Los acusados de malversación en la Fundación Cela dicen que la indemnización era legal

Los acusados de malversación en el seno de la Fundación Camilo José Cela han asegurado este lunes en sede judicial que la indemnización pagada al que era director gerente, Tomás Cavanna, al cese de su actividad, de 150.000 euros, "entraba en los límites legales" y "era razonable", además de estar avalada por la Xunta.

Así lo han defendido los acusados durante su intervención en la primera de las jornadas del juicio por malversación que se celebra en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, por el pago de una indemnización supuestamente "pactada" a Tomás Cavanna en el año 2010.

Como procesados, han comparecido en el banquillo de los acusados la viuda del nóbel, Marina Castaño, que en aquel momento era presidenta de la Fundación, así como el exconselleiro de Fraga Dositeo Rodríguez, patrono, y su hija, Covadonga Rodríguez, que sustituyó en sus funciones a Tomás Cavanna, también acusado.

Durante el interrogatorio, en el que todos los acusados han rechazado responder a preguntas de la acusación, Tomás Cavanna ha narrado como los problemas económicos de la Fundación a partir del año 2007, con la retirada de patronos privados, desembocaron en torno al año 2009 en la propuesta de que entrase en ella la Xunta de Galicia y su transformación como entidad pública.

Sin embargo, ha recordado, el plan de viabilidad para esta transformación incluía, entre otros ajustes, su "despido", tanto por la cuantía de su salario como por la "profunda incompatibilidad" de sus ideas con "los nuevos gestores".

Convencido de "la imposibilidad de adaptación" a las nuevas directrices y teniendo en cuenta que su despido era "inevitable", Cavanna inició entonces, junto a un abogado, una "negociación" de las "condiciones concretas" de su marcha.

"En esa fecha yo ya sabía que la Xunta se iba a quedar con la fundación y que me iban a despedir e intentaba negociar las mejores condiciones", ha dicho el exgerente, quien ha apuntado que, en todo caso, su intención hubiese sido continuar al frente de la institución y que en ningún caso pretendía marcharse por voluntad propia.

INDEMNIZACIÓN DEL PATRONATO
En un primer momento, el Patronato de la Fundación aprobó para él un despido con una indemnización de 96.000 euros, lo que supondría 20 días por año trabajado. Sin embargo, en una conciliación posterior, la cifra se incrementó hasta los 150.000 euros, una cantidad que había reclamado el propio Cavanna como mínima para aceptar el despido, ya que esto supondría 33 días por año trabajado, "las mismas condiciones" que otros empleados que habían sido despedidos con anterioridad.

"Por ese dinero --96.000 euros-- yo le digo que transmita a la Xunta que no renuncio, que me quedo en el puesto", ha dicho Cavanna, que ha recordado que si fuese a "un pleito", con el máximo de 45 días por año trabajado, le correspondería aún más cantidad, por encima de los 210.000 euros. A mayores, ha dicho que estaba "absolutamente" convencido de que su indemnización se pagaría con dinero privado de la Fundación y no con fondos de la Xunta, como finalmente se hizo.

AVALADO POR LA XUNTA
En su turno, el exconselleiro Dositeo Rodríguez, que era patrono en la Fundación, ha explicado que la "única opción" que había entonces para continuar la actividad de la entidad era la Xunta de Galicia y que ésta "no iba a aceptar" en plantilla a Tomás Cavanna, por lo que se inició un proceso para su despido.

Del mismo modo, ha dicho que, tras conocer que el gerente requería una indemnización de al menos 150.000 euros para aceptar el despido, lo consultó con Covadonga Rodríguez, que le confirmó que se trataba de una cantidad equivalente a la de otros despidos en la Fundación. Él mismo fue quien transmitió al entonces director xeral técnico de Cultura, ya que la Xunta estaba en conversaciones con la entidad, la cantidad, que la Administración gallega "consideró que estaba dentro de los límites legales".

"La Xunta quería recibir la fundación limpia", ha dicho Dositeo Rodríguez, que ha apuntado que el Patronato, inicialmente, aprobó una cantidad de 20 días por año trabajado (96.000 euros), porque era "como se podía hacer". "Después, la Xunta evaluó la situación y consideraron, sin informes jurídicos directos, que la indemnización de 150.000 euros era razonable, que estaba dentro de los límites legales", ha explicado, al tiempo que ha apuntado que, si no había acuerdo, "sería -despido- improcedente, y sería de 45 días por año trabajado".

En todo caso, Dositeo Rodríguez ha negado tajantemente que se estuviese haciendo "una simulación" de un despido, y ha reiterado que "para que la Fundación pasase a la Xunta, había que despedir a Tomás Cavanna". "Yo no era nadie, no soy quien de negociar con Tomás Cavanna. La que toma la decisión es la Xunta, no yo", ha zanjado.

EN "QUIEBRA TÉCNICA"
También Covadonga Rodríguez ha negado ante el tribunal que se estuviese haciendo "una simulación" y ha asegurado que entonces la Fundación Cela Estaba "en un extremo de quiebra técnica".

A pesar de que ya había comunicado que quería al menos 150.000 euros por aceptar el despido, Covadonga Rodríguez ha explicado que el Patronato se fue al mínimo de 20 días por año trabajado para ver si Cavanna "aceptaba". "Si colaban los 96.000, no teníamos que pagar 150.000, pensamos que igual se bajaba de la burra, porque él era tan consciente de la situación económica de la Fundación como yo", ha subrayado.

Aunque no consta en el acta de esa reunión, Convadonga Rodríguez ha explicado que en el encuentro del Patronato se habló de la cantidad de 150.000 euros que reclamaba Cavanna, una cifra que, según ha contado el Fiscal, se corresponde con el sueldo que le restaba hasta la edad de jubilación.

Tras el acta del Patronato, Covadonga Rodríguez ha explicado que en los primeros días del mes de junio de 2010 recibió "una llamada de la Xunta" en la que le dijeron "día y hora" de la conciliación y autorizaron la concesión de una indemnización de 150.000 euros al exgerente.

MARINA CASTAÑO APUNTA A LOS CONTABLES
La primera sesión del juicio, tras las cuestiones previas, ha arrancado con la declaración de Marina Castaño, quien ha dicho que el despido de Cavanna fue una decisión de ella enmarcada en su "intención" de entregar a la Xunta con "un saneamiento importante" y ante la merma de ingresos y dificultades económicas por las que estaba pasando la entidad.

Marina Castaño señaló a los "contables", cuyos nombres y número no supo precisar alegando que habían pasado diez años, como responsables de fijar la cuantía para la marcha de Tomás Cavanna, y ha reconocido que la "fundación estaba entrando en dificultades económicas" al comenzar la crisis económica en 2007, por lo que ella incluso llegó a "anticipar dinero" para "pagar nóminas".

En las conversaciones con la Xunta, ha añadido Castaño, uno de los puntos era "el sueldo" del director gerente. "Y ese era el motivo de prescindir de él", ha subrayado, antes de incidir en que, así, cuando "la Xunta tomase las riendas, pusiese a la persona adecuada y que no fuese tan costoso como el señor Cavanna".

Durante el trámite de cuestiones previas, el tribunal rechazó anular la principal prueba por la que se ha llegado a este juicio y que fue incautada durante un registro en julio de 2012, como fueron los correos electrónicos intercambiados al respecto del despido de Cavanna. También se ha renunciado a la declaración de varios testigos, entre ellos la denunciante, Lola Ramos.

ESCRITO DE FISCALÍA

Según el escrito de acusación de Fiscalía, los cuatro acusados, "con el concurso y participación activa de todos ellos" y "en ejecución de un plan preconcebido" para "conseguir un beneficio económico" a favor de Tomas Cavanna, "simularon un despido con intención de que a éste le fuera abonada la cantidad neta de 150.000 euros".

A tal fin, prosigue, Dositeo Rodríguez "se encargó de convenir con el beneficiado la mencionada cantidad concreta imputable a los fondos públicos y de que el montante total fuera asumido por la Xunta".

El despido fue "orquestado" y aprobado por el Patronato de la Fundación el 27 de mayo de 2010, alegando un "despido objetivo por causas organizativas, con una indemnización según lo dispuesto en el vigente estatuto de los trabajadores".

El 3 de junio del mismo año, en la conciliación celebrada ante la sección provincial de Mediación, Arbitraje y Conciliación, Covadonga Rodríguez, "en nombre de la fundación y en virtud de un acuerdo previamente concertado con Tomás Cavanna y el resto de los acusados", pactó el pago de una indemnización de 150.000 euros "con cargo a los fondos de la Xunta".

El Ministerio Fiscal recuerda en su escrito que "la crítica situación económica" de la Fundación, "a la que había llegado durante la gestión de los acusados", puso "en peligro la continuidad de la misma", por lo que sus ingresos se nutrían principalmente de fondos públicos desde 2007, algo "ampliamente conocido por los acusados".

El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, de los que considera autoras a Marina Castaño y a Covadonga Rodríguez, y partícipes necesarios a Dositeo Rodríguez y a Tomás Cavanna. Por ello, pide la imposición de una pena de cuatro años y seis meses de prisión y la inhabilitación por ocho años.

RESCATE DE LA FUNDACIÓN

A mediados de 2012, el fiscal de Santiago, Álvaro García Ortiz, denunció a Castaño y al exgerente de la Fundación Cela por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. La investigación se había iniciado a raíz de la denuncia presentada por Lola Ramos, una vecina de Iria Flavia, localidad en la que está ubicada desde el año 1991 la institución. Ramos había aportado a la Fiscalía de Galicia información relativa a supuestos trasvases de dinero efectuados entre la fundación, sin ánimo de lucro, y sociedades propiedad de Cela y Castaño.

La difícil situación de las cuentas de la Fundación Cela llevó a la Xunta a rescatarla, de forma que pasó a tener carácter público desde el mes de abril de 2012, con la finalidad de proteger un valioso patrimonio, configurado por manuscritos, epistolario del escritor y pinacoteca, entre los que se encuentran lienzos de Picasso y Miró. Entonces, la Consellería de Cultura pasó a ocupar la presidencia del patronato.