Entre la autonomía y la dependencia

EL nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado supone un paso atrás en la cada vez mayor autonomía, que no independencia, que este órgano había ido consiguiendo poco a poco. Se vuelve así a que el Ejecutivo cuente con una fiscal general más dócil a sus intereses. Pero no hay que rasgarse las vestiduras. Pedro Sánchez no ha hecho nada que antes no hubiera hecho José María Aznar con los nombramientos de Juan Ortiz Úrculo o Jesús Cardenal; Rodríguez Zapatero con Cándido Conde-Pumpido, o Mariano Rajoy con José Manuel Maza.

Entre medias también ha habido fiscales que quisieron valer su autonomía respecto al Ejecutivo y no les fue nada bien. Es el caso de Eduardo Torres-Dulce, que dimitió por cuestiones relacionadas con el referéndum ilegal en Cataluña del 9-N y por mantener a los fiscales que investigaban la trama Gürtel; o el de Consuelo Madrigal, tampoco renovada con el segundo triunfo de Mariano Rajoy, o ahora con María José Segarra, la fiscal general que nombró Sánchez tras ganar la moción de censura y que mantuvo la acusación de rebelión contra los condenados por el procés.

Es decir, todos los gobiernos han nombrado fiscales generales de su cuerda y cuando han intentado hacer un gesto de regeneración democrática y potenciar la autonomía del Ministerio Fiscal ha sido un experimento que ha durado muy poco para volver a las andadas -todos- en el momento en que lo han considerado oportuno para sus intereses.

Por ese motivo parecen sobreactuadas las críticas que se lanzan contra el Gobierno por el nombramiento de Dolores Delgado. Cierto que nunca se había producido un ejemplo de puerta giratoria tan evidente como este. Pasar del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General evita muchas discusiones sobre la autonomía de la responsable de todos los fiscales: ninguna.

Ahora bien, Sánchez ni siquiera se ha tomado la molestia de disimular y de elegir una persona para la Fiscalía General más neutral, ni de eludir la polémica.

Periodista