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Cayó el inspector de Vigo que persiguió al dueño de Blusens

José Ramón García no aceptó el chantaje y le amargó la vida // A partir de este hecho se activó la investigación en Santiago // Prisión sin fianza para Asdrúbal

Varios empresarios que sufrieron las prácticas presuntamente ilegales del inspector de Hacienda de Vigo, Asdrúbal Casares García, detenido el pasado martes por la Guardia Civil, fueron los que presentaron la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, y la propia Agencia Tributaria. Alertaban de las maniobras irregulares que cometía el funcionario público en connivencia con el asesor fiscal Francisco González Pino, otro de los detenidos, que era el segundo pilar sobre el que se asentaba la presunta trama corrupta.

Los empresarios afectados dieron el paso tras "imponerles unas condiciones económicas desmesuradas" en los expedientes que se les abrían por supuestas irregularidades ante la Hacienda Pública.

La investigación se llevó a cabo en Santiago ya que una de las personas afectadas fue, precisamente, el empresario compostelano José Ramón García, alma máter de la firma Blusens, quien sufrió una auténtica persecución por parte de la Agencia Tributaria, a través del inspector Asdrúbal Casares, quien le abrió varias actas de inspección una vez que se negó a entrar en el juego que le proponían los miembros de esta trama corrupta. A García estas prácticas "le estropearon la vida".

Este asunto era tan flagrante que, llegado el momento, la propia Agencia Tributaria intervino e instó a la Fiscalía Anticorrupción a intervenir. Fue una investigación que lleva más de dos años abierta y que culminó el pasado martes con la detención del inspector Casares García y del asesor fiscal Francisco González Pinto, el hombre que ejercía de intermediario. Como investigada (imputada), aunque no detenida, también figura Beatriz Zunzunegui, mujer de Casares, que figura al frente de un despacho concursal. Hay otras tres personas que fueron arrestadas por la UCO, una de ellas un conocido empresario pontevedrés. No se descarta que el propio delegado provincial en Pontevedra de la Agencia Tributaria sea llamado a declarar sobre este complicado asunto

A PRISIÓN INCONDICIONAL. Los delitos investigados por agentes especial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil eran tan flagrantes que al juez Andrés Lago, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago tomó la más drástica de las decisiones en este momento procesal: decretar prisión provisional, comunicada y sin fianza para el inspector de Hacienda Asdrúbal Casares García, el principal implicado en esta trama.

La otra persona que pasó ayer a disposición judicial dentro de la misma causa, el asesor fiscal Francisco González Pino, quedó en libertad bajo fianza de 120.000 euros, que puede pagar hasta el mediodía de hoy. En caso de que deposite esa cantidad deberá comparecer en el juzgado cada 15 días. Adicionalmente se le retiró el pasaporte y se le prohibirá abandonar el territorio nacional. En la causa, que se sigue por delitos contra la Administración Pública y blanqueo de capitales, hay cinco personas investigadas y se practicaron varios registros en Vigo y uno en Ourense.

El procedimiento sigue bajo secreto sumarial y en las próximas horas declararán otros implicados.

De acuerdo con las investigaciones abiertas, los inspectores de Hacienda implicados con Asdrúbal Casares a la cabeza, ponían en marcha expedientes sancionadores a determinadas firmas, de mediano tamaño aunque con volúmenes de facturación importantes; eran empresas con poca estructura de servicios de contabilidad o con asesorías legales precarias.

Durante el proceso la asesoría fiscal Aserco, de Francisco González Pino, contactaba con los empresarios afectados garantizándoles que con sus servicios podrían recurrir y anular o reducir de forma considerable la sanción fiscal. Eso suponía un coste económico pero siempre inferior a la multa de Hacienda.

El asesor González Pino llevaba de forma directa los contactos y se reunía con sus clientes en lugares públicos en Vigo, Santiago y en el norte de Portugal. Los que aceptaban, y pagaban siempre en metálico, veían sus expedientes resueltos en pocos días y las multas anuladas o por una cuantía muy inferior.

CUENTAS Y LUJOS. De acuerdo con una información de elconfidencialdigital.com, que desveló la actuación policial, Asdrúbal Casares "cuenta con cuentas bancarias en Dubái en las que ingresaba el dinero obtenido de la trama".

Tanto Casares como González Pino, siempre de acuerdo con las informaciones citadas, llevarían "un elevado nivel de vida" gracias a los ingresos que le generaba esta actividad presuntamente ilegal.

Pagos o venganza

¿Y que ocurrían con los que no aceptaban la fórmula de no pagar esta especie de 'impuesto revolucionario'? Otro empresario contactado por este periódico, que por razones obvias quiere preservar su identidad y respondió a través de su abogado, relató que "a él le ofrecieron la posibilidad de arreglar el tema pagando una importante cantidad de dinero en metálico directamente a ese señor (en relación a Asdrúbal Casares aunque nunca citó su nombre) pero se negó a hacerlo al parecerle una cantidad muy elevada y tener el convencimiento de que no había cometido ninguna actividad ilegal".

"Cómo no accedió", añadió el letrado, "tuvo que pasar, y aún está pasando, un calvario tanto con la Agencia Tributaria como con la Justicia. Por eso prefiere mantenerse al margen a pesar del daño que sufrió, en lo personal y en sus empresas". Un caso similar al de José Ramón García.

17 ene 2019 / 23:47
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