Se aplaza seis meses el pago de las cuotas de pymes y autónomos

El Gobierno aprobó ayer una moratoria de seis meses sin intereses ni recargos para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de autónomos y pymes correspondientes a mayo, junio y julio, aunque con algunas condiciones.

El Consejo de Ministros aprobó este aplazamiento, así como el del pago de sus deudas a la Seguridad Social hasta el 30 de junio.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, señaló que al aplazamiento de seis meses del pago de estas cuotas se suma la moratoria sin intereses en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los días trabajados en marzo.

Para abril los autónomos y empresas podrán solicitar el aplazamiento de cuotas a un interés reducido del 0,5 %, siete veces inferior al que se establece.

La solicitud se debe hacer antes de los diez primeros días naturales del mes de abril.

Este aplazamiento de cuota de abril a un interés del 0,5 % es para las empresas o los trabajadores autónomos afectados por la situación provocada por el covid-19 y no pueden tener otro aplazamiento en vigor anterior.

En cuanto a las cuotas de mayo, junio y julio pueden ser abonadas seis meses después sin recargos ni intereses a la Seguridad Social, y los requisitos se establecerán a través de una orden ministerial.

No obstante, no será de aplicación para las empresas que hayan sido exoneradas de pagar cotizaciones sociales por sus trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor a causa del coronavirus.

En este caso, las empresas y autónomos que no tengan derecho a la moratoria podrán solicitar el aplazamiento de sus cuotas, pero solo las de mayo y junio, y también con un interés del 0,5 %.

En cuanto a los autónomos que se han acogido al cese de actividad desde marzo, bien porque han cerrado su negocio o porque han tenido una bajada de ingresos del 75 %, no deben pagar recargos por el retraso en el pago de las cuotas generadas hasta el día de dicho reconocimiento.

Otra de las cincuenta medidas incluidas en el real decreto ley aprobado ayer es la extensión de la protección por incapacidad temporal para los trabajadores que tengan obligación de prestar servicios esenciales en una localidad diferente a la de su domicilio y no puedan hacerlo porque se haya establecido el confinamiento de la población donde vive.

Por otra parte, se podrá rescatar los planes de pensiones sin tener que pagar a Hacienda a aquellos ahorradores que sufran un Expediente de Regulación Temporal de Empleo y a los autónomos que deban cesar en su actividad pore la pandemias.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, resaltó que estas nuevas medidas de apoyo a las empresas y autónomos para afrontar la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus complementarán a las ya en marcha.

"Que las empresas se sientan ayudadas para el sostenimiento del tejido productivo y los trabajadores seguros también", dijo.

Nadia Calviño envió un mensaje de "apoyo" a trabajadores, empresas y autónomos, colectivos que "juegan un papel fundamental en esta emergencia".

La vicepresidenta tercera recordó que todas las medidas económicas que no tengan un plazo de duración exacto se prorrogarán hasta un mes después del fin del estado de alarma.

Agradeció a empresas y autónomos la acción "responsable" y su labor, ya que están reaccionando "poniendo todo de su parte", algunos con nuevos procesos de producción.

"Doy las gracias porque su actitud de hoy es clave para la recuperación que esperemos tener lo antes posible", subrayó.

Por otra parte, también se aprobó un subsidio de desempleo temporal para las empleadas de hogar dadas de alta en la Seguridad Social, que no contaban con este derecho, si las despiden o ven reducidas sus horas.

Una medida que Pablo Iglesias enmarcó en la necesidad de seguir dando "protección" y "seguridad" a las personas en esta crisis, especialmente a los colectivos más vulnerables.

El colectivo mayoritariamente femenino está formado por 580.000 trabajadoras, según la última encuesta de población activa, pero sólo hay 394.171 afiliadas en el sistema especial, lo que refleja la irregularidad que se da en estos empleos. Sólo las dadas de alta podrán pedir este subsidio de paro, del 70 % de la base de cotización de la trabajadora.

Los cortes de suministros energéticos y de agua en la vivienda estarán prohibidos mientras esté en vigor el estado de alarma. Y habrá medidas para "flexibilizar los contratos" de electricidad y gas de autónomos y empresas,