Anuncian que O Son conocerá más ilegalidades urbanísticas
Ánxela Franco asegura que la denuncia del fiscal por el chalé es "una anécdota" comparada con el número de expedientes abiertos ·· Niega que el ex edil hermano de la propietaria influyera en la concesión de la licencia
La portavoz del grupo de no adscritos de Porto do Son, Ánxela Franco Pouso, dijo ayer que la denuncia del fiscal de Urbanismo contra el grupo de gobierno que dirigía Ramón Quintáns en el año 2002 por conceder la licencia de un chalé ilegal es "una anécdota" comparándola con el número de expedientes abiertos en este municipio por la Consellería de Política Territorial durante su mandato. A este respecto se preguntó cuántas edificaciones habrá con orden de derribo y pidió al actual alcalde, Manuel Tomé, que "deje de jugar y tire de la manta caiga quien caiga".
Franco Pouso también quiso dejar claro que los por aquel entonces concejales nacionalistas Gonzalo de Lucas y Ramón Nieto, hermano de la propietaria del chalé denunciado, no tienen nada que ver con la concesión de licencias, "ya que le dieron el gobierno a Quintáns (PSOE) guiándose por la disciplina de partido, pero ellos no formaron parte del mismo al entender el mensaje del pueblo".
El ex portavoz del PP, Antonio González Groveiro, aseguró que esta denuncia es consecuencia de la política urbanística que practicaba el equipo de Quintáns "echando la culpa a la normativa de 1994 cuando no se cumplía".
El ex alcalde y concejal socialista, Ramón Quintáns, justificó la concesión de la licencia en una zona en la que sólo se permiten edificaciones agropecuarias alegando que se basó en los informes técnicos municipales. No obstante, afirmó que los propietarios, el matrimonio formado por Frutos Agraso y Mercedes Nieto, no disponían de permiso para la piscina y que se detectó en el chalé más altura de la permitida, "por lo que no se le dio la cédula de habitabilidad". Sin embargo, la paralización de la obra fue realizada por la Consellería de Política Territorial y no por el Ayuntamiento.
Por su parte, Agraso aseguró que el Ayuntamiento no le informó de que el inmueble no se podía construir sin estar vinculado a una explotación agropecuaria. "En esta situación hay más de 60 viviendas tanto en la parcelaria de Noal, donde está mi casa, como en el resto del municipio", indicó. Asimismo, dijo que tiene solicitado permiso para un picadero de caballos y quiso dejar claro que su cuñado "no tuvo nada que ver en la concesión de la licencia". También recurrió la sentencia del Contencioso.
LOS DATOS
Unanimidad Cinco de los seis componentes de la comisión de gobierno -Ramón Quintáns, Javier Quiñoy, María Luisa Abeijón, Isabel Tarrío y José Manuel Hermo (Joaquín Santamaría estaba ausente)- aprobaron por unanimidad la concesión de la licencia urbanística para la construcción de la casa.Procedimiento Javier Quiñoy, actualmente concejal de Independientes por Porto do Son, junto con Ramón Quintáns, son los únicos que continúan formando parte de la Corporación municipal. Quiñoy aseguró ayer que la aprobación de las licencias tenía un procedimiento habitual basándose en los informes de los técnicos municipales.
Política Territorial La Consellería de Política Territorial se negó ayer a dar información sobre este caso alegando que es un problema entre el fiscal y el Ayuntamiento. Fuentes del departamento de María José Caride indicaron a este periódico que en este tipo de actuaciones sólo intercambia información entre administraciones y con la Justicia para proteger los datos del afectado.
Nieto Abeijón El ex concejal nacionalista Ramón Nieto Abeijón, hermano de la propietaria de la casa afectada, no quiso hacer ayer declaraciones sobre la denuncia del fiscal alegando que en los próximos días el BNG sacará un comunicado de prensa sobre este asunto. Ramón Nieto y su grupo apoyaron la investidura de Ramón Quintáns, pero se quedaron fuera del gobierno municipal .
LA CLAVE
La casa cuenta con 4 departamentosLa edificación, dotada con piscina cubierta, cuenta con sótano, bajo, primera planta y bajo cubierta. El fiscal pide abrir diligencias por lo penal al Juzgado de Noia contra el gobierno que dio la licencia porque la calificación urbanística es de suelo rústico de protección agropecuaria .