Colapsos en los registros civiles gallegos en el segundo día de huelga

Los registros civiles están siendo uno de los servicios más afectados en la segunda jornada de huelga indefinida de la justicia en Galicia, en la que se han reproducido protestas a las puertas de los juzgados.

La elevada actividad de estos organismos, unida a la presencia de huelguistas, que han acudido para dar visibilidad a sus protestas, ha motivado la formación de largas colas en los registros civiles de las ciudades a lo largo de la mañana de este jueves.

Este es el caso del registro civil de A Coruña, donde las personas que aguardaban su turno para hacer un trámite hacían una fila que llegaba al exterior del edificio judicial. En este organismo, han explicado los sindicatos, solo se practican actos urgentes ordenados por los servicios mínimos, como las licencias de enterramiento.

También trámites urgentes son los que realiza el Registro Civil de Santiago, donde la situación es de "colapso" y se trabaja a "cuentagotas", tal y como han explicado a Europa Press fuentes sindicales, que han evidenciado el "seguimiento masivo" de la huelga en la capital gallega".

Las numerosas peticiones en el registro han formado también largas colas en los juzgados de A Parda, en Pontevedra, donde las esperas superaban la hora; y, en Vigo, los trabajadores en huelga han entrado en el registro, "colapsando" las instalaciones.

PROTESTAS

Para el mediodía de este jueves estaban convocadas en distintas ciudades gallegas concentraciones de protesta de trabajadores de la justicia, que han tenido lugar frente a los edificios judiciales y que han sido secundadas por centenares de empleados.

En A Coruña han sido unas 200 personas las que se han concentrado ante el antiguo edificio de la Audiencia Provincial, donde Javier Fernández, portavoz de los sindicatos convocantes, ha manifestado su satisfacción por el seguimiento y ha lamentado que "no se puedan atender todas las demandas" de los ciudadanos que se ven afectados por la huelga indefinida.

"Basta ya de tanta discriminación, la gente está quemada", ha dicho Fernández, en relación a la situación de los funcionarios gallegos de justicia, que piden una equiparación a sus compañeros de otras comunidades autónomas.

El secretario del sector de Xustiza de la CIG, Xesús H. Sánchez, ha considerado un "sinsentido" la postura de la Xunta frente a un conflicto que "se prolonga en el tiempo". "Lo normal es negociar hasta el último minuto, pero en este caso, pasan de todo, ni siquiera la patronal más dura mantiene una actitud obstinada", ha dicho Sánchez.

El responsable de la CIG ha apuntado que, desde el pasado 31 de enero, los trabajadores no han recibido ninguna llamada de la consellería, frente a lo que ha reiterado la apuesta del colectivo por el diálogo.

UNOS 2.500 TRABAJADORES AFECTADOS

El conflicto afecta a unos 2.500 trabajadores ligados al sector judicial gallego y se asienta en cinco reivindicaciones. Hubo avances en las ligadas a la consolidación de empleo, amortizaciones y cobertura de compañeros de rango superior, pero se han enquistado los puntos relativos al apartado retributivo y a la "discriminación" que, según los sindicatos, sufren los funcionarios que dependen de la Administración autonómica en las bajas por incapacidad temporal.

La Xunta mantiene que el aumento salarial del complemento transitorio que demanda el comité de huelga y que cifra "en unos 3.000 euros al año" por trabajador público es "absolutamente inasumible" para las arcas públicas gallegas, e insiste en que la propuesta autonómica sitúa las retribuciones de los funcionarios judiciales de la comunidad "por encima de la media".

En concreto, la Xunta plantea un incremento de 75 euros al mes (900 euros al año) para los gestores; 62 euros al mes (744 al año) para los tramitadores; y 55 euros al mes (660 al año) para los auxilios. Eso sí, el incremento, que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2019, se aplicaría en tres anualidades.

Además la propuesta recoge que este aumento en el complemento es compatible con mantener el concepto retributivo de 'IPC gallego', que ya perciben los funcionarios por trabajar en la administración autonómica gallega y que supone en torno a 9 euros al mes para los gestores; 8 euros al mes para los tramitadores; y 7 euros al mes para el cuerpo de auxilios.

A los sindicatos no les satisface la propuesta económica, ni tampoco el hecho de que se posponga el arranque de su aplicación hasta el 1 de enero de 2019. Además, inciden en que el hecho de que se realice en tres anualidades supondría que no cobrarían el total comprometido hasta 2021. En palabras de Tejada, la oferta "generosa" que defiende la Xunta, es en realidad "pírrica".

Enfrente, el Gobierno gallego dice que una aplicación inmediata de un incremento podría contravenir la normativa básica (la Ley de los Presupuestos Generales del estado) y no se puede formalizar. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, subrayó este mismo miércoles que sería "ilegal" aplicarla este año.