Vieites enrola a la CEOE en la batalla frente a la ley climática

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) insisten en que la entrada en vigor de la nueva Ley del Cambio Climático y Transición Energética pondría en grave riesgo el futuro del sector mar-industria.

Frente al mensaje de Moncloa. insisten en que si la normativa sale adelante sin modificaciones en la redacción del artículo 18, que fija los plazos de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre computan desde su otorgamiento e incluyen todas sus prórrogas, lo que los limita a 75 años, muchas empresas del sector ubicadas en la costa –solo en Galicia más de 100, entre las que se incluye la biofábrica de Ence en Pontevedra–, se encontrarían ante el inminente fin de su autorización.

Las dos patronales rechazaron a través de un comunicado la redacción del artículo 18 porque genera inseguridad jurídica e inestabilidad, paralizando las inversiones de empresas que están desarrollando su actividad sin problema y que además deben situarse necesariamente en la franja litoral para ello, por ser en su mayoría depuradoras y cocederos de marisco, plantas acuícolas o conserveras. La confederación que preside Antonio Garamendi ha hecho suyas las tesis de la gallega, comandada por Juan Manuel Vieites, y las dos consideran que el trabajo de las administraciones debería estar orientado en la línea de afianzar los puestos de trabajo y de las industrias de este sector en lugar de poner en riesgo numerosas instalaciones –en la comunidad gallega también afecta a casi 5.000 edificios que se encuentran en el marco de protección marina– y miles de empleos.

La patronal gallega insiste en que se están obviando las singularidades de una costa gallega de 1.700 kilómetros, su importancia para el sector industrial y en definitiva para el conjunto de su economía, por lo que la regulación debe equilibrar la protección y conservación del medio natural gallego y el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma y por tanto de sus sectores productivos.

CEOE y CEG confían en que se produzca una recapacitación y negociación de última hora en el Senado, obligando al Congreso a volver a pronunciarse sobre la ley, saliendo adelante en el sentido deseado por las patronales.