La cuenta atrás

A MEDIDA que se acerca la fecha fijada para la consulta ­soberanista de Cataluña, se comprueba la temeridad del intento y su progresiva falta de apoyo en todos los foros, tanto nacionales como internacionales.

Se trata de la crónica de una muerte anunciada. Nace de un fraude histórico consistente en convertir un conflicto sucesorio en una guerra de secesión.

El proyecto independentista se opone a la legalidad y va en ­contra de la corriente de la historia. Es una navegación contra viento y marea que no conduce a puerto alguno y que, en último término, busca el rescate al ­mejor precio posible.

Cuando la normativa legal y constitucional es tan evidente que se prueba por sí misma, tratar de experimentar interpretaciones ad hoc o a favor de obra, es una tarea perfectamente inútil.

Si, como dicen los juristas clásicos, in claris non fit interpretatio, cuando los términos y las expresiones de una norma son claros e inequívocos, sobran las interpretaciones por más sutiles e interesadas que sean.

El independentismo no pretende mayor autogobierno ni mejorar la situación fiscal y financiera. Pretende crear un espacio propio ex novo para un trato igual y bilateral con el Estado español y los demás Estados. Ese voluntarismo y mucho menos ese deseo oportunista no puede prevalecer sobre la objetividad de la ley. Esta, como es sabido, sólo se puede derogar o modificar por otra norma posterior de igual o superior rango y observando el procedimiento previamente establecido para su aprobación y promulgación.

Lo más paradójico, por no decir, lo más obsceno de esa situación es que el liderazgo del separatismo lo ejerza precisamente el presidente de la comunidad que es, según la Constitución a la que rechaza, el máximo representante del Estado en su territorio.

Si nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, ser el representante del Estado y al mismo tiempo rechazar su pertenencia al mismo, es incurrir en una clamorosa contradicción y en la mayor deslealtad institucional que se puede cometer.