Anormalidad lingüística

EL actual modelo lingüístico educativo, entre otras condicionantes, ha estado influido por las llamadas leyes autonómicas de Normalización Lingüística, aprobadas a partir de 1983. Un legislación que hace referencia a la necesidad de garantizar la utilización progresiva de las lenguas "propias" de Galicia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana o Islas baleares. Su desarrollo reglamentario empezó a forjar un modelo que culminó en los años noventa con diversos decretos que desplegaban la LOGSE. Con todo, esta leyes acabaron en el Tribunal Constitucional, que en líneas generales se pronunció en el sentido del derecho de los padres a elegir la lengua vehicular mientras no se excluyera el castellano como lengua vehicular también. Todo ello, en base a la situación de patente desequilibrio entre las lenguas en casi todos los ámbitos de la vida social. Lo que en Cataluña se aprovechó para promulgar una nueva ley de política lingüística, "de inmersión", subrogada por el Estatuto de 2006.

Pero, es claro que las dos lenguas oficiales son vehiculares, y que corresponde a la Administración autonómica establecer en qué porcentaje; al tiempo que el Tribunal Supremo comenzó a cuestionar en sus sentencias esta inmersión en el sentido de que el castellano es lengua vehicular en todos los cursos. Por tanto, es hora de superar esta anormalidad y establecer una ponderación razonable entre ambas lenguas oficiales, y, sobre todo, hacer cumplir de una vez por todas lo que la Constitución dispone: el castellano es la lengua española oficial del Estado y las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades.

Es decir, un sistema de cooficialidad lingüística como consecuencia del uso oficial de dos lenguas. No un modelo educativo de oficialidad "única" de la lengua vernácula que había dejado en residual al castellano.

Doctor en Derecho Público