión de la empresa de trasladar a sus trabajadores a Madrid.

Así, denunció que “en Galicia solo se exploten los recursos”, pero “no se generen empleos” y se preguntó “qué clase de gobierno” permite la “destrucción” de puestos de trabajo por parte de “empresas que gestionan infraestructuras esenciales”.

Medidas rechazadas

En esta comisión los diputados del PPdeG rechazaron en cambio una iniciativa presentada por el BNG y apoyada por el PSdeG. Así, la formación frentista buscaba que el Gobierno gallego paralizase el ajuste laboral unilateral de Galicia Téxtil y participase en negociaciones con la empresa y los trabajadores para buscar una salida.

El BNG también presentó una enmienda a su propio texto para instar a la Xunta a personarse en el proceso judicial de impugnación del despido colectivo aplicado por Galicia Téxtil a 13 de sus 36 empleados y a condicionar la concesión del aprovechamiento hidráulico de la Presa do Rei en el río Xuvia de la que dispone al mantenimiento del empleo. Asimismo, la representación de los trabajadores de la empresa, situada en Neda (A Coruña), acudió a la sesión.

Aunque el PPdeG solicitó que la votación pudiese realizarse sin la enmienda, el Bloque lo rechazó y los ‘populares’ la rechazaron. La diputada del PPdeG Cristina Sanz justificó el voto en contra al afirmar que la intervención de la Xunta como autoridad laboral debería haber tenido lugar antes del cierre del periodo de consultas del expediente y aseguró que condicionar una concesión al mantenimiento del empleo no puede encajarse en la legalidad.