“Creemos que la ley del aborto se mueve en el límite de la legalidad”

Adela Rey, profesora titular de Derecho Internacional de la Universidade da Coruña, ha participado activamente en la difusión de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Forma parte de un grupo de profesionales de la UDC constituido en torno a José Antonio Seoane, profesor titular de Filosofía del Derecho y experto en bioética, que inoculó en sus compañeros el interés académico por los derechos de la diversidad. Su tesón ha desembocado en la creación de una asignatura conjunta, cursos de doctorado y distintas publicaciones.

Desde el consejo jurídico de Solcom, Adela Rey continúa supervisando el cumplimiento de la Convención en España. El nuevo texto, explica la profesora, "es derecho vigente, y con primacía sobre el derecho interno español, lo que significa que todo aquello que no sea compatible con el contenido de la Convención debe ser modificado". Se ha calculado, indica, que en esta situación se encuentran unas 200 leyes internas que contienen disposiciones contrarias a la Convención y de cuya adaptación el Gobierno español tendrá que ir rindiendo cuentas ante el comité de seguimiento internacional.

A falta de una primera valoración del comité sobre la actuación española, Rey Aneiros apunta algunas posiciones polémicas. Es el caso, dice, de la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, recientemente reformada en España. "Hay una parte muy importante de las organizaciones y de los juristas que trabajamos en estos temas que creemos que con esta ley estamos en el límite de la legalidad al prever un plazo específico para el aborto en los casos en los que en el feto se detecte algún tipo de discapacidad", apunta Rey. El diseño de condiciones diferenciadas para evitar la diversidad funcional, señala, "va en contra del nuevo paradigma que establece la Convención de aceptar a las personas con discapacidad como una riqueza del género humano, y no como un problema".

España, apunta, ratificó muy rápido el texto, pero la filosofía de fondo no acaba de calar. Desde el consejo jurídico de Solcom, Adela Rey y otros profesionales del derecho están trabajando ya en la redacción de recursos contra varias normas autonómicas y estatales que no se ajustan al mandato de la ONU. El nuevo paradigma, advierte, debe penetrar también en el legislador y el Ministerio Fiscal.

Actuaciones de oficio. "Ahora mismo -indica Rey- buena parte de los derechos humanos de las personas con discapacidad que se ven violados están siendo recurridos por personas que tienen medios para hacerlo o con posibilidades para acercarse a una asociación que les apoye. Lo ideal en cambio sería que el Ministerio Fiscal conociese el contenido de la Convención, entendiese la importancia que tiene para las personas con diversidad funcional y actuase de oficio ante los incumplimientos". Más aún, advierte, cuando la mayor parte de los incumplimientos de derechos se producen en el ejercicio de la vida pública, no en la vida íntima de las personas.