Los constructores piden equidad

El Fondo Estatal de Inversión Local -conocido popularmente como el Plan E del Gobierno central para el municipalismo- sirvió para dotar de carga de trabajo a 915 empresas en 2009 y salvarlas de alguna manera de la profunda crisis económica, especialmente la del cemento. Sin embargo, el reparto del pastel no fue ni de lejos equitativo.

Con los datos oficiales de las adjudicaciones realizadas en la comunidad gallega al amparo de este primer plan estatal, una cuarentena de empresas se han embolsado más del 37% del total de los fondos disponibles (490,7 millones de euros).

Tras esta primera experiencia, no es de extrañar que ahora, a las puertas de que los 315 concellos gallegos reciban una nueva inyección del Estado (aunque bastante menor, con 301 millones de euros), le ha faltado tiempo a la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Pontevedra (APEC), con su presidente Ángel Fernández Presas a la cabeza, para pedir a los ayuntamientos equidad a la hora de adjudicar las obras, de forma que no salgan favorecidos sólo unos pocos.

También, desde el ámbito de los promotores se ha puesto el acento en la necesidad de revisar los criterios para la concurrencia a estas obras. Tal como sucede hasta ahora, la obligación de contratar a parados está llevando a empresas a tener que hacer regulación de empleo aún contando con plantillas estabilizadas, pero se ven forzadas a ello porque si no se quedarían fuera de las contrataciones. Así lo explicó Javier Garrido Valenzuela, presidente de la Federación de Promotores de Galicia.

Por otra parte, pese a que los datos de generación de empleo enorgullecen al Gobierno central, no fueron pocas las críticas que llovieron sobre los gobiernos locales por la escasa generación de empleo. Las denuncias desde los bancos de la oposición se centraron en que la mayoría de las obras fueron destinadas a parchear el déficit infraestructural generando sólo empleos vinculados al ladrillo .