El decretazo del IBI supondría casi un millón de euros a la Iglesia en Santiago
Últimos trámites del Gobierno de Pedro Sánchez para cobrar al Arzobispado por los edificios que no destina al culto // La institución se rige por la norma para entidades sin ánimo de lucro
La vieja polémica por el cobro del IBI a la Iglesia vuelve a estar abierta. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó ayer que la Iglesia "está en la mejor disposición" para abordar la revisión de su régimen fiscal, igual que se ha hecho en Italia o Francia.
En la primera comparecencia de Calvo en el Congreso en esta nueva legislatura, que hace a petición propia y de cuatro grupos parlamentarios, la vicepresidenta ha dado cuenta también de la reunión que mantuvo hace un mes con el nuevo nuncio del Vaticano, insistiendo en que las relaciones del Ejecutivo con la Santa Sede son "excelentes".
En el caso de Santiago, no existen cálculos sobre lo que podría suponer económicamente la percepción de estos tributos, aunque las estimaciones señalan que podría oscilar entre los 800.000 y el millón de euros anuales, dado el importante número de propiedades que la Iglesia posee en la ciudad, especialmente en el casco histórico, aunque también en muchos otros puntos del municipio.
Cabe señalar que de esta tributación están exentos los lugares de culto, así como los destinados a educación, algo que también se aplica a instituciones públicas como la Universidade de Santiago.
También estarían incluidos en este apartado los seminarios, que no dejan de ser una instalación docente, y los conventos en los que residen comunidades religiosas. Asimismo, también estarían los inmuebles que acogen a organizaciones religiosas que se dedican a actividades asistenciales y de caridad, al igual que las destinadas a la atención a los peregrinos.
Todas ellas se rigen por el régimen fiscal establecido en el año 2002 para las entidades sin ánimo de lucro, y del que solo estarían excluidos los inmuebles que se destinan a alguna actividad económica, como hoteles o locales de venta al público.
"Este Gobierno no va a requerir de otra cosa que lo previsto en nuestros acuerdos y se hace en otros países", afirmó la vicepresidenta primera.
Los acuerdos en esta materia con el Vaticano se remontan a 1953, pero fueron revisados en 1979, una vez que ya se había aprobado la Constitución, y aunque desde entonces se produjeron varios anuncios de que se iba a revisar el llamado Concordato, aunque realmente ya no lo es, nunca se llevaron a cabo, y quedaron únicamente en una mera declaración de intenciones.
Exenciones. Además de estas exenciones fiscales como entidad sin ánimo de lucro, los acuerdos con el Vaticano también establecen otro tipo de medidas, que van desde la financiación de las actividades eclesiales a la de las clases de religión, así como el establecimiento de una asignación tributaria más allá de la cantidad aportada voluntariamente por los contribuyentes a través de la famosa casilla, cuyo porcentaje también ha variado con los años.
Por último, en cuanto al tema de las llamadas inmatriculaciones de bienes, el Gobierno destaca que se centrarán en averiguar si en el listado figuran algunas propiedades que son de titularidad pública para proceder a recuperarlas.
Carmen Calvo señaló que esperarán para negociar al próximo mes de marzo, cuando está previsto que la Conferencia Episcopal renueve sus cargos.
La vicepresidenta también aludió ayer a la revisión de los bienes inmatriculados por la jerarquía eclesiástica en toda España. Según explicó, están revisando esta relación, y "la iglesia está conforme" con que se lleve a cabo este control. La idea del Gobierno, al parecer, es recuperar para la titularidad pública algunas de estas propiedades.
Se calcula que en las últimas dos décadas la iglesia en España ha puesto a su nombre a través del sistema de inmatriculación más de 30.000 propiedades, en las que además de edificios religiosos y anejos, también figuran tierras u otros bienes.