Vieites, rotundo: “Ence está en el sitio adecuado” y los motivos para expulsarla son “ideológicos”

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, se mostró este martes muy claro desde Compostela a preguntas de EL CORREO GALLEGO sobre el porvenir de la empresa Ence en su actual ubicación en Lourizán, Pontevedra: “Ence está en el sitio adecuado”.

“Hasta ahora no hay ningún grupo político que haya presentado ninguna ubicación en ningún otro sitio”, indicó Vieites durante una visita, invitado por Cegasal, a dos centros especiales de empleo sin ánimo de lucro santiagueses, Trameve y Coregal. “Me extraña, porque se habla de deslocalización, de mandar a otro sitio, y yo no he visto a nadie que haya planteado una propuesta con el dónde, el cómo y que sea realmente operativa”, completó el líder patronal.

Vieites, que llegó a calificar los tuits del pasado fin de semana atacando un video que ponía en alerta sobre el posible impacto de la Ley de Cambio Climático en tramitación sobre las empresas asentadas en la costa gallega de la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de “pintorescos, por no decir una palabra más fuerte” –en ellos aseguraba que la norma no será retroactiva y no afectará a las concesiones en vigor sobre terrenos en dominio público-terrestre en el litoral–. “Creo que hay que demostrarlo con hechos”, aseveró, indicando que desde el complejo productivo mar-industria y otras actividades se le reclamó cambios en el artículo 18 de la polémica para evitar cualquier posible mal ulterior.

El tambien responsable de Anfaco-Cecopesca alegó que “cumpliendo las normativas actuales existentes, legalmente establecidas, Ence está en el sitio adecuado, y no hay que olvidar que lleva muchos años ahí”. Argumentó que si tiene que modificar “la biofábrica de alguna manera, las que sean, que tenga que invertir, que se le solicite y lo haga, porque lo que no entiendo es por que se fuerza a una empresa a tener que marcharse por motivos ideológicos y no empresariales o técnicos”.

Según Vieites, “debemos ser conscientes de que no estamos muy sobrados de empresas en Galicia, máxime en esa zona”. Pide saber “dónde van a ir esos quinientos trabajadores y los cinco mil que de manera indirecta están relacionados con el sector y la cadena de la madera”.

El presidente de la CEG se pregunta: “O es que no queremos tener ninguna empresa aquí en Galicia? Tenemos que defender a las empresas, que son las que crean riqueza y empleo”. Porque, avisa, “toda empresa que se va de Galicia ya no vuelve”. Y con todo este lío, también apunta que “yo no he visto a nadie que quisiese invertir en nuestra comunidad en una maderera... ya me dirá por qué”.

Posteriormente la patronal gallega emitía un comunicado donde argumentaba que defiende la continuidad de la biofábrica de Ence en Pontevedra, “puesto que ha quedado sobradamente acreditado que la pastera opera con estrictas medidas ambientales y de seguridad y no ha incumplido el título concesional en relación a la contaminación y el impacto sobre el medio ambiente”. Así lo reconoció la Audiencia Nacional, completan, por lo que el grupo de celulosa y energía asumió importantes inversiones ejecutadas en la instalación desde que se prorrogara la concesión en 2016.

Afectada por la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y pendiente de sentencia de la Audiencia Nacional respecto a la vigencia y legalidad de la prórroga de la concesión de Costas que el Gobierno de España otorgó a la planta hace cinco años hasta el 2073, la empresa debe adoptar decisiones importantes de inversión y modernización en caso de que pueda continuar su actividad y para eso necesita seguridad jurídica.

Y es que el cierre de Ence no solamente supondría la pérdida de 800 empleos directos en Pontevedra, a los que habría que sumar 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logístico y del transporte, y 2.100 empleos más del sector forestal de toda Galicia, sino que también se perderían parte de los compromisos de inversión de la pastera cuyo Plan Estratégico 2019-2023 contempla un gasto de 350 millones de euros, lo que supone empleo y actividad económica durante este período no solo para la provincia sino para toda Galicia.

Teniendo en cuenta que estamos atravesando una pandemia que, además de la crisis sanitaria, está conllevando una crisis económica sin precedentes a nivel mundial; y que deberíamos abogar por una política industrial y de implementación de políticas públicas con el objetivo de incrementar el peso de nuestro tejido industrial sobre el PIB que conduzca a la economía a mayores tasas de crecimiento a largo plazo, no se entendería un final diferente para la biofábrica que el de confirmar lo antes posible su permanencia y continuidad en la Ría de Pontevedra, que permita continuar con la ejecución de los planes de inversión previstos y que deben ser abordados cuanto antes.

Denuncia de los transportistas

La Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA Asturias) y Fetram denuncian sufrir “daños colaterales” del conflicto político de Ence en Pontevedra al asegurar que fueron sancionados por una protesta el pasado febrero en A Coruña. En concreto, lo denuncian después de la movilización del pasado 19 de febrero con destino a la Delegación del Gobierno en Galicia, “por el futuro de una gran cantidad de transportistas y trabajadores forestales”.

Y es que, según lamentan, la caravana fue interceptada por la Policía Local y “los agentes locales de la ciudad socialista, cogiendo tablet y puntero”, sancionaron “a todos los vehículos articulados que ellos mismos bloquearon, poniendo sanciones a todos los camiones por haber estacionado en calzada y abandono de las cabinas, pero sin notificar en el momento, ni dejando boletín de la denuncia”.