Acoso sexual. Punto
LA duda sobre las cuentas ha llegado a Podemos, que ha despedido a dos de los tres responsables de llevar el control económico de sus finanzas y la protección de datos.
Cuando los despedidos han denunciado irregularidades económicas, sobresueldos en negro, cobro de dietas que no eran tales y contratos que no seguían los trámites habituales, el partido se ha despachado con un argumento demoledor para justificar los despidos: a uno de los abogados se le había abierto una investigación por presunto acoso sexual; la segunda persona fue despedida por ser estrecha colaboradora del primero. Punto. El equipo dirigente de Podemos que ya huele los sillones ministeriales salva la cara y el despedido queda con su prestigio por los suelos porque sobre su cabeza pende la sospecha de acosador.
Qué menos que, ante las graves acusaciones de quienes eran responsables de las cuentas del partido y de su limpieza interna, la dirección del partido se defendiera mostrando esas cuentas, una buena salida además porque hace tiempo ya que Podemos cerró su portal de transparencia, lo que provocó muchos recelos; si efectivamente hay de por medio una investigación sobre presunto acoso sexual es lógico que se separe al abogado hasta conocer las conclusiones, pero de momento las acusaciones de quienes hasta ahora han manejado los dineros del partido, su financiación y sus contrataciones, deben tener una respuesta clara y convincente. Porque son muy graves y afectan a personas que probablemente van a participar en el futuro Gobierno de España.
Con un añadido especialmente delicado. Los despedidos denuncian también irregularidades en las primarias y en las consultas a la militancia. Es decir, al presunto delito económico se suma un presunto delito ético y político, pues Podemos resuelve sus debates internos convocando a los simpatizantes para que expresen su opinión, que van desde los pactos con Izquierda Unida a la compra del chalé de Iglesias y Montero en Galapagar.
Y siempre ha salido ganadora la opción favorable a los dos máximos dirigentes de la formación. No había sospecha sobre ese resultado, pero ahora se abre la posibilidad de que el procedimiento no haya sido tan ético como su suponía.
Las acusaciones en ambos sentidos, irregularidades que podrían ser de tipo penal como alegan los abogados por un lado, y un posible caso de acoso en el otro, obligan a que se abra una investigación en forma, porque está en juego la credibilidad de un partido y la reputación de una persona.
A todo ello se suma algo más, que es la constatación, otra vez, de las diferentes varas de medir que se utilizan en este país. Ante acusaciones tan graves sobre los asuntos financieros de un partido de izquierdas se reacciona abriendo puertas a las dudas; si hubiera sido un partido de derechas, y hay ejemplos en las hemerotecas, a los dirigentes del partido cuestionado se les habrían exigido responsabilidades inmediatas. Inmediatas. Con escarnio continuado hasta que se produjeran dimisiones.
Periodista