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misión imposible

Casi tres años de pesadilla sin lograr darse de baja en Amena

Contrató dos líneas de telefonía móvil, pero quiso cancelar el contrato porque "no tenía cobertura" ·· Envió sendos burofax con este fin ·· La compañía, sin embargo, le sigue enviando requerimientos de cobros y la metió en la lista nacional de morosos

"Si doy a conocer públicamente mi historia es para que a nadie le vuelva a pasar", dice A. G., una vecina de Santiago que se siente "estafada" por la compañía de telefonía móvil Amena, hoy denominada Orange. Y es que esta mujer contrató en septiembre de 2004 dos terminales a precio promocional, pero al no tener cobertura y no conseguir que le solucionasen el problema, "decidí darme de baja en diciembre de ese año".

Lo notificó vía burofax (es decir, con el certificado de la oficina de correos de que se envió dicho documento y con ese mensaje en concreto), pero dio igual. Amena le siguió enviando facturas. Así continuó hasta que el 18 de enero de 2006 llevó a esta cliente a un proceso arbitral de derecho privado, que la condenó a pagar más de 486 euros. A pesar de esto, Amena no se dio por aludida y no rescindió el contrato con A.G., con lo que este año 2007 todavía le sigue enviando más requerimientos de cobro por los dos terminales que no se usan desde diciembre de 2004.

"He llamado mil veces para intentar solucionar este problema, y siempre se pone un interlocutor diferente. He solicitado hablar con alguien en concreto para llevar el tema, pero nunca me lo han permitido", se queja esta cliente. Así, las facturas siguieron viniendo "y yo, claro, me negué a abonarlas, porque pago lo que consumo, pero no regalo mi dinero". Amena, sin embargo, siguió moviendo ficha y contrató hasta una asesoría jurídica para hacerle llegar los recibos: Gescobro. "Intenté explicarles a estos señores que me había dado de baja del servicio, pero nada. Aparecí, incluso, en la lista de morosos, en el fichero Asnef".

A.G. firmó el contrato con Amena sin que nadie le dijera que en la letra pequeña de este papel se escribía: "La adquisición por parte del cliente de un terminal a precio promocional implica que éste se compromete a permanecer de alta en el servicio Amena durante los 18 meses siguientes a la activación del servicio. El cliente se obliga a satisfacer a la compañía 150,25 euros, impuestos indirectos no inluidos, si en cualquier momento, antes de transcurrido dicho plazo, deseara desestimar el servicio o si se produce la baja del mismo". A. G. ingresó por dos veces en una entidad bancaria esos 150,25 euros, pero "tampoco sirvió de nada".

LA EMPRESA (ACTUALMENTE ORANGE), NO CONTESTA

"Estoy fuera de la oficina"

El pasado miércoles, este diario se puso en contacto con el gabinete de prensa de Amena (hoy Orange). A los pocos minutos, una persona, R. A., devolvió la llamada. Solicitó una copia de los dos burofax por los que A.G. había comunicado que "a partir de fecha de hoy deseo poner fin al contrato", y también pidieron sendos certificados de los abonos que la cliente había hecho efectivos para pagar las penalizaciones que establecía la compañía por darse de baja.

Este diario les envió, vía fax, todos estos documentos y otra carta muy reciente en la que se sigue obligando a la cliente a realizar más pagos. Ayer, sin embargo, Amena seguía sin responder. En este diario se intentó comunicar con ellos otra vez, bien por telefóno, bien por e-mail, pero pese a los muchos intentos, no hubo respuesta .

LAS CLAVES

Un arbitraje, que hoy no se puede aplicar

A. G. señala que al iniciar el contrato, cuando le entregaron los terminales de teléfono móvil, "en el contrato figuraba una cláusula en el que se establecía que si había algún problema, las dos partes (Amena y cliente) se someterían a un procedimiento de arbitraje privado". Hoy este tipo de arbitraje está prohibido", dice la UCG (Unión de Consumidores de Galicia).

Se ha demostrado que es "abusivo"

"Ya hemos visto más casos como el de esta señora. Y es que Amena, hasta finales de 2006, incluía estas cláusulas de sometimiento a un arbitraje privado". Esta práctica se denunció a nivel nacional, y lo tuvieron que dejar de aplicar -informa la UCG- porque "se demostró que era abusiva para el consumidor".

Con el abogado a la Audiencia Provincial

"Amena sometió a esta señora a una junta arbitral distinta. La sometió a la decisión de un tribunal que no era el competente. Mi consejo es que esta señora acuda a la Administración de Consumo para asesorarse e intente la anulación de este laudo con un abogado ante la Audiencia Provincial de Madrid", dice la UCG. Le costará dinero .

22 may 2007 / 00:01
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