Santiago
+15° C
Actualizado
miércoles, 22 septiembre 2021
02:21
h
aulas

Las dudas de legalidad planean sobre las ideas de Feijóo para el gallego

Educación preguntará en la matrícula a los padres qué lengua prefieren ·· La ley no contempla el derecho a elegir y exige potenciar el gallego en la escuela, apunta el juez Villares

La consulta a los padres para que elijan en qué lengua quieren que estudien sus hijos y la puerta abierta a la segregación le ha reportado a la Xunta críticas de profesores, padres y pedagogos. Pero éstas no son las únicas trabas que podría encontrarse en su reforma lingüística en la educación, que Alberto Núñez Feijóo volvió ayer a justificar apuntando que el actual decreto impone el gallego. La Justicia también podría frenar sus intenciones.

El presidente de la Xunta confirmó ayer que la anunciada consulta se realizará en breve, con la matrícula para el próximo curso escolar, apelando a la liberdad de los padres. Como recuerda la página web de Galicia Bilingüe en su inicio, con un corte de voz del propio Feijóo, este se comprometió a organizar una encuesta "que va a vincular" a su Gobierno, y en la que las familias dirán en qué lengua quieren que sus hijos cursen las materias troncales, a las que se refiere como "las importantes".

Doctrina del Constitucional

Luís Villares, juez y coautor de Estatuto xurídico da lingua galega, cuestiona desde diferentes puntos los planes de la Xunta. En 1994 el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la ley de normalización lingüística de Cataluña y dejó claro -resalta- que los padres no tienen derecho a elegir la lengua de la enseñanza.

"Esa facultade correspóndelle só ao poder público. O feito de que quixese descargar nos pais a responsabilidade de determinar cal é a lingua vehicular do ensino sería unha abdicación dunha función que lle corresponde legal e constitucionalmente, e xa que logo, sería ilexítimo", dice.

El juez es crítico además con el modo en que se está empleando el término libertad en todo este asunto. "Para que haxa liberdade de escolla ten que haber igualdade de condicións das linguas, e esa non é a situación que temos hoxe. E o que ten que facer a escola é precisamente prepararte para poder escoller".

Ese papel le exige al Gobierno una protección especial al gallego, añade. Es así porque tiene la obligación de fomentar la lengua que está en condiciones sociolingüísticas desfavorables, tal y como contempla la Lei de Normalización Lingüística (1983), que es en sí una asunción del poder legislativo de que el gallego está en desventaja.

La obligación también residiría en el artículo 9.2 de la Carta Magna, que le obliga a promover las condiciones para que "la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos" sean reales.

Más del 50%, lícito

Por eso -valora- la posibilidad de que más del 50% del currículo se imparta en gallego que recoge el decreto del bipartito es lícita, de acuerdo con el principio de la discriminación positiva para alcanzar la igualdad efectiva: "Para interpretar correctamente a lei temos que ter en conta os datos sociolingüísticos, que revelan unha perda progresiva de falantes e un ámbito raquítico no que o galego está normalizado. Todo o entramado social e desgaleguizador, e a única maneira que ten o poder público de neutralizalo é garantindo que no ensino se adquira unha maior competencia en galego".

El Tribunal Constitucional determinó además en los 80 que las leyes de normalización deben ser de aplicación gradual y progresiva. "E iso obriga a que se vaia de menos a máis, e cun horizonte definido, nunca unha política de normalización regresiva", recalca el experto.

Hacer lo contrario, como parece ahora pretender la Xunta de Galicia, iría en contra "da letra e o espírito" de la Lei de Normalización, pero también de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, un tratado internacional que España debe cumplir, y que reza que la enseñanza se vehiculizará en la lengua minorizada.

icasal@elcorreogallego.es

COHESIÓN SOCIAL

La ley del 83 prohíbe la segregación

"Os alumnos non poderán ser separados en centros diferentes por razón da lingua. Tamén se evitará, a non ser con carácter excepcional se as necesidades pedagóxicas así o aconsellaren, a separación en aulas diferentes". Este es el artículo 13 de la Lei de Normalización Lingüística aprobada en 1983, cuando Gerardo Fernández Albor era presidente de la Xunta. Veintiséis años después, el conselleiro de Educación no descarta, sin embargo, optar por un modelo que separe al alumnado según la lengua que elija su familia.

Jesús Vázquez matizó que todo dependerá de lo que la ley y los recursos económicos permitan, pero no aclaró su interpretación al respecto de esta norma, que para el juez Luís Villares no deja lugar a dudas de que es una opción inviable.

Normalizar para todos

El cuestionamiento de la segregación no solo estaría en el artículo de una ley que el conselleiro tampoco descarta reformar. El riesgo de fractura social también pesa en la interpretación jurídica.

"As políticas de normalización lingüística teñen unha característica concreta que non hai nas medidas de discriminación positiva para determinados individuos en condicións de inferioridade: van dirixidas a toda a sociedade, non a unha parte dela, este é un elemento clave. Os destinatarios somos todos, para crear cohesión social. Coa segregación normalizaríase o que queira. Habería outro grupo nunha segunda velocidade en competencia lingüística, e crearíanse guetos", concluye el juez .

22 may 2009 / 00:50
  • Ver comentarios
Noticia marcada para leer más tarde en Tu Correo Gallego
Tema marcado como favorito