Xunta y Ministerio empiezan a negociar sus discrepancias en la Ley de Cambio Climático

El conflicto entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central por la nueva Ley de Cambio Climático Transición Energética sigue su curso. En esta ocasión, tanto el DOG como el BOE publicaron este lunes el inicio de negociaciones entre ambos para limar asperezas y llegar a acuerdos. Negociarán el artículo 20 y la disposición derogatoria única de la norma. La Xunta anunció en el mes de abril que acudiría al Tribunal Constitucional.

El polémico artículo trata sobre la “consideración del cambio climático en la planificación y gestión del dominio público marítimo-terrestre”. La polémica viene dada por la presunta afectación al sector conservero e industrial del litoral de Galicia y, en también, a la situación de empresas como Ence en Pontevedra, ya que según informó en su momento el Consello Consultivo gallego, la redacción tendría consecuencias en las prórrogas extraordinarias que contempla la vigente Ley de Costas, limitando el plazo hasta 75 años a las concesiones al tener una “evidente eficacia retroactiva tácita”. Pero este carácter retroactivo fue eliminado en la redacción final.

También el BNG se mostró en contra de este artículo. El diputado Néstor Rego envió en su momento una carta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, donde le ofrecía una propuesta de modificación, con una enmienda transaccional, para excluir todas aquellas actividades como la acuicultura, depuradoras y cocederos de marisco, conserveras y otras actividades respetuosas con el medioambiente.

Tras la enmienda en el articulado, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, aseguró que la Xunta considera insuficiente el cambio. La Xunta ve insuficiente la enmienda a la Ley Cambio Climático, pues el artículo sobre concesiones “no pinta nada”. “Ahora queda un poco más claro lo que ellos pretenden decir de que no tiene un carácter de retroactividad” en las concesiones en el dominio público marítimo terrestre, explicó Quintana , pero avisó de que es insuficiente esa modificación, porque el artículo “no pinta nada” en el texto, y censuró que “no le da mayor seguridad jurídica a todas las industrias que están hoy ya están instaladas”.

“Sinceramente, no sé por qué hacen referencia a la ley de 1988 y no hacen referencia a la ley del año 2013, donde se le reconocía a todas las industrias que ya estaban en la costa que al finalizar su periodo concesional tendrían una prórroga extraordinaria de 75 años”, indicó Quintana. “Y ahora lo que hacen es una remisión a la ley del año 1988, donde dicen que la prórroga extraordinaria tendrá un máximo de 75 años contando desde el primer día de la concesión”, apostilla Rosa Quintana.

y aseguró que “la propia” ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, envió una carta a las conselleiras de Mar y Medio Ambiente en la que “reconoce que lo importante es que las concesiones salgan a concurrencia competitiva”. “Por lo tanto, no es que la instalación perjudique o deje de perjudicar al cambio climático, sino que da la impresión de que quieren quitarle las concesiones a quien las está ocupando a día de hoy para dárselas a alguien nuevo”, reprochó Quintana.