Una enésima vuelta de tuerca a los bienes del pazo de Meirás
La historia de los bienes del pazo de Meirtás parece el cuento de nunca jamás o, simplemente,
no deja de enmarañarse entre recursos, réplicas, contraréplicas y la sensación de que el proceso que debería ser más sencillo está enmarañándose a cuenta de que se está dilucidando en distintas sedes judiciales, en función de los temas que se van poniendo en cuestión.
Lo último, que conocimos a través de un comunicado del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia -se refiere a que el Juzgado de primera instancia número uno de A Coruña ha suspendido el plazo para la retirada de los bienes no disputados del pazo de Meirás por parte de la familia del dictador Francisco Franco y ha pedido al Estado una lista de los que reclama en la demanda por 564 elementos presentada en Madrid.
Una providencia con fecha del 13 de octubre difundida por el TSXG da al Estado diez días para indicar “de forma detallada y separada” qué bienes del inventario realizado el 11 de noviembre de 2020 están también entre los 564 reclamados en el Juzgado de primera instancia número 70 de Madrid.
La demanda incluye una petición de medida cautelar para que se acuerde la permanencia de los bienes en el inmueble, en depósito del Estado, hasta que el juzgado resuelva sobre su propiedad.
También solicita que la Abogacía del Estado especifique cuáles no han sido objeto de la demanda y que, por tanto, “no quedarían afectados” por el pronunciamiento que pudiera dictar el Juzgado de Madrid.
Esto se produce después de que el pasado 26 de abril, este Juzgado de A Coruña volviese a abrir el proceso para la retirada por parte de la familia Franco de los bienes no disputados del Pazo de Meirás, un edificio declarado propiedad del Estado, aunque parte de lo que conserva en su interior sigue en litigio entre los herederos del dictador y los representantes del Estado, a cuyas tesis se sumaron tanto la Xunta como el Concello de Sada, partes .
Daba entonces a las partes veinte días para que indicasen el tiempo que consideran necesario para que los herederos de Franco retiren los bienes que no son objeto de controversia, así como para que designen a las personas que participarán en el proceso, un plazo que ahora ha quedado suspendido hasta que el Estado responda.
Aquel decreto detallaba que respecto al traslado de bienes de interés cultural (BIC), para llevarlo a efecto se requerirá la preceptiva autorización de la Xunta de Galicia.
Contra la actual providencia cabe presentar recurso de reposición, en el plazo de cinco días. La demanda del Estado en Madrid incluye 564 elementos agrupados en tres categorías: bienes de patrimonio nacional, bienes del patrimonio documental español y bienes que son del dominio público por su afectación al uso del Pazo de Meirás como antigua residencia oficial del jefe del Estado y, además, forman parte del patrimonio histórico español por su interés histórico y artístico vinculado a la figura de Pardo Bazán
Un fallo judicial previo ya consideró que cerca de medio centenar de bienes estaban unidos al inmueble, cuya titularidad ahora es del Estado, por lo que también es propietario de los bienes y, por tanto, no entran en esta posible retirada.
La familia Franco, tal y como estableció el juzgado en un auto del pasado mes de julio, no podrá retirar todos aquellos bienes que en ese momento reclamaron el Estado, la Xunta y los ayuntamientos de A Coruña y Sada --a excepción de las alfombras pasilleras-- porque el magistrado entendió que son bienes inmuebles.