Xunta, Diputación, Sada y Estado recurren que se retiren bienes de Meirás

Abogacía del Estado presentó recurso contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña de conceder a la familia Franco el plazo de un mes para la retirada de “las cosas, bienes u objetos” que hay en el interior del pazo de Meirás, con la excepción de aquellas que eventualmente se encuentren en él por haber sido colocados por el Estado tras haber tomado posesión del inmueble.

Así lo confirmó el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, tras una reunión con el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso que, a su vez, también ratificó que esta institución presentó recurso, como lo han hecho los ayuntamientos de Sada y A Coruña.

El delegado del Gobierno aludió a la necesidad de establecer “cómo, cuándo y qué exactamente puede significar esa orden”, dijo sobre el contenido de la resolución judicial, después de que, con anterioridad, la Audiencia Provincial de A Coruña permitiese a los Franco quitar los bienes al revocar el depósito mobiliario a favor del Estado.

“Es un primer paso para lo que pueda venir”, dijo Miñones sobre este recurso. Además, recalcó que la Abogacía “sigue trabajando en el objetivo común de proteger lo que es un bien público”, manifestó en relación a posibles demandas sobre los bienes.

Mientras, el presidente de la Diputación de A Coruña confirmó también la presentación de recurso por parte de esta institución. “Seguimos en el camino de defender que aquellos bienes inventariados que sean patrimonio del Estado protegidos por el ámbito público lo sigan a estar”, dijo diferenciando estos del inventario de ámbito personal o familiar.

Estatuas del maestro mateo A estos recursos se suman también los de la Xunta y el Concello de Sada, que fueron presentados ayer. En concreto, la Xunta presentó un recurso de reposición sobre la decisión del juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña y que considera que la diligencia que concede un mes para la retirada de muebles “socava as competencias públicas de protección de patrimonio cultural de Galicia” al no especificar de manera explícita que sacar objetos de interés cultural precisa la preceptiva autorización administrativa del ejecutivo autonómico.

El recurso se enmarca en la línea de trabajo llevada a cabo por la Xunta para proteger y defender el patrimonio de los gallegos, apostando por la unidad entre las administraciones, ajustándose al estado de derecho y dando pasos firmes con el aval jurídico.

Respecto a las estatuas del Maestro Mateo y a la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, con protección BIC, tras la solicitud por parte de la familia Franco para su traslado, fueron solicitados informes a las principales instituciones culturales del país para ofrecer argumentos técnicos sólidos respetando las garantías jurídicas del procedimiento.

Por su lado, el concello de Sada también presentó sendos escritos de incidente de ejecución de la sentencia y recuso de reposición contra la diligencia de la retirada de bienes del Pazo.

En el primero se interpone incidente de ejecución a los efectos de que por parte del juzgado se resuelva sobre la indisponibilidad de la retirada de determinados bienes muebles que, a criterio del concello, forman parte del inmueble. En el segundo se interpone recurso de reposición contra la concreta orden de retirada ordenado por diligencia del letrado del Juzgado.

“Mentras os Franco contratan empresas e persoal de mudanza, Estado e Xunta deben actuar de inmediato. Recorrer a dilixencia do letrado do Xulgado é condición necesaria, pero non sufuiciente para evitar que os Franco despoxen e baleiren o pazo e que este quede sin contido”, declaró el alcalde sadense, Benito Portela. El regidor puso el énfasis en que se cumpla el acuerdo unánime del Parlamento de Galicia de este pasado miércoles, así como el acuerdo del pleno de la corporación coruñesa de Sada del pasado jueves 30 de abril.

Denegado el acceso a la empresa de mudanzas. La empresa de mudanzas contratada por los Franco no pudo entrar en el Pazo de Meirás para iniciar el traslado de los bienes, ya que un vigilante de seguridad de una empresa privada se lo impidió, por lo que el abogado de la familia anunció también este jueves que demandarán al Estado en los juzgados.

El letrado Luis Felipe Utrera-Molina explicó a Efe que esta empresa de mudanzas llegó este jueves a las dos de la tarde al recinto de Meirás, a donde preveía acceder para calcular la logística que debe tener en cuenta para trasladar el mobiliario, como determinó la Audiencia de A Coruña. “El Estado le ha denegado el acceso a la empresa de mudanzas designada por mis clientes para entrar en el Pazo de Meirás”, indicó.

Los Franco ya han pedido autorización a la Xunta, por su consideración de BIC, para quitar las estatuas del Mestre Mateo y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán.